La Sala Ernest Lluch del Congreso acogió esta semana en Madrid la Conferencia Más Allá del Crecimiento, una jornada que reunió a responsables públicos, académicas y colectivos sociales con un propósito directo y fácilmente entendible: dejar atrás la idea de que la economía debe aumentar sin fin y colocar el bienestar de las personas y de la naturaleza como criterio principal. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, inauguró un encuentro donde participaron, entre otras voces, el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Olivier De Schutter, y especialistas como Jason Hickel, Carmen Mandorrán y Margarita Mediavilla.
El debate no fue académico ni enrevesado. La pregunta guía fue sencilla: ¿cómo garantizamos vidas dignas sin agotar el planeta? La respuesta, compartida por las organizaciones convocantes, tomó forma en una declaración conjunta que propone una transición planificada y democrática hacia un modelo económico que mida el progreso por la salud, la vivienda, los cuidados, el tiempo y la calidad de los ecosistemas, y no solo por el tamaño del PIB.
Un pacto postcrecimiento explicado en palabras llanas
La declaración —bajo la idea fuerza “decrecimiento para el bienestar”— parte de un diagnóstico claro: si la economía se expande ignorando los límites físicos del planeta, los problemas se agravan (clima, pérdida de biodiversidad, desigualdad) y la riqueza se concentra. Por eso, propone un “pacto postcrecimiento” que priorice lo esencial: techo, energía asequible y limpia, agua bajo control público-comunitario, transporte público fiable, alimentación saludable y educación y sanidad universales. No se trata de “parar en seco” la economía, sino de reducir lo que hace daño y reforzar lo que cuida la vida.
La agenda se concreta en 12 grandes líneas de actuación. Entre las más comprensibles para el día a día: topar y bajar alquileres mientras se rehabilitan viviendas para reducir facturas energéticas; impulsar redes de cuidados que descarguen a las familias; una reforma fiscal que pida más a quienes más tienen y contamina; y dejar de subvencionar actividades destructivas. También propone decrecer el turismo donde desborda barrios y ecosistemas, apostar por la agroecología y acercar la producción de alimentos a los territorios, y medir el progreso con indicadores “más allá del PIB”.
Qué cambia en la práctica
El enfoque práctico pasa por tres movimientos muy concretos:
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Priorizar necesidades básicas. Vivienda, salud, cuidados, educación, movilidad y energía se entienden como derechos, no como productos que dependen de la capacidad de pago. Esto incluye rehabilitar casas para acabar con la pobreza energética, mejorar el transporte público (urbano y rural) y garantizar agua con gestión transparente.
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Quitar incentivos a lo que daña y reforzar lo que cuida. Se propone eliminar subvenciones a combustibles fósiles y a industrias de alto impacto, y dirigir el crédito y la inversión hacia proyectos con beneficios sociales y ambientales reales, con control democrático.
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Democracia para decidir el rumbo. Asambleas ciudadanas permanentes, mecanismos deliberativos y transparencia para que la planificación a largo plazo no quede en manos de lobbies. La ciudadanía informada, junto a la ciencia y los actores sociales, define prioridades y verifica resultados.
Un movimiento que cruza fronteras
La cita de Madrid da continuidad a la serie de encuentros “Beyond Growth” iniciada en el Parlamento Europeo en 2023 y replicada en distintos países. El objetivo común es abrir un debate social amplio: repensar qué entendemos por progreso y pactar, con reglas claras, una prosperidad compartida dentro de los límites ecológicos. En este camino, las entidades organizadoras han anunciado la celebración de un Foro Social en la primera mitad de 2026 para concretar y coordinar medidas.
Medidas con impacto en el bolsillo y en el barrio
Para aterrizarlo en la vida cotidiana, la declaración subraya ejemplos muy directos: frenar los pisos turísticos donde expulsan a vecinos; promover comunidades energéticas que bajen la factura de la luz; facilitar el acceso a alimentos de proximidad y de temporada; y alargar la vida útil de los productos con diseño reparable y fin de la obsolescencia. En el frente digital, pide reducir el consumo de agua y energía de los centros de datos, proteger derechos y apostar por software libre en la administración para ahorrar costes y ganar autonomía.
Los impulsores del texto insisten en que la transición debe empezar por los sectores más dañinos y por los territorios y grupos más privilegiados, con alternativas laborales y formación para que nadie quede atrás. Reclaman, además, proteger los derechos de las generaciones futuras y reconocer jurídicamente el valor de la naturaleza, siguiendo precedentes ya en marcha.
Al cierre de la jornada, las portavocías animaron a adherirse a la declaración y a participar en los próximos pasos. El mensaje, en suma, fue nítido: más que una consigna, el postcrecimiento es un plan práctico para vivir mejor con menos despilfarro y más seguridad vital. Cambiar el qué y el para qué de la economía no es una renuncia, concluyeron, sino la condición para un futuro habitable y más justo.