Diario Sabemos lleva años cubriendo la información sobre el IRPH, tanto la oficial como la que en otros lugares se dejaba pasar, medios que ahora sí están pendientes de la decisión del Tribunal Supremo por la trascendencia que tendrá esa sentencia, una trascendencia que aquí llevamos años advirtiendo, siempre en defensa de los afectados por este índice abusivo y vendido con falta de transparencia, tal y como muestran los testimonios y, sobre todo, documentación publicada en exclusiva en estas páginas.
Esta semana Diario Sabemos publicó también en exclusiva un nuevo escándalo protagonizado por la Audiencia Provincial de Barcelona. En concreto, el pasado tres de noviembre la Sección 14 de la Audiencia de Barcelona comunicó una providencia en la que desestima el incidente de nulidad. Firma esta resolución una sola magistrada, Elena Boet Serra, quien afirma que la resolución dictada no ha vulnerado el Derecho de la Unión Europea y, por añadidura, sostiene que el control de la contratación del IRPH se ha hecho “con fundamento en la jurisprudencia del TJUE y, en particular, la STJUE 12.12.2024”.
Las actuaciones en relación al IRPH por parte de diferentes secciones de la Audiencia de Barcelona siempre ha estado en tela de juicio por su posicionamiento claro en favor de los intereses de la banca. No hay más que recordar lo que sucedió tras la primera sentencia del TJUE de 2020 cuando, tras la pandemia, el juez Fernández Seijo, en un Webinar organizado por una entidad bancaria y en la que participaron abogados de un famoso despacho que cuenta entre sus clientes los grandes bancos, señaló entre otras cosas que una falta de transparencia no haría automáticamente abusiva la cláusula, sino que habría que entrar entonces a valorar el contenido. Esta valoración, imparcial según el CGPJ, choca con la que dio el exmagistrado del Tribunal Supremo Francisco Javier Orduña: «La falta de transparencia comporta de forma necesaria y directa el juicio de abusividad, no necesita de un posterior juicio de falta de contenido».
Fernández Seijo llegó a decir que si se declarara nula por abusiva la cláusula IRPH procedería integrar dicha cláusula, y que habría que sustituir el IRPH por Euribor pero sumándole el diferencial medio que se estuviera contratando en la fecha de firma del préstamo, para mantener así el equilibrio. Esto es totalmente descabellado, dado que si se encuentra abusiva la cláusula las consecuencias deben ser punitivas para el banco, para que la sentencia tenga un efecto disuasorio.
Este juez, que fue propuesto por el gobierno de coalición progresista para el Consejo General del Poder Judicial, demostró un desconocimiento absoluto de lo que es el IRPH. Debe ser que la Audiencia de Barcelona es como el sacerdocio, imprime carácter.
La publicación por Diario Sabemos de la última decisión de la Audiencia de Barcelona ha derivado en que los afectados, hartos ya de tragar quina, hayan pasado a un ataque frontal. No ha sido contra ninguna entidad bancaria, ni siquiera contra los jueces de la Audiencia, sino contra el propio Estado.
En concreto, la denuncia ha sido interpuesta contra el Estado español ante la Comisión Europea. Según ha señalado en la red social X (antes Twitter) Sami Mou, haciendo mención a la noticia de Diario Sabemos, “voy a dar una hoja de ruta para denunciar a esta audiencia provincial y jueza por no cumplir las directrices del TJUE a la Comisión Europea y que sean investigadas. Necesitamos que sean MASIVAS. No vamos a dejar pasar ni una”.
Durante el día voy a dar una hoja de ruta para denunciar a esta audiencia provincial y jueza por no cumplir las directrices del TJUE a la @ComisionEuropea y que sean investigadas.
— Sami Mou 🇪🇸🇱🇧 (@SamiMou_) November 6, 2025
Necesitamos que sean MASIVAS.
No vamos a dejar pasar ni una.#IRPH #IRPHestafa https://t.co/6OuQ8Kt50b
En otro post Sami Mou anuncia que la denuncia ya estaba presentada. “La Comisión Europea ya ha recibido mi denuncia por las infracciones del IRPH en España. Ahora os toca a vosotros. Cada denuncia cuenta. Cada voz suma. Que Europa vea lo que está pasando”. Además, hace mención a un vídeo donde explica a los afectados cómo presentar más denuncias.
En espera de que el Tribunal Supremo haga pública su sentencia, a los afectados se les ha abierto una nueva vía de presión para recuperar lo que les fue arrebatado de manera abusiva y con una falta absoluta de transparencia.