El llamado caso Montoro entra en una nueva fase marcada por revelaciones que amplían el alcance de la investigación judicial y elevan la dimensión económica del asunto. Un informe reciente de la Agencia Tributaria, incorporado al sumario que dirige el juzgado de Tarragona, sostiene que el despacho Equipo Económico —fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro— recibió ingresos por más de 35,5 millones de euros entre 2008 y 2013 mediante miles de operaciones fragmentadas, según ha desvelado la Cadena Ser. La cifra, por sí sola, ya supone un salto cualitativo respecto a lo que hasta ahora se conocía, pero el verdadero alcance del documento está en las preguntas que abre y en las nuevas líneas de investigación que propone.
La arquitectura financiera bajo sospecha
El informe no solo cuantifica movimientos financieros, sino que sugiere que la estructura de pagos habría sido diseñada para dificultar el seguimiento del dinero. La Agencia Tributaria describe un sistema basado en la fragmentación de ingresos, la utilización de múltiples cuentas y la circulación de fondos entre sociedades vinculadas y personas del entorno del despacho. Según los investigadores, esta “mezcolanza de fondos” podría haber servido para diluir el origen real de los pagos y complicar la identificación de los beneficiarios finales.
La investigación apunta a miles de operaciones de pequeño importe que, acumuladas, alcanzan cifras millonarias. La reiteración de cantidades similares y los movimientos entre distintas entidades son interpretados por los peritos como posibles indicios de una estrategia diseñada para separar formalmente el origen del dinero de su destino final.
El papel de las empresas gasísticas
La pieza central del caso sigue siendo la relación entre el despacho y varias empresas gasísticas que, presuntamente, habrían abonado cantidades relevantes para obtener reformas fiscales favorables, especialmente en el ámbito del impuesto especial de la electricidad y del impuesto sobre actividades económicas. Los pagos detectados —cercanos al millón de euros— coinciden, según los investigadores, con hitos clave de la tramitación normativa.
Los peritos señalan que los abonos se habrían producido en momentos estratégicos: reuniones relevantes, avances legislativos y aprobación final de medidas fiscales. Esa sincronía temporal es uno de los elementos que alimenta la hipótesis de que no se trataba únicamente de servicios de asesoría tradicional, sino de una relación más compleja orientada a influir en decisiones administrativas.
Más allá de la asesoría fiscal
Uno de los aspectos más delicados del informe es la valoración del papel real del despacho. Según la Agencia Tributaria, el valor añadido no habría residido en el asesoramiento técnico, sino en su capacidad para conectar con “autoridades implicadas”. Esta afirmación, todavía pendiente de contraste judicial, cambia el enfoque del caso y lo desplaza hacia posibles delitos vinculados al tráfico de influencias o a negociaciones incompatibles con la función pública.
Si esa hipótesis se confirmara, el caso dejaría de ser una mera discusión sobre servicios profesionales y pasaría a representar un ejemplo paradigmático de cómo la cercanía al poder puede convertirse en un activo económico.
Transferencias
La investigación también detecta transferencias dirigidas a personas vinculadas al entorno del despacho, incluidas operaciones destinadas a la esposa del exministro. Aunque la defensa sostiene que se trata de pagos relacionados con servicios concretos y actividades privadas, los investigadores consideran necesario aclarar la naturaleza exacta de esos movimientos y su posible conexión con el resto del entramado financiero.
Además, se recogen pagos y transferencias a otros socios y exsocios, con cuantías que, en algunos casos, llaman la atención por no corresponderse claramente con su participación societaria conocida. Este elemento refuerza la percepción de una distribución de fondos que podría no responder a criterios empresariales convencionales.
Las limitaciones de la investigación
Uno de los puntos clave del informe es la denuncia de obstáculos para avanzar en el análisis. La Agencia Tributaria subraya que no ha podido acceder a todas las cuentas bancarias relevantes, incluidas las de algunos de los principales investigados. Esta falta de información impide cerrar la trazabilidad del dinero y obliga a plantear nuevas diligencias judiciales.
Los peritos insisten en que el análisis actual es parcial y que podrían aparecer datos adicionales si se amplía el acceso a documentación bancaria, movimientos internacionales y productos financieros asociados a los investigados.
Operaciones internacionales y fondos opacos
El documento también menciona transferencias internacionales, cheques de origen desconocido, cajas de seguridad e inversiones financieras cuya titularidad final no se ha podido precisar. Esta dimensión internacional añade complejidad al caso y refuerza la necesidad de cooperación con otros países para seguir el rastro del dinero.
La existencia de operaciones en el extranjero y movimientos repetidos entre cuentas vinculadas sugiere, según los investigadores, un modelo financiero sofisticado que podría haber servido para separar los fondos de su origen inicial y dificultar la identificación de los beneficiarios reales.
El impacto político e institucional
Más allá de la dimensión judicial, las nuevas revelaciones reabren un debate de fondo sobre la relación entre poder político y grandes intereses económicos. El caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre las puertas giratorias y la influencia que determinados actores pueden ejercer sobre decisiones legislativas desde posiciones externas al Gobierno.
Aunque no existen condenas y la investigación continúa abierta, el volumen económico y la complejidad de las operaciones han convertido el caso en un símbolo de los riesgos que plantea la falta de transparencia en la relación entre consultoras, empresas y administración pública.
Un caso abierto y muchas preguntas pendientes
La Agencia Tributaria propone ampliar la investigación para identificar nuevos pagadores y comprender el sentido completo de los 35,5 millones detectados. Si el juez acepta estas peticiones, el procedimiento podría crecer tanto en alcance como en número de personas afectadas.
Por ahora, el caso Montoro se encuentra en una fase en la que las sospechas se apoyan en indicios financieros y patrones de comportamiento, pero donde aún falta determinar responsabilidades penales concretas. Lo que sí parece claro es que las nuevas revelaciones han cambiado el relato: ya no se habla solo de pagos aislados, sino de un posible sistema organizado cuya lógica económica y política todavía está por esclarecer.
El desarrollo de la instrucción marcará si este entramado termina en condenas o si, por el contrario, las incógnitas financieras quedan sin una explicación definitiva. Entretanto, el caso sigue creciendo y dejando una pregunta incómoda sobre la mesa: hasta qué punto el acceso al poder puede convertirse en una moneda de cambio invisible dentro del sistema.