La decisión del Consejo de Ministros de retrasar la entrada en vigor de Verifactu, el nuevo sistema de verificación de facturas, ha desencadenado reacciones opuestas en el mundo del trabajo autónomo: alivio por el respiro temporal, combinada con un profundo malestar ante lo que perciben como una nueva improvisación normativa. El Gobierno ha anunciado que la obligación de aplicar este sistema se retrasa de 2026 a 2027, tanto para empresas sujetas al Impuesto de Sociedades, que tendrán hasta enero, como para pymes y autónomos, que contarán hasta julio.
La medida se presenta como una respuesta a las quejas de organizaciones empresariales, que advertían de los costes económicos y operativos de implantar un sistema informático complejo en pleno contexto de inflación y ralentización económica. Pero para buena parte del sector, el aplazamiento no es una solución, sino el síntoma de un problema mayor: una falta de claridad, planificación y realismo en el diseño de las normas que afectan a millones de trabajadores.
¿Qué es Verifactu y por qué genera tanta polémica?
Verifactu es un software obligatorio —desarrollado y certificado por la Agencia Tributaria— que obliga a que todas las facturas se emitan mediante un sistema digital homologado, con el objetivo de garantizar que los datos no puedan ser alterados y que Hacienda pueda verificar en tiempo real la información.
En términos prácticos, implica que cualquier profesional o empresa deberá usar un programa concreto que registre la factura, impida su manipulación y envíe automáticamente la información fiscal relevante a la administración. No se trata de un cambio en los impuestos, sino en el procedimiento para declarar los ingresos, lo que lleva asociado costes de implantación, compra de software y adaptación interna.
Hasta mediados de noviembre, según estudios sectoriales, solo un 8% de pymes y autónomos había completado la implantación del sistema y apenas un 15% se encontraba en proceso. Es decir, más de tres cuartas partes del tejido empresarial ni siquiera habían comenzado.
La falta de información clara, la complejidad tecnológica y el desconocimiento generalizado han sido factores determinantes. A esto se suma un elemento decisivo: el sistema no corrige el fraude más habitual en determinados sectores, lo que abre un interrogante sobre su utilidad real.
Un sistema diseñado para combatir el fraude… con un alcance limitado
El Gobierno ha defendido Verifactu como una herramienta antifraude. Sin embargo, varios sectores consideran que el sistema —tal y como está planteado— no sirve para atajar las prácticas más problemáticas. Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha sido tajante en su valoración:
“El Verifactu no va a ser capaz de luchar contra un fraude que se produce cuando simplemente no se emite factura. Si no hay factura, el sistema no tiene sentido”.
Para Abad, el problema no es la digitalización, sino la brecha entre el diseño teórico y la realidad del día a día en aquellos ámbitos donde la economía sumergida opera sin documentación. Desde su punto de vista, el Gobierno ha vendido el proyecto como una solución integral cuando, en la práctica, solo controla operaciones declaradas.
Alivio y crítica: las voces de los autónomos
El anuncio del retraso ha sido recibido con alivio por una parte del colectivo, que lleva meses denunciando la “explosión” normativa que ha vivido el sector. Lorenzo Amor, presidente de ATA, celebraba la noticia de forma explícita:
“Por fin llega el sentido común que reclamábamos. Se aplaza un año la entrada en vigor de Verifactu. Un alivio para los autónomos ante la marea de cargas y trámites que sufrimos”.
Por fin llega el sentido común que reclamábamos!!!
— Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) December 2, 2025
Se aplaza un año la entrada en vigor de VeriFactu
Un alivio para los autónomos ante la marea de cargas y trámites que sufrimos
Lo pedí el 31 de octubre
Era un despropósito poner en marcha esto de esta forma..
De momento,un… pic.twitter.com/B0MwPIH98l
Su crítica, sin embargo, no es al objetivo del sistema, sino a los plazos, al diseño y al modo de implantación:
“Era un despropósito poner en marcha esto de esta forma”.
La posición de Amor refleja un diagnóstico compartido: no se cuestiona la digitalización, sino el modo precipitado y desconectado de la realidad empresarial en el que se ha pretendido imponer.
“Idas y venidas” que minan la confianza
Para Eduardo Abad, el problema es más profundo que un calendario mal diseñado.
“Es un auténtico despropósito por parte del gobierno estar continuamente planteando temas y luego dar marcha atrás. Esto lo único que genera es desconfianza”.
La queja es clara: las rectificaciones constantes hacen que empresas y autónomos vivan en incertidumbre regulatoria. Abad recuerda que ya ocurrió con la reforma del sistema de cotizaciones, y denuncia la sensación de que “nadie está al volante”.
Este “vaivén” es, posiblemente, el elemento más criticado. No solo afecta a la planificación interna de negocios, sino también a la percepción de las normas como procesos transitables y estables.
¿De verdad beneficia a los autónomos?
Aunque el sistema genera rechazo, varios expertos señalan que podría tener efectos positivos si se implementara con acompañamiento real. La digitalización reduce errores, automatiza procesos, evita pérdidas de documentos y puede acelerar pagos.
Algunos analistas sostienen que la resistencia no proviene del sistema en sí, sino del modelo de implantación sin pedagogía, que deja al empresario pequeño solo ante un proceso tecnológico complejo y caro.
Como explicaba recientemente un especialista fiscal:
“Verifactu permitirá a Hacienda conocer todos los ingresos, pero no cambia la fiscalidad. El beneficio para los negocios está en profesionalizar su gestión”.
Pero para que eso sea percibido como una ventaja y no como una imposición, el sistema necesitaría apoyo técnico, subvenciones y una transición gradual.
Lo que queda pendiente
La prórroga da tiempo, pero no resuelve los problemas de fondo. El Gobierno debe definir:
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cómo financiar la implantación
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qué herramientas ofrecerá para facilitar la transición
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cómo explicará el sistema a quienes no hablan “lenguaje tecnológico”
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y si el modelo cambiará para atacar la economía sumergida real
Si el aplazamiento se convierte solo en una pausa sin cambios, la frustración crecerá.
Entre la digitalización necesaria y el caos normativo
El retraso de Verifactu evidencia una contradicción: España necesita modernizar su sistema de facturación, pero el ritmo y las formas importan. Para millones de negocios pequeños, digitalizar sin apoyo supone un desgarro económico y operativo, no un avance.
El anuncio, lejos de despejar dudas, plantea una pregunta que resume el malestar general:
¿Se está gobernando la transformación digital o simplemente reaccionando sobre la marcha?
De momento, el sector descansa un año más. Pero lo hace con la sombra de que la próxima decisión llegue, otra vez, sin aviso, sin consenso y sin un plan claro.