El Ejecutivo entra en la fase final para fijar el techo de gasto de 2026. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que el texto se presentará “en unos días”, y en la Moncloa apuntan a una aprobación “muy pronto” en Consejo de Ministros. Ese paso abre la puerta al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, con la vista puesta en que sean los primeros de la legislatura.
La aritmética parlamentaria vuelve a ser determinante. Los siete escaños de Junts per Catalunya pueden inclinar la balanza. Desde Presidencia recuerdan que “siempre hay margen” para pactar y subrayan que el Gobierno ha sacado adelante la gran mayoría de votaciones en esta legislatura gracias a una estrategia de diálogo constante.
Y la “senda de estabilidad”: es el plan con los objetivos de déficit y deuda que acompaña a ese límite y que el Parlamento debe avalar.
Prioridades: servicios públicos, vivienda y transición verde
Hacienda quiere que el nuevo límite de gasto permita reforzar los servicios públicos esenciales —sanidad, educación y atención social— con el objetivo de hacerlos más eficaces y cercanos. El plan incluye impulsar empleo de calidad en sectores de alto valor añadido, acelerar la vivienda asequible —una de las principales preocupaciones, especialmente entre la juventud— y avanzar en sostenibilidad: descarbonización, energías renovables, movilidad menos contaminante y digitalización.
El Gobierno también mantiene sobre la mesa la condonación parcial de deuda de las comunidades autónomas y una propuesta de reforma del modelo de financiación regional con el compromiso de no favorecer a unos territorios frente a otros. El mensaje es doble: contener la deuda a medio plazo y proteger el Estado del bienestar en el corto.
Un recordatorio necesario
En 2025 el límite de gasto creció en términos nominales, pero su peso sobre el PIB aún quedó por debajo de los máximos alcanzados tras la Gran Recesión. Las fuerzas de la izquierda social insisten en que las cuentas de 2026 deben consolidar un “escudo” que priorice derechos sociales frente a otros capítulos, como el militar, y que responda a las urgencias de la mayoría social.
Negociación política y calendario ajustado
El calendario aprieta. Si no hay acuerdo parlamentario, el país llegaría a enero con otra prórroga automática de los Presupuestos de 2023. El Ministerio de Economía intenta restar dramatismo —la prioridad es lograr la mayoría, aunque sea “un día antes o un día después”—, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal recuerda que encadenar prórrogas reduce la transparencia y debilita la rendición de cuentas.
Para evitarlo, el Gobierno confía en un entendimiento con sus socios. No será sencillo. La relación con Junts ha alternado etapas de mayor y menor sintonía, pero ambas partes mantienen abierto el canal de conversaciones. En paralelo, el PSOE ha recuperado interlocuciones políticas de alto nivel para allanar el terreno. El objetivo: validar la senda fiscal en el Congreso y, acto seguido, llevar el proyecto de Presupuestos —el llamado “Libro Amarillo”— a las Cortes.
Qué cambia para la gente
Más allá de las siglas, lo relevante para la ciudadanía es el impacto concreto de las cuentas. Un techo de gasto algo más alto, junto con ingresos estables, permitiría:
- Reforzar plantillas y tiempos de espera en sanidad y cuidados;
- Ampliar plazas educativas y becas;
- Destinar más recursos a vivienda asequible (promoción pública y ayudas al alquiler);
- Acelerar inversiones en transporte público y energías limpias que reduzcan costes a medio plazo.
Si el Parlamento rechaza la senda o el techo de gasto, el Gobierno tendría menos margen para iniciar nuevas políticas y se mantendrían las cifras prorrogadas, lo que limita la capacidad de respuesta ante problemas urgentes.
La clave: combinar ambición social y credibilidad fiscal
El Ejecutivo defiende un equilibrio: proteger el gasto social y la inversión que impulsa el crecimiento, a la vez que se mantiene una trayectoria de déficit y deuda compatible con las reglas europeas. Ese “punto de encuentro” será el núcleo de la negociación con los grupos que hicieron posible la investidura.
Con la legislatura en su ecuador, el desenlace de las próximas semanas marcará el tono político hasta 2027. Si hay acuerdo, el Gobierno exhibirá estabilidad y capacidad de pacto; si no lo hay, volverá el debate sobre la gobernabilidad. En cualquier caso, el techo de gasto de 2026 es algo más que una cifra: es la señal de hacia dónde quiere dirigir el país el próximo año.