La entrevista de Antonio Garamendi en Espejo Público no fue una exposición de hechos, sino una estrategia discursiva cuidadosamente medida para reforzar una idea: que el Gobierno legisla sin diálogo, que los empresarios son víctimas de una persecución y que el Estado se está “apropiando” del dinero de los trabajadores. Pero el contraste con los datos públicos desmiente buena parte de esas afirmaciones.
El mito del diálogo roto
El presidente de la CEOE se presentó como un defensor del diálogo social, pero obvió un detalle fundamental: en los últimos años, la patronal se ha levantado de casi todas las mesas de negociación relevantes. Lo hizo con la reducción de jornada, con el aumento del salario mínimo y con las reformas que afectan a la conciliación laboral.
El Ministerio de Trabajo ha acreditado que en cada proceso se enviaron borradores y propuestas con semanas de antelación. Y aunque Garamendi insiste en que “no se les escuchó”, la CEOE no presentó una alternativa coherente para la jornada de 37,5 horas, más allá de oponerse frontalmente.
Además, la propia patronal firmó en 2023 con los sindicatos un acuerdo de subidas salariales del 10% en tres años, lo que desmiente su argumento de que el Gobierno impone medidas “sin contar con nadie”. El diálogo social existe, pero Garamendi solo lo reivindica cuando le da la razón.
Las medias verdades sobre la fiscalidad y los salarios
Garamendi volvió a insistir en que el Estado “se queda” con una parte del salario de los trabajadores, como si los impuestos y cotizaciones no fueran la base del sistema público de pensiones, sanidad o educación.
Ese argumento, repetido con insistencia en entornos empresariales conservadores, omite que España está siete puntos por debajo de la media de la UE en presión fiscal sobre el PIB, según Eurostat. También oculta que las cotizaciones empresariales son inferiores a las de países con economías más productivas, como Francia o Alemania.
Cuando Garamendi dice que los trabajadores “no ven todo lo que ganan”, lo que hace es alimentar un discurso antipúblico, como si los impuestos fueran un robo y no el precio de los servicios comunes que permiten funcionar al propio mercado.
Tampoco mencionó que las empresas españolas baten beneficios año tras año: el Banco de España y la CNMV constatan que los márgenes empresariales superan el 12%, mientras los salarios reales apenas recuperan el nivel previo a la pandemia.
Absentismo: la manipulación de las cifras
Otro punto de fricción fue su afirmación sobre el “absentismo profesional”. Según Garamendi, más de un millón y medio de personas “no van a trabajar todos los días”, lo que costaría 32.000 millones de euros. Pero el dato es engañoso: procede de un informe de la patronal de mutuas, que incluye todas las bajas médicas y permisos legales, no solo las ausencias injustificadas.
La gran mayoría de esos casos son bajas por enfermedad común o por salud mental, que se dispararon tras la pandemia. El Ministerio de Inclusión y las propias mutuas reconocen que los procesos más largos se deben a la saturación de la atención primaria, no a la picaresca.
Hablar de “absentismo profesional” sin pruebas convierte un problema sanitario y organizativo en una sospecha moral sobre los trabajadores. No hay evidencia estadística de que el fraude haya crecido, pero sí de que la precariedad y la sobrecarga laboral disparan las bajas.
La falacia de la “inseguridad jurídica”
Garamendi denunció una supuesta “inseguridad jurídica” por el uso de reales decretos. Sin embargo, el recurso al decreto ley es una práctica habitual en gobiernos de todos los colores, y además la mayoría de esos textos acaban convalidándose en el Congreso.
El presidente de la patronal confunde intencionadamente el procedimiento legislativo con una usurpación del poder. Lo hace para sostener la idea de que el Gobierno gobierna “a golpe de imposición”, cuando lo cierto es que la Constitución lo permite expresamente para casos de urgencia y luego exige su control parlamentario.
Hablar de “regímenes autoritarios” por una medida fiscal o laboral es una hipérbole impropia de quien presume de sentido institucional.
El relato del empresario acosado
El tono victimista recorrió toda la entrevista. Garamendi afirmó que se le insulta, que se le llama “machista” o que se le ataca por trabajar poco.
Tampoco reconoció que su propio discurso —minimizando el esfuerzo de reducción de jornada, rechazando subidas del SMI o cuestionando el control horario— alimenta la imagen de una patronal desconectada de la realidad laboral del país. Su comparación entre las declaraciones de la vicepresidenta Díaz y “las formas anteriores a la caída del Muro de Berlín” fue una exageración innecesaria, impropia de quien representa a miles de empresas que dependen de la estabilidad democrática y del diálogo institucional.
Presupuestos y responsabilidad política
En otro momento, Garamendi dijo que “si un directivo no presenta sus presupuestos se va a la calle”, acusando al Gobierno de incumplir la Constitución. La frase suena bien en un titular, pero no resiste el análisis: la Carta Magna obliga a presentar las cuentas, pero no establece sanción automática.
Además, varios gobiernos anteriores —también del PP— prorrogaron Presupuestos sin que nadie cuestionara su legitimidad. Lo que preocupa no es solo la demora, sino la falta de propuestas de la propia patronal sobre cómo equilibrar gasto y deuda sin recortar servicios esenciales.
Inmigración: contradicción de fondo
En el tramo final, Garamendi reconoció que España necesita inmigración para cubrir vacantes, pero no mencionó que muchas de esas vacantes ofrecen salarios precarios o condiciones abusivas. La escasez de mano de obra no se resuelve con discursos de apertura, sino con mejoras laborales que hagan atractivos los sectores deficitarios.
Es la propia CEOE la que, en múltiples ocasiones, se ha opuesto a convenios más exigentes en construcción, agricultura o cuidados, los mismos sectores que ahora dicen “no encontrar trabajadores”.
Una patronal sin autocrítica
En definitiva, el discurso de Garamendi combina medias verdades, datos incompletos y victimismo institucional. Habla de diálogo mientras bloquea acuerdos; denuncia impuestos mientras las grandes empresas pagan tipos efectivos inferiores al 20%; alerta del absentismo mientras la temporalidad y los riesgos psicosociales aumentan.
Su posición refleja una estrategia clara: presentarse como garante de la “moderación” mientras alimenta la confrontación con el Gobierno. Pero la economía real —la de las familias, las pymes y los trabajadores— necesita menos ruido y más coherencia.
España no se paraliza por falta de leyes ni por exceso de impuestos. Se paraliza cuando quienes más tienen confunden su poder con la verdad y convierten el debate público en un escaparate de agravios.
Lo que sí está en juego (y cómo medirlo)
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Reducción de jornada con productividad. Si la meta es 37,5 horas, el éxito se medirá en tres indicadores: i) absentismo (días por trabajador y causas), ii) productividad por hora trabajada y iii) coste laboral unitario. Hace falta acompañamiento: formación, digitalización de procesos, flexibilidad pactada y mejor organización del tiempo (turnos, descansos y conciliación). La experiencia internacional sugiere que las rebajas funcionan cuando se ligan a rediseño del trabajo, no cuando solo se «recorta reloj».
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Bajas médicas más rápidas y justas. El cuello de botella principal está en salud mental y procesos musculoesqueléticos. Soluciones: circuitos rápidos de diagnóstico, rehabilitación temprana, telemedicina allí donde sea clínicamente adecuado y control transparente (estadística pública desagregada por causas, duración y territorio). La «tolerancia cero» con el fraude debe coexistir con la tolerancia plena con la enfermedad.
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Paquete fiscal anti-inflación salarial. Deflactar tramos del IRPF donde corresponda, elevar mínimos personales y familiares y revisar cotizaciones de salarios bajos para que las subidas pactadas no vuelvan al Estado por la puerta de atrás. Cualquier alivio debe venir con una memoria económica clara: cuánto cuesta y cómo se financia sin endeudarse más.
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Presupuestos y reformas. Sin cuentas aprobadas a tiempo, se bloquean incentivos a la contratación, la política industrial y la ejecución de fondos. Los Presupuestos son un contrato anual con la ciudadanía; su retraso erosiona la confianza exterior tanto como cualquier bronca parlamentaria.
En medio del ruido, hay un punto de fondo: España necesita un pacto de normalidad. No es un slogan; es una hoja de ruta de mínimos entre Gobierno, sindicatos y patronal que ponga fechas, indicadores y evaluaciones públicas cada seis meses. Ahí encajan la jornada, el SMI, la negociación colectiva, la salud laboral, la fiscalidad del trabajo, la simplificación regulatoria para pymes y la estabilidad presupuestaria.