Desde que Bruselas presentó en julio el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, quedó despejado el mensaje, aunque envuelto en el lenguaje técnico habitual: la agricultura y la pesca dejan de ocupar el centro de la política europea. La Comisión argumenta que es necesario reforzar la defensa y acelerar la autonomía estratégica. Lo que no dice es que ese giro coincide con un deterioro sostenido de sectores que, en comuniades como Galicia, aún sostienen empleo, población y vínculos culturales que no encajan en la lógica de grandes programas industriales.
La reducción del 67% en los fondos para pesca y acuicultura y el recorte superior al 20% en la PAC no son cifras abstractas. Para el rural gallego significan la pérdida de los instrumentos que amortiguan la volatilidad climática y del mercado, dos factores que se han vuelto más severos en los últimos años. Bruselas insiste en que el objetivo es simplificar. Sin embargo, en los sectores afectados la lectura es muy distinta: la reforma perfila un escenario en el que las pequeñas explotaciones pierden terreno frente a estructuras con músculo financiero y capacidad de adaptación.
La pesca gallega afronta un desafío inmediato: la desaparición del Fempa, el fondo que ha permitido cerrar bancos marisqueros cuando las rías sufrían episodios extremos —riadas, proliferaciones tóxicas, impactos climáticos— sin condenar a la ruina a centenares de familias. Sin ese soporte, la pesca artesanal queda expuesta a interrupciones que el sector no puede absorber.
El temor lo comparten cofradías de toda la costa. Las rías muestran una productividad cada vez más irregular y, sin un fondo específico, el margen de resistencia se estrecha. En el sector agrario, la integración de la PAC con los fondos de cohesión y las ayudas pesqueras plantea otra dificultad: el modelo minifundista gallego no encaja en diseños uniformes, concebidos para territorios muy distintos. La desaparición del Feader como fondo independiente elimina cerca de 80 millones de euros anuales que sostenían actuaciones básicas: movilidad de tierras, modernización de explotaciones o servicios que permiten fijar población.
Las cooperativas agrarias han levantado la voz: la incertidumbre frena inversiones y complica el relevo generacional. Y lo que para un gran operador europeo es un contratiempo administrativo, para una cooperativa local puede ser la diferencia entre continuidad o cierre. Desde el sindicalismo agrario subrayan otro punto ciego de la reforma: el énfasis en la digitalización y la automatización, presentado como modernización, no responde a la realidad de las pequeñas explotaciones, que afrontan ese requisito como una barrera y no como una oportunidad. El riesgo es evidente: convertir al agricultor en ejecutor de un modelo industrial donde su capacidad de decisión es mínima.
Una política verde más débil
El análisis del Iddri, uno de los pocos centros independientes que ha estudiado la propuesta en detalle, apunta a una debilidad clara de la arquitectura ecológica. Sin un porcentaje mínimo obligatorio dedicado a prácticas sostenibles —el 25% de los pagos directos en el modelo actual—, y con una mayor carga de cofinanciación nacional, los Estados podrán reducir esas ayudas sin explicaciones complejas.
La reforma mantiene además los problemas de medición: abundan los indicadores que evalúan procesos, pero no garantizan resultados ambientales verificables. En un momento en que el cambio climático afecta de lleno a los sistemas agrarios y pesqueros, esa fragilidad parece difícil de justificar. Otro punto que preocupa en Galicia es la flexibilización de la condicionalidad ambiental. Desaparecen exigencias relacionadas con el bienestar animal, el mantenimiento del suelo o el uso del agua, justo cuando esos parámetros marcan la diferencia entre un modelo sostenible y uno depredador.
La UE argumenta que se adapta a un mundo más inestable y que necesita más inversión militar. Pero la consecuencia —no explicitada— es que el sector primario deja de ser una prioridad estratégica, algo inédito desde los orígenes del proyecto europeo. La agricultura y la pesca no eran solo actividades económicas: eran pilares de cohesión territorial y social.
El proceso de negociación será largo. España y otros países ya han mostrado su rechazo a los recortes. Pero la dirección marcada por Bruselas —más defensa, más industria, menos apoyo estructural al rural— difícilmente cambiará de forma sustancial.
Para Galicia, el debate no es teórico. Si el ajuste presupuestario se consolida, el rural se enfrentará a un modelo en el que las pequeñas explotaciones pierden peso y capacidad de supervivencia. Y eso afecta mucho más que a un sector: afecta a la continuidad de un territorio que aún mantiene vida, empleo y vínculos que no se pueden sustituir con una línea presupuestaria.