España se aproxima a una cifra que hace pocos años habría parecido difícil de imaginar: los 100 millones de turistas internacionales en un solo año. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística confirman que durante los siete primeros meses de 2026 llegaron al país más de 58,1 millones de visitantes extranjeros, un 4,6% más que durante el mismo periodo de 2025.
Solo en julio entraron 11,5 millones de turistas internacionales, también un 4,6% más, el mayor registro para ese mes. El gasto crece incluso más deprisa que las llegadas: alcanzó los 18.218 millones de euros en julio y acumula 82.054 millones desde enero, un 7,8% por encima del ejercicio anterior.
Después de los 96,8 millones de visitantes registrados en 2025, superar los 100 millones durante 2026 ha dejado de ser una hipótesis remota. Si el crecimiento acumulado del 4,6% se mantuviera durante todo el ejercicio, una simple extrapolación situaría la cifra ligeramente por encima de los 101 millones de turistas. No se trata de una previsión oficial, sino de una referencia que permite entender la magnitud del crecimiento.
España supera los 58 millones de turistas hasta julio de 2026
El turismo se ha convertido en uno de los grandes pilares de la economía española. Su importancia no reside únicamente en los millones de viajeros que atraviesan cada año aeropuertos, carreteras y estaciones, sino en la enorme estructura empresarial y laboral que depende directa o indirectamente de esos desplazamientos.
El gasto turístico internacional crece además por encima del número de visitantes. En julio, mientras las llegadas aumentaron un 4,6%, el desembolso efectuado por los turistas extranjeros lo hizo un 10,9%. Cada visitante gastó una media de 1.579 euros durante su estancia y 218 euros diarios.
La evolución es positiva y permite hablar de una actividad que continúa generando riqueza. Sin embargo, precisamente porque el turismo ocupa una posición tan relevante en nuestra economía resulta necesario analizar también qué ocurriría si dejara de crecer al ritmo actual.
No se trata de pronosticar un hundimiento que ningún indicador anuncia actualmente, sino de preguntarse hasta qué punto resulta conveniente que una proporción cada vez mayor del empleo dependa de una actividad sometida a factores que España no controla completamente.
El empleo turístico supera los 3,18 millones de trabajadores
La importancia del sector aparece todavía con mayor claridad cuando se observa el mercado laboral. Durante el segundo trimestre de 2026 había 3.187.119 personas ocupadas en actividades vinculadas al turismo, un 5,4% más que un año antes y aproximadamente el 14% de todos los ocupados del país.
En doce meses se incorporaron 162.772 trabajadores a estas actividades. Durante el mismo periodo, el empleo total de la economía aumentó en 510.200 personas, por lo que el incremento registrado en el turismo equivale aproximadamente al 31,9% de todo el crecimiento neto de la ocupación durante esos doce meses.
Esto no significa que uno de cada tres empleos españoles pertenezca al turismo. Significa algo diferente y mucho más preciso: casi uno de cada tres puestos añadidos al volumen total de ocupación durante el último año coincide con el crecimiento registrado por las actividades turísticas.
También ha mejorado la estabilidad. El 84,5% de los asalariados turísticos dispone ya de contrato indefinido y la tasa de temporalidad se sitúa en el 15,5%. Pero la magnitud alcanzada por el empleo turístico obliga a mirar más allá de los récords y preguntarse por la capacidad de esos trabajadores para resistir una futura desaceleración del sector.
La inmigración sostiene una parte creciente del empleo
La transformación turística coincide con otra transformación todavía mayor: la demográfica. España tenía 49,8 millones de habitantes a 1 de julio de 2026, máximo histórico. De ellos, más de 10,29 millones habían nacido en el extranjero y 7,44 millones conservaban nacionalidad extranjera. El propio INE señala que el crecimiento reciente de la población se debe al aumento de las personas nacidas fuera de España, mientras disminuye el número de residentes nacidos en el país.
Esta transformación está modificando también el mercado laboral. La Seguridad Social supera actualmente los 3,5 millones de trabajadores extranjeros, que representan alrededor del 16% de toda la afiliación.
En el turismo la relación es todavía más visible. Durante el segundo trimestre había 793.114 trabajadores extranjeros empleados en actividades turísticas, un 9,4% más que un año antes. Es decir, aproximadamente uno de cada cuatro ocupados del sector ha nacido laboralmente fuera del mercado español o mantiene nacionalidad extranjera. La inmigración no constituye por tanto un fenómeno ajeno al crecimiento económico. Forma parte de él.
El Banco de España calculó que entre 2022 y 2024 la población extranjera aportó directamente entre cuatro y siete décimas al crecimiento anual del PIB per cápita. Además, las proyecciones demográficas del INE señalan que, si se mantienen las tendencias actuales, el crecimiento de la población española durante las próximas décadas dependerá exclusivamente de un saldo migratorio positivo.
España necesita inmigración, entre otras razones porque envejece, tiene pocos nacimientos y necesita trabajadores. El problema no consiste en que lleguen, sino en qué oportunidades encontrarán después de haber llegado.
Vivienda y empleo pueden convertirse en una trampa
Aquí aparece uno de los mayores riesgos del modelo. Una sociedad no genera barrios segregados simplemente porque reciba inmigrantes. La segregación aparece cuando durante años coinciden territorialmente bajos salarios, vivienda inaccesible, hacinamiento, dificultades educativas, desempleo, discriminación y ausencia de movilidad social.
Las personas recién llegadas suelen acceder inicialmente a los puestos donde existe mayor demanda de trabajadores y menos capacidad de negociación. La hostelería, los cuidados, la construcción, el comercio, el reparto, la agricultura o determinadas actividades de servicios absorben una parte importante de esa mano de obra.
El problema comienza si el empleo que inicialmente debía representar una puerta de entrada termina convirtiéndose en un techo. La vivienda acelera ese proceso. Jóvenes nacidos en España y trabajadores inmigrantes compiten actualmente por un parque residencial insuficiente en numerosas zonas de elevada demanda. Cuando el precio del alquiler obliga a las familias con menores salarios a concentrarse en determinados barrios o municipios, una desigualdad económica acaba convirtiéndose también en una desigualdad territorial.
Y después puede reproducirse en los colegios, en las oportunidades educativas, en las redes sociales y, finalmente, en el mercado de trabajo.
El verdadero desafío son los hijos de quienes llegan
La primera generación migrante acepta con frecuencia condiciones que considera provisionales porque compara su nueva situación con las oportunidades disponibles en su país de procedencia.
La segunda generación realiza una comparación completamente diferente. Sus hijos nacen o crecen aquí, estudian en los mismos centros educativos que los demás jóvenes, hablan el mismo idioma, consumen la misma cultura y consideran España su país. Si después descubren que la posición económica de sus padres determina también la suya, el problema ya no puede explicarse mediante la inmigración. Se convierte en un problema de movilidad social.
El éxito de la integración no debería medirse por el número de extranjeros que conseguimos incorporar rápidamente a la hostelería, la construcción o los cuidados, sino por la capacidad de esas personas para progresar y por las oportunidades que encuentren sus hijos veinte años después.
España debería aspirar a que quien comienza sirviendo mesas pueda dirigir un establecimiento, que quien llega con una titulación pueda homologarla y ejercer su profesión y que los hijos de esos trabajadores tengan las mismas posibilidades de ser médicos, investigadores, empresarios, docentes, técnicos o ingenieros que cualquier otro joven.
La pandemia demostró qué ocurre cuando el turismo se detiene
España ya ha experimentado una situación extrema que permite comprender la vulnerabilidad de una economía dependiente del turismo. En 2020, con las restricciones internacionales provocadas por la pandemia, la aportación turística al PIB se desplomó y desaparecieron cientos de miles de puestos de trabajo relacionados con el sector. Los ERTE evitaron una destrucción laboral todavía mayor.
Aquella situación fue excepcional y no debe utilizarse como pronóstico. Sin embargo, demostró algo fundamental: una parte importante de la demanda turística depende de decisiones y acontecimientos exteriores sobre los que nuestro país tiene una capacidad limitada de intervención.
Una recesión europea, un encarecimiento prolongado del transporte, los efectos del cambio climático, conflictos internacionales, cambios en los hábitos de viaje o la aparición de destinos competidores podrían ralentizar algún día una actividad que actualmente parece imparable.
Entonces aparecería la pregunta que deberíamos formular ahora, mientras existen recursos para responderla: ¿en qué sectores podrán trabajar quienes pierdan sus empleos si no hemos desarrollado suficientes alternativas productivas?
El problema no son los 100 millones de turistas
España no necesita renunciar al turismo ni reducir la inmigración para resolver este riesgo. Necesita aprovechar la riqueza generada durante los años de crecimiento para diversificar todavía más su economía.
Eso significa apostar por industria avanzada, tecnología, energía, investigación, rehabilitación de vivienda, servicios profesionales, formación, cuidados cualificados y actividades capaces de generar empleos de productividad y salarios superiores.
También significa construir vivienda en una magnitud compatible con el crecimiento de los hogares, acelerar la vivienda pública y asequible y evitar que las zonas con mayor presión turística expulsen sistemáticamente a quienes trabajan en ellas.
Y exige aprovechar mejor el capital humano de quienes llegan. No tiene sentido incorporar médicos, enfermeros, ingenieros, profesores o técnicos extranjeros y mantenerlos durante años trabajando muy por debajo de su cualificación debido a interminables procedimientos de homologación.
Los 100 millones de turistas no son el problema. Pueden representar una extraordinaria fuente de prosperidad para España. El verdadero riesgo sería utilizar esa prosperidad para crear millones de empleos sin construir simultáneamente las condiciones necesarias para que quienes los ocupan puedan progresar, encontrar una vivienda y ofrecer un futuro diferente a sus hijos.
Porque cuando algún día el turismo deje de batir récords —aunque solo sea temporalmente— la cuestión no será cuántos turistas dejaron de venir. La cuestión será qué economía habremos construido para quienes llegaron a España precisamente durante los años en que todo parecía crecer.
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