España tiene más grandes fortunas que hace una década y quienes forman parte de ese reducido grupo acumulan también patrimonios cada vez mayores. Los últimos datos de la Agencia Tributaria ofrecen una fotografía difícil de explicar únicamente desde la evolución general de la economía. El número de contribuyentes con un patrimonio declarado superior a 30 millones de euros ha pasado de 471 en 2013 a 1.023 en 2024. En once años se ha multiplicado por más de dos.
La evolución resulta especialmente significativa porque no responde a un salto puntual. En 2014 eran 508, un año después alcanzaban los 549 y en 2017 habían superado ya los 600. Tras un ligero descenso en 2018, la cifra retomó su crecimiento hasta llegar a 701 en 2019, 831 en 2021, 852 en 2022 y 865 en 2023. El último ejercicio vuelve a acelerar esa tendencia y lleva por primera vez el número de contribuyentes situados por encima de los 30 millones hasta superar el millar.
La recuperación posterior a la gran crisis financiera no ha incrementado únicamente la riqueza del país. También ha ensanchado de manera muy considerable el grupo situado en su extremo superior.
Los grandes patrimonios en España superan el millar
Los 1.023 contribuyentes que declaran más de 30 millones representan una parte mínima de la población española y también una fracción muy pequeña de quienes presentan el Impuesto de Patrimonio. Su evolución permite, sin embargo, observar hasta qué punto ha aumentado la riqueza acumulada en la parte más alta durante la última década.
El fenómeno resulta todavía más visible cuando se amplía el foco. En 2024 había 227.424 contribuyentes en disposición de declarar el Impuesto de Patrimonio, ligeramente menos que los 228.575 registrados un año antes. Es decir, el número total disminuye en 1.151 personas al mismo tiempo que crece con fuerza el grupo de quienes se encuentran por encima de los 30 millones de euros.
No significa que toda la riqueza española esté concentrándose automáticamente en ese millar de personas ni permite deducir por sí solo cómo se ha distribuido el patrimonio entre el conjunto de la población. Sí muestra que el escalón más elevado de la estadística fiscal es considerablemente más numeroso que hace once años y el patrimonio declarado por el conjunto de contribuyentes sujetos al impuesto continúa creciendo.
La riqueza declarada se acerca al billón de euros
Los contribuyentes incluidos en la estadística de Patrimonio declararon en 2024 bienes y derechos por un valor próximo a los 987.000 millones de euros, una cifra que coloca por primera vez esta riqueza prácticamente a las puertas del billón.
El patrimonio medio declarado se situó alrededor de los cuatro millones de euros y aumentó un 6,4 % respecto al ejercicio anterior. La cifra merece detenerse un momento porque permite observar otra realidad económica que convive con las dificultades que atraviesan millones de hogares. España lleva años discutiendo sobre salarios que pierden capacidad de compra, jóvenes incapaces de acceder a una vivienda, alquileres que absorben una parte creciente de los ingresos y familias que han sufrido con especial intensidad el encarecimiento del coste de la vida. Al mismo tiempo, la riqueza declarada por quienes se encuentran en la parte superior de la distribución patrimonial continúa aumentando. Ambas realidades pueden convivir porque crecimiento económico y reparto de la riqueza son cuestiones relacionadas, pero no idénticas.
Una economía puede crecer sin que todos sus ciudadanos se beneficien de ese crecimiento en la misma proporción. También puede crear empleo, aumentar los beneficios empresariales y elevar el valor de los activos financieros e inmobiliarios mientras una parte de la población continúa encontrando enormes dificultades para acumular patrimonio.
La vivienda ofrece probablemente el ejemplo más cercano. Para quien intenta comprar su primera casa, la subida de precios constituye una barrera de entrada. Para quien ya posee varios inmuebles, esa misma subida incrementa el valor de su patrimonio.
El Impuesto de Patrimonio alcanza una recaudación récord
El crecimiento de los patrimonios declarados ha venido acompañado de un aumento de la recaudación. En 2024 presentaron declaración con resultado a ingresar 185.031 contribuyentes y el Impuesto de Patrimonio recaudó 2.153,7 millones de euros, el importe más elevado de la serie histórica. Un año antes habían sido 1.970,7 millones, de manera que el incremento alcanza el 9,3 %.
El dato resulta especialmente relevante después de años de debate político sobre la utilidad del impuesto, su diseño y las enormes diferencias existentes entre comunidades autónomas.
El Impuesto de Patrimonio había quedado sin efecto práctico a partir de 2008 y fue recuperado en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en plena crisis financiera. Su regreso se planteó inicialmente con carácter temporal, pero los sucesivos gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez mantuvieron posteriormente el tributo.
La capacidad de las comunidades autónomas para establecer bonificaciones permitió, sin embargo, que durante años contribuyentes con patrimonios muy elevados tuvieran tratamientos fiscales completamente distintos dependiendo de su lugar de residencia.
Madrid se convirtió en el principal ejemplo con una bonificación general del impuesto que en la práctica permitía dejar la cuota autonómica en cero. Andalucía adoptó posteriormente una política semejante.
El impuesto a las grandes fortunas cambió la estrategia de Madrid y Andalucía
La creación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas modificó esa situación. El nuevo tributo estatal comenzó a aplicarse sobre patrimonios netos superiores a tres millones de euros y fue diseñado, entre otros objetivos, para evitar que las bonificaciones autonómicas del Impuesto de Patrimonio dejaran completamente fuera de tributación a las mayores fortunas.
La consecuencia produjo una situación fiscal peculiar. Si Madrid o Andalucía mantenían íntegramente sus bonificaciones, parte de los contribuyentes que dejaban de pagar Patrimonio a la comunidad podían terminar abonando el impuesto estatal sobre grandes fortunas. El dinero que la autonomía decidía no recaudar no permanecía necesariamente en el bolsillo del contribuyente, sino que podía acabar en las arcas del Estado.
Las dos comunidades modificaron entonces sus sistemas.
El resultado aparece con claridad en las estadísticas de 2024. Madrid registra cerca de 643 millones de euros en el resultado de las declaraciones del Impuesto de Patrimonio y Andalucía alrededor de 38,7 millones, después de ejercicios en los que sus bonificaciones habían reducido drásticamente o eliminado esa recaudación.
El cambio tiene una explicación que va más allá de una repentina conversión de ambos gobiernos autonómicos a las virtudes del impuesto. Una vez creado el gravamen estatal sobre las grandes fortunas, resultaba económicamente más conveniente que una parte de ese dinero permaneciera en las haciendas autonómicas.
La discusión sobre Patrimonio dejó así una de esas paradojas que ofrece de vez en cuando el sistema fiscal español. Comunidades que habían hecho de su práctica desaparición una bandera política terminaron recuperando recaudación cuando la alternativa era que esos mismos contribuyentes pagasen al Estado.
Más grandes fortunas en una España con dificultades para acumular patrimonio
Los datos de la Agencia Tributaria no permiten concluir por sí solos que España sea hoy un país más desigual que en 2013. Para responder a esa pregunta hacen falta otros indicadores sobre distribución de renta y riqueza, salarios, vivienda y patrimonio de los hogares.
Pero sí permiten afirmar algo bastante más concreto. España tiene más del doble de contribuyentes con patrimonios declarados superiores a 30 millones de euros que hace once años y la riqueza recogida en las declaraciones del Impuesto de Patrimonio se acerca ya al billón de euros.
La cuestión adquiere relevancia precisamente porque coincide con uno de los grandes debates económicos de nuestro tiempo. Durante años la discusión política se ha concentrado en cuánto crece la economía, cuántos puestos de trabajo crea o cuánto aumenta el PIB. Son indicadores imprescindibles, pero cuentan solo una parte de lo que sucede dentro de un país.
La otra aparece al observar quién acumula los activos que se revalorizan, quién consigue ahorrar, quién puede comprar vivienda y quién necesita dedicar buena parte de sus ingresos simplemente a pagarla.
Que en España existan más personas capaces de acumular grandes patrimonios no constituye por sí mismo una mala noticia. La pregunta política empieza cuando se compara esa evolución con las dificultades de una parte considerable de la población para construir incluso un patrimonio modesto y se decide qué aportación debe exigirse a quienes se encuentran en el extremo más favorecido de esa distribución.
Esa discusión explica buena parte de la batalla política alrededor de Patrimonio y del impuesto a las grandes fortunas. Los últimos datos añaden una cifra difícil de ignorar. En 2013 eran 471 los contribuyentes que declaraban más de 30 millones de euros.
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