La discusión española sobre las pensiones suele quedar atrapada con demasiada facilidad dentro de las fronteras nacionales. Cada incremento de las cotizaciones se interpreta como una decisión particular del Gobierno, cada reforma abre una nueva batalla política y cada previsión demográfica termina convertida en una discusión sobre quién pagará la siguiente factura. El último informe de la OCDE obliga a ampliar el plano porque revela que buena parte de Europa está recorriendo una dirección parecida.
Los gobiernos están aumentando tipos, ampliando bases de cotización y suprimiendo excepciones con un objetivo bastante reconocible. Los sistemas de protección social necesitan más ingresos en sociedades donde crece el número de jubilados y disminuye proporcionalmente la población que trabaja y cotiza.
España aparece expresamente entre los países que han incrementado las cotizaciones sociales y ampliado las bases sobre las que se calculan. Alemania, Francia, Grecia, Bélgica, Eslovaquia o Lituania han adoptado medidas diferentes, pero todas responden en mayor o menor medida a una presión que trasciende cualquier ciclo político concreto.
La OCDE describe una tendencia sostenida durante los últimos años hacia el incremento de los tipos y la ampliación de las bases de cotización, que relaciona con las presiones demográficas de largo plazo y las crecientes necesidades financieras de los sistemas de protección social. Los ingresos procedentes de cotizaciones ya aumentaron en la mayoría de los países para los que existen datos de 2024, aunque el organismo advierte de que todavía es pronto para evaluar completamente las consecuencias económicas de las reformas.
El problema de fondo no resulta difícil de identificar. Durante décadas, los sistemas públicos europeos se construyeron sobre una estructura demográfica mucho más favorable, con amplias generaciones en edad de trabajar financiando a una población jubilada proporcionalmente menor. Esa relación se está invirtiendo.
Europa no se está quedando sin pensiones. Se está quedando sin la comodidad demográfica con la que las financió durante buena parte de su historia reciente.
España empieza a pagar la jubilación del baby boom
La reforma española de las cotizaciones responde directamente a esa transformación. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional comenzó a aplicarse en 2023 como una aportación adicional destinada a reforzar los recursos de la Seguridad Social antes de que la jubilación masiva de las generaciones del baby boom alcance su mayor intensidad.
En 2026 el MEI representa el 0,90% de la base de cotización por contingencias comunes. En el caso de los asalariados, el 0,75% corresponde a la empresa y el 0,15% al trabajador. Para los autónomos, el 0,90% recae íntegramente sobre su cotización. El porcentaje seguirá aumentando gradualmente hasta llegar al 1,2% en 2029.
El incremento individual puede parecer pequeño cuando se observa una nómina aislada. Su dimensión real aparece al multiplicarlo por millones de trabajadores y por décadas de aplicación. El diseño persigue precisamente eso. Acumular recursos durante un periodo prolongado para afrontar una etapa en la que el sistema deberá pagar muchas más pensiones durante más tiempo. España ha elegido además reforzar especialmente las aportaciones procedentes de los salarios más elevados.
La base máxima de cotización aumenta cada año por encima de la inflación y en 2026 se sitúa en 5.101,20 euros mensuales. Esto significa que una parte creciente de los salarios altos queda sometida a cotización.
A esa medida se añade la cuota de solidaridad, aplicable de forma progresiva a las remuneraciones que superan la base máxima. Su objetivo consiste en que los ingresos laborales más elevados contribuyan también por la parte del salario que tradicionalmente quedaba fuera del sistema.
La combinación dibuja con bastante claridad la filosofía de la reforma española. Asegurar más ingresos sin trasladar todo el ajuste a una reducción futura de las pensiones.
Durante años, gran parte del debate europeo sobre la sostenibilidad se centró en retrasar la edad de jubilación, modificar las reglas de cálculo o introducir mecanismos automáticos que redujeran las prestaciones cuando aumentara la esperanza de vida. España ha reforzado durante los últimos años otra pata del sistema mediante mayores ingresos y una distribución más amplia de las cotizaciones.
El coste existe y conviene no esconderlo. Cotizar más significa aumentar el coste laboral para las empresas y reducir, aunque sea en una proporción menor, el salario neto disponible para determinados trabajadores.
La verdadera discusión no consiste en negar ese coste, sino en determinar qué alternativa resulta social y económicamente preferible.
No existe una pensión gratis
La demografía tiene una virtud incómoda para la política. Puede discutirse su interpretación, pero resulta mucho más difícil discutir su aritmética.
Una sociedad con más personas jubiladas, una esperanza de vida elevada y menos trabajadores por pensionista necesita decidir de dónde obtendrá los recursos adicionales.
Puede aumentar cotizaciones. Puede financiar una parte mayor mediante impuestos generales. Puede retrasar jubilaciones. Puede reducir prestaciones. Puede impulsar el empleo y la inmigración para ampliar la población cotizante. Puede combinar todas esas herramientas.
Lo que no puede hacer es fingir que el problema desaparece.
La OCDE calcula que el envejecimiento incrementará durante las próximas décadas el gasto en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración en buena parte de las economías desarrolladas. Al mismo tiempo, la base tradicional sobre la que se financia la protección social, fundamentalmente las rentas laborales, estará sometida a una presión creciente por el descenso relativo de la población en edad de trabajar. España afrontará esa tensión con especial intensidad.
El organismo ya había advertido en su último examen económico del país de que el gasto en pensiones podría alcanzar alrededor del 16% del PIB hacia 2050 y que las cotizaciones actuales no bastarán por sí solas para cubrirlo. Según sus cálculos, los ingresos contributivos financian aproximadamente el 70% del gasto anual en pensiones, mientras el resto procede principalmente de transferencias del Estado.
Ese dato introduce un elemento importante en una discusión que muchas veces se presenta como si las pensiones dependieran exclusivamente de lo que entra cada mes por las cotizaciones.
Ya no es así.
El Estado aporta decenas de miles de millones para completar la financiación del sistema y probablemente tendrá que seguir haciéndolo durante las próximas décadas. Las cotizaciones constituyen la columna vertebral del modelo, pero el sostenimiento de las pensiones se ha convertido también en una decisión presupuestaria colectiva.
Europa empieza a ampliar la base
España no está sola en esa búsqueda de ingresos.
Francia ha aumentado en tres puntos porcentuales la aportación empresarial destinada a las pensiones de los empleados públicos territoriales. Grecia ha elevado el techo salarial sometido a cotización. Bélgica ha anunciado la eliminación de determinados límites que beneficiaban a deportistas profesionales. Lituania ha ampliado de manera muy significativa la proporción de ingresos de los autónomos que queda sometida a cotización. Alemania ha reforzado las aportaciones relacionadas con su sistema sanitario. Eslovaquia ha aumentado la contribución de los trabajadores al seguro de salud. Los mecanismos cambian, pero la dirección general aparece con bastante claridad.
Durante la década pasada, muchas reformas fiscales europeas estuvieron orientadas a aliviar cargas, favorecer determinados colectivos o estimular la contratación. Esa lógica no desaparece. Bélgica y Suecia, por ejemplo, mantienen o introducen reducciones destinadas a trabajadores con salarios bajos y jóvenes. Lo que cambia es el contexto financiero.
La deuda pública ha aumentado, los tipos de interés elevan el coste de financiarla, la defensa exige más recursos y el envejecimiento añade una presión permanente sobre pensiones, sanidad y dependencia. El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, resume el problema señalando que la recaudación no está avanzando al mismo ritmo que las necesidades de gasto.
La Europa de las próximas décadas tendrá que financiar simultáneamente pensiones más numerosas, sistemas sanitarios sometidos a una demanda creciente, cuidados de larga duración, transición energética, defensa e inversión tecnológica.
La gran discusión fiscal europea está dejando de ser cuánto puede reducirse la recaudación para convertirse poco a poco en dónde encontrar los ingresos necesarios sin asfixiar el crecimiento.
El empleo sigue siendo la pieza decisiva
España llega a esa discusión con una ventaja que no debe minusvalorarse. La creación de empleo ha permitido ampliar de forma muy considerable el número de cotizantes y, con ello, los ingresos de la Seguridad Social.
La OCDE señalaba en junio que la afiliación continuaba aumentando a un ritmo interanual del 2,4%, dentro de una economía española que crecía por encima de buena parte de sus socios europeos.
Cada persona que entra en el mercado laboral aporta ingresos al sistema y mejora la relación entre cotizantes y pensionistas. De ahí que cualquier estrategia de sostenibilidad resulte incompleta si se limita a discutir tipos de cotización.
La cantidad de empleo, su estabilidad, los salarios y la productividad importan tanto como el porcentaje aplicado sobre una nómina.
También la inmigración.
Una economía envejecida necesita trabajadores y España ha encontrado en la incorporación de población extranjera una parte sustancial del crecimiento reciente de su mercado laboral. La discusión sobre las pensiones y la discusión sobre inmigración, aunque la política acostumbre a mantenerlas en compartimentos separados, terminarán encontrándose cada vez con mayor frecuencia.
No basta, sin embargo, con incorporar más cotizantes.
La OCDE introduce una advertencia relevante para España. El país soporta tipos de cotización elevados y continuar aumentando indefinidamente las cargas sobre el trabajo puede tener consecuencias negativas sobre la contratación y el crecimiento. El organismo considera que el refuerzo de la sostenibilidad debe priorizar medidas compatibles con el empleo y evitar que toda la corrección recaiga sobre nuevas subidas de cotizaciones.
Ese aviso no invalida las reformas realizadas, las coloca en perspectiva. Financiar las pensiones requiere recaudar más, pero una economía que pretende recaudar más durante décadas necesita también conservar una base laboral suficientemente grande para hacerlo, y ahí se encuentra probablemente el equilibrio más difícil de toda la reforma.
La factura no desaparecerá
El debate político seguirá ofreciendo soluciones mucho más sencillas de lo que permite la demografía. Habrá quienes sostengan que basta con aumentar las cotizaciones. Otros defenderán que el crecimiento económico solucionará por sí solo el desequilibrio. También aparecerán propuestas para retrasar la jubilación, fomentar los planes privados o modificar nuevamente el cálculo de las prestaciones.
Probablemente ninguna de esas herramientas sea suficiente de forma aislada.
La experiencia comparada que recoge la OCDE apunta precisamente hacia sistemas que combinan más ingresos, bases contributivas más amplias, incentivos al empleo y reformas adaptadas a las características demográficas de cada país.
España ha optado por reforzar los ingresos mientras mantiene la revalorización de las pensiones con la inflación y protege el poder adquisitivo de quienes ya están jubilados. Esa decisión implica asumir una parte mayor del esfuerzo durante la etapa activa y repartirlo entre empresas, trabajadores, salarios altos y recursos procedentes del Estado.
Puede discutirse cómo debe distribuirse ese esfuerzo y qué correcciones serán necesarias en el futuro. Lo que los datos hacen cada vez más difícil es sostener que existe una alternativa sin coste.
Las pensiones de las próximas décadas no están amenazadas por una falta de soluciones, sino por la tentación permanente de fingir que alguna de ellas puede salir gratis.
Europa empieza a reconocerlo en sus cotizaciones.
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