En octubre de 2018, Diario Sabemos (entonces Diario16) publicó la denuncia realizada por Rafael Ramírez, el que fuera mano derecha de Hugo Chávez y expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en la que acusaba a José Luis Rodríguez Zapatero de operaciones de intermediación para la adjudicación a empresas españolas de licencias de explotación petrolera en la Faja del Orinoco. Con los datos que están apareciendo en la actualidad sobre las actividades del expresidente del Gobierno, es necesario volver a recuperar dicha información.
En la política del petróleo, las fronteras entre diplomacia, negocio e influencia rara vez están claramente delimitadas. Venezuela, con las mayores reservas probadas del mundo, ha sido durante décadas un laboratorio extremo de esa ambigüedad. Y en ese tablero, el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a emerger, esta vez impulsado por una acusación que, por su origen y contenido, resulta tan incómoda como reveladora.
El exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, figura central del chavismo durante años y posteriormente convertido en opositor de Nicolás Maduro, denunció directamente al expresidente español como intermediario en operaciones petroleras en la Faja del Orinoco, una de las mayores reservas de crudo pesado del planeta. Según su denuncia, Zapatero habría representado intereses de empresarios españoles vinculados al apellido Cortina, quienes habrían obtenido contratos en esa zona estratégica.
Ramírez no es un denunciante neutral: su gestión al frente de PDVSA está bajo investigación internacional por presuntos esquemas de corrupción sistemática. Sin embargo, precisamente por su posición en el núcleo del poder petrolero venezolano durante años, su testimonio no puede descartarse como irrelevante. Conoce el sistema desde dentro. Y habla desde su fractura con él.
El contexto en el que surgen estas declaraciones es clave. Las agencias federales estadounidenses (FBI, DEA y Homeland Security, entre otras) mantienen abiertas múltiples investigaciones sobre PDVSA y sus redes internacionales. En ese entramado, según distintas informaciones, el nombre de Zapatero aparece de forma recurrente, no necesariamente como investigado formal, pero sí como figura vinculada a dinámicas de influencia en el entorno venezolano.
El foco de las sospechas se sitúa en el proyecto Junín 10, una concesión petrolera otorgada en 2017 sin licitación pública a una estructura empresarial opaca. La adjudicación se realizó a una empresa con sede en Países Bajos, con un capital mínimo y escasa actividad previa en el sector energético. La operación, aprobada directamente por el gobierno de Maduro, dio lugar a la creación de la sociedad mixta Petrosur, con capacidad para producir hasta 200.000 barriles diarios.
La arquitectura societaria de esta operación es, en sí misma, un elemento de análisis geopolítico. La empresa adjudicataria (vinculada a Inversiones Petroleras Iberoamericanas (IPISA)) presentaba características típicas de estructuras diseñadas para operar en entornos de alta opacidad: bajo capital, sede en jurisdicciones intermedias, vínculos con entidades en paraísos fiscales y conexiones cruzadas con actores ya señalados en otros casos.
Según uno de esos documentos, Ramón Blanco Balín ex vicepresidente ejecutivo de Repsol y condenado por la Gürtel, envió un correo al ministro venezolano Eulogio del Pino (detenido por corrupción en noviembre de 2017 junto al ex presidente de PDVSA, Nelson Martínez) en el que le comunicaba «interés en formar una empresa mixta con PDVSA para la explotación del Campo Junín. La empresa Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A. es una empresa que forma parte del grupo de empresas del señor Alberto Cortina, quien es uno de los máximos accionistas del Grupo ACS, uno de los principales grupos industriales de Europa […] tenemos los fondos para reaccionar muy rápidamente a una oportunidad de inversión para una empresa mixta con el grupo Campo Junín Sur». Además, un ex ejecutivo de PDVSA, en declaraciones al Wall Street Journal, lo dejó muy claro: «Te puedo decir que había un sistema generalizado de corrupción en la compañía. Los investigadores en Nueva York lo tienen todo, contratos y memorandos y correos electrónicos», en referencia a las distintas investigaciones que la Justicia y las agencias federales norteamericanas tienen abiertas contra la corrupción en Venezuela. Se han producido diferentes reuniones de fiscales federales en Nueva York, Washington, Missouri y Texas y agentes del Departamento de Seguridad Nacional, la Administración de Control de Drogas (DEA), el FBI y otras agencias para coordinar acciones y compartir pruebas y testigos para las diversas investigaciones sobre PDVSA.
Entre esos actores aparece el nombre de un ciudadano venezolano residente en España, figura central de una empresa que fue investigada por presuntos sobornos en el sector eléctrico venezolano. La relación entre IPISA y este entorno refuerza la hipótesis de un ecosistema donde las concesiones públicas no responden únicamente a criterios económicos, sino a redes de influencia.
Es en este punto donde la figura de Zapatero adquiere relevancia política. Durante años, el expresidente español ha desempeñado un papel activo como mediador en Venezuela, participando en procesos de diálogo entre el chavismo y la oposición. Ese rol le ha otorgado acceso directo a las más altas esferas del poder en Caracas.
La cuestión que plantean las acusaciones no es menor: hasta qué punto esa posición de interlocutor político pudo coincidir o solaparse con intereses económicos privados.
No hay, por ahora, pruebas judiciales concluyentes que acrediten esa conexión. IPISA ha negado haber contratado los servicios de Zapatero. Pero la forma en que se estructuró la adjudicación de Junín 10, junto con los testimonios, comunicaciones internas de PDVSA y documentos, a los que Diario Sabemos tuvo acceso, que se encuentran incorporados a las distintas causas e investigaciones abiertas en Estados Unidos, alimenta una sospecha persistente: la existencia de canales paralelos donde la influencia política y los intereses empresariales convergen.
Este tipo de dinámicas no son excepcionales. En contextos de alta concentración de recursos estratégicos y baja transparencia institucional, la figura del “intermediario político” se convierte en un actor clave. No es un diplomático oficial, pero opera como tal. No es un empresario directo, pero facilita operaciones. Su valor reside precisamente en esa ambigüedad.
Zapatero encaja en ese perfil. Su trayectoria le otorga legitimidad política. Su actividad internacional, especialmente en América Latina, le proporciona acceso. Y su posición fuera de cargos institucionales le permite moverse en un espacio donde las reglas son más difusas.
El caso venezolano amplifica estas características. El colapso institucional del país, la concentración de poder en el Ejecutivo y la opacidad en la gestión de recursos han generado un entorno donde las decisiones estratégicas se toman fuera de los canales convencionales.
En ese contexto, la adjudicación de un proyecto como Junín 10 no es solo una operación económica. Es un movimiento geopolítico. Define quién accede a recursos críticos, quién controla flujos energéticos y quién establece relaciones de dependencia a largo plazo.
La posible participación, directa o indirecta, de actores externos en ese proceso introduce una dimensión adicional. No se trata solo de corrupción o irregularidades administrativas. Se trata de la intersección entre poder político internacional y control de recursos estratégicos.
El papel de empresarios españoles en esta ecuación tampoco es menor. Nombres vinculados históricamente a grandes corporaciones energéticas aparecen en la documentación, lo que sugiere una continuidad de intereses que trasciende gobiernos y contextos políticos.
Esto plantea una cuestión más amplia sobre la proyección internacional de España en América Latina. Tradicionalmente, esa relación se ha articulado a través de empresas energéticas, infraestructuras y banca. Pero en escenarios como el venezolano, donde las reglas del juego son distintas, esa presencia adopta formas más complejas.
La denuncia de Ramírez, en este sentido, actúa como catalizador de un debate que va más allá de un caso concreto. Obliga a revisar los límites entre diplomacia, influencia y negocio en entornos de alta opacidad.
También introduce un elemento de vulnerabilidad política. Porque incluso en ausencia de condenas judiciales, la mera percepción de connivencia entre actores políticos y operaciones económicas en contextos controvertidos puede erosionar la credibilidad institucional.
La clave, como en otros casos similares, no está solo en lo que se puede probar, sino en lo que se puede explicar. Y en este punto, la opacidad de las estructuras, la complejidad de las relaciones y la naturaleza de los actores implicados dificultan una narrativa clara.
Mientras tanto, el caso sigue abierto. Y con él, la incógnita sobre el verdadero alcance del papel que presuntamente jugó el expresidente español en uno de los escenarios energéticos más opacos y estratégicos del mundo.