Como se afirma en el Cantar de Mío Cid (que no en el Quijote), "cosas veredes". La crónica política y judicial española está plagada de ironías, pero pocas tan sobrecogedoras y simétricas como la que acaba de materializarse en la Audiencia Nacional. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra por presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de influencias encierra en su intrahistoria un giro de guion cinematográfico. El magistrado que firma el auto que pone en jaque al exlíder socialista no es otro que José Luis Calama Teixeira, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4. La paradoja vital radica en que, hace quince años, fue el propio Zapatero quien firmó la medida de gracia que salvó el futuro profesional del hermano del juez, el banquero Miguel Ángel Calama Teixeira.
Para comprender la magnitud de este bucle institucional es necesario remontarse a noviembre de 2011. En los estertores de su mandato, un Gobierno socialista ya en funciones aprobó en el Consejo de Ministros un polémico paquete de medidas de gracia de fuerte impacto financiero. A través del Real Decreto 1753/2011, Zapatero indultó a Miguel Ángel Calama, exdirectivo de Banesto (Grupo Santander), quien había sido condenado de forma firme por el Tribunal Supremo a tres meses de arresto mayor e inhabilitación por un delito de denuncia falsa contra unos acreedores de la entidad. Aquella resolución gubernamental, firmada junto al entonces ministro Francisco Caamaño, conmutó la pena de arresto y eliminó de forma expresa el impedimento para seguir ejerciendo la actividad bancaria, blindando la honorabilidad del ejecutivo. Un indulto que, años después, el Tribunal Supremo terminaría anulando parcialmente por entender que el Ejecutivo se había extralimitado en sus funciones.
Casi tres lustros después de aquel salvavidas político, las tornas del poder y la justicia se han invertido de forma poética y descarnada. La instrucción del juez José Luis Calama Teixeira sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra avanza sin mirar al retrovisor de la memoria familiar. El magistrado de la Audiencia Nacional lidera con paso firme las pesquisas de la UDEF sobre los presuntos cobros de comisiones ilegales y blanqueo de fondos internacionales que rozan el entorno empresarial e íntimo del expresidente del Gobierno.
El cruce de caminos entre ambos nombres ilustra a la perfección el funcionamiento ciego y descentralizado del Estado de derecho, donde los favores políticos del pasado no compran la inmunidad del presente. El próximo 2 de junio, cuando el exjefe del Ejecutivo cruce el umbral de la Audiencia Nacional en calidad de imputado, se escenificará el fin de un ciclo. La rúbrica de un magistrado cuyo apellido fue rescatado del ostracismo profesional por la pluma de la Moncloa será la misma que obligue a Zapatero a rendir cuentas ante la justicia, consumando una de las paradojas más fascinantes y perfectas de la historia democrática contemporánea.