Vox pretende una privatización encubierta de las pensiones

Hay palabras que, en política, se pronuncian con pinzas. Privatización es una de ellas. Suena mal. Evoca imágenes de recortes, de pérdida de derechos, de ese contrato social que un día pareció inquebrantable. Por eso, cuando algunos hablan de transformar el sistema de pensiones, prefieren envolverlo en eufemismos. Capitalización individual. Cuentas privadas. Ahorro personal. Suena más amable, ¿verdad? Pero debajo del envoltorio, la esencia es la misma: romper la hegemonía del modelo público de reparto y avanzar hacia un esquema mixto donde una parte de las cotizaciones sociales acabe en manos de entidades financieras privadas.

Eso es, en resumidas cuentas, lo que plantean las propuestas atribuidas a la extrema derecha liderada por Santiago Abascal. Un giro copernicano en el sistema de pensiones español. Un cambio de raíz porque no estamos hablando de un ajuste menor, de una reforma técnica o de un retoque cosmético, sino de alterar el contrato social vigente desde la instauración de la Seguridad Social moderna. Y eso, quiérase o no, tiene consecuencias.

Doble factura insostenible

Los estrategas de la extrema derecha se cuidan mucho de emplear la palabra privatización en sus intervenciones públicas. No vende. Pero la naturaleza económica de la medida no deja espacio a la ambigüedad. Sustituir un tramo de la cotización obligatoria al Estado por un fondo de inversión personal supone, ni más ni menos, que desviar dinero de la caja común hacia cuentas de capitalización individual. Y ahí empieza el problema.

El sistema de reparto funciona con una lógica sencilla: las cotizaciones de los trabajadores en activo de hoy pagan las nóminas de los más de nueve millones de pensionistas actuales. Es un flujo continuo. Una cadena. Si el Estado permite que un porcentaje de esas aportaciones se desvíe hacia cuentas privadas de ahorro individual, la caja común de la Seguridad Social sufre una sangría de ingresos automática. Y esa sangría, tarde o temprano, hay que taparla.

El problema contable es tan simple como devastador. Durante los decenios que dure el proceso de transición a ese modelo mixto, la Administración pública se vería obligada a sufragar dos facturas gigantescas simultáneamente. Por un lado, mantener el pago íntegro de las prestaciones a quienes ya están jubilados y tienen derechos consolidados. Por otro, asumir la pérdida de recaudación que se desvía a los fondos privados. Dos pagos. Dos agujeros. Y solo cuatro vías técnicamente posibles para cubrirlos: aumentar la deuda pública a niveles insostenibles, disparar los impuestos generales, recortar drásticamente las prestaciones actuales o inyectar ingentes transferencias presupuestarias. Ninguna de estas alternativas es gratuita. Ninguna es inocua para el contribuyente. Y ninguna aparece en los discursos triunfales de quienes venden la capitalización como una panacea.

Trasladar el riesgo al trabajador

Más allá del colapso de las cuentas públicas, la sustitución del reparto por la capitalización individual representa un cambio profundo en la distribución de los riesgos económicos. En el modelo público, es el Estado quien garantiza una prestación definida en función de la carrera de cotización. Es el Estado quien asume la responsabilidad de amortiguar las crisis demográficas o las turbulencias macroeconómicas mediante recursos presupuestarios y deuda soberana. Es, en definitiva, una red de seguridad colectiva.

En el modelo de capitalización, el riesgo se traslada íntegramente sobre las espaldas del trabajador. La cuantía final de la pensión deja de ser un derecho garantizado para convertirse en el resultado probabilístico de las rentabilidades de los mercados financieros, el impacto de los ciclos inflacionarios en el momento de la retirada y las comisiones cobradas por las gestoras de fondos. Un desplome bursátil en la víspera de la jubilación o un periodo prolongado de estancamiento financiero pueden pulverizar el ahorro acumulado durante décadas de esfuerzo laboral. Y entonces, ¿qué? ¿Quién responde? ¿El banco? ¿La gestora? ¿El Estado? Nadie. O casi nadie. Porque el riesgo, en este modelo, ya no es colectivo. Es individual. Y eso, en términos de cohesión social, es un cambio de paradigma.

Piénselo un momento. Un trabajador que ha cotizado toda su vida, que ha confiado en que, al final, habría una pensión pública esperándole y que, de repente, descubre que una parte de ese dinero se ha invertido en fondos privados. Que ha dependido de la volatilidad de los mercados. Que si las cosas van bien, cobrará más. Y si van mal, cobrará menos. O nada. Esa es la falacia del rendimiento garantizado. Que nadie garantiza nada. Porque los mercados, como la vida, son impredecibles.

Experimento sin cobertura financiera

Avanzar hacia la privatización parcial de la jubilación en un país con una deuda pública que supera el cien por cien del Producto Interior Bruto representa una apuesta de extrema volatilidad económica. No es una opinión. Es un dato. La experiencia internacional demuestra que los países que abordaron reformas de capitalización rápida sin un blindaje fiscal previo terminaron afrontando graves déficits públicos y requiriendo rescates estatales para salvar a los pensionistas de la indigencia. Chile, sin ir más lejos. O Argentina. O tantos otros. Países que vendieron la panacea de las cuentas individuales y acabaron pagando la factura con protestas sociales, pensiones miserables y desigualdad creciente.

Sostener que la gestión privada del ahorro solucionará mágicamente los retos del envejecimiento es ignorar que los mercados financieros sufren volatilidades tan severas como las pirámides poblacionales. Es ignorar que la demografía es un desafío, sí, pero también lo es la especulación. Es ignorar que la seguridad de una pensión no se mide en rentabilidades anuales, sino en la certeza de que, al final del camino, habrá un ingreso digno esperándote. Y esa certeza, en el modelo de capitalización, brilla por su ausencia.

Antes de vender la panacea de las cuentas individuales, quienes defienden la transformación del modelo deben explicar con números transparentes de dónde saldrán los recursos para pagar a los jubilados de hoy mientras los banqueros gestionan las cotizaciones del mañana. Porque esa es la pregunta clave. La que nadie responde. La que se esquiva con eufemismos y promesas vacías. ¿De dónde saldrá el dinero? ¿De más deuda? ¿De más impuestos? ¿De menos pensiones? ¿De más pobreza? Las respuestas, aunque incómodas, son necesarias. Porque sin ellas, el debate sobre las pensiones no es un debate. Es un acto de fe. Y la fe, en economía, no paga las facturas.

Así que la próxima vez que alguien le hable de modernizar el sistema de jubilación, pregúntese si la modernización es para el pensionista, para el banco, para la gente corriente, o para los fondos de inversión. Las respuestas, quizá, le sorprendan. O quizá no. Porque el guion ya está escrito. Solo falta que usted lo lea. Y que, al leerlo, no se deje engañar por las palabras. Porque las palabras, en política, nunca son inocentes. Nunca.