El voto en blanco y la abstención socialista regalan el poder a la derecha

El verdadero mapa del poder en España se decide en silencio. Provincia a provincia, en una mesa de madera de un bar de Albacete, en una conversación de casino en Jaén o en una esquina helada de León. Hablamos de la España de las provincias de tamaño medio. Lugares donde la ley electoral reparte entre cuatro y siete diputados. Tierras de frontera política como Badajoz, Burgos o Córdoba. Es ahí, precisamente ahí, donde las matemáticas frías de la Ley D'Hondt convierten el desencanto de un votante progresista en una trampa de la que es casi imposible salir.

En esos territorios no hace falta que se produzca una marejada ideológica. No hace falta que miles de antiguos votantes socialistas se levanten un domingo por la mañana sintiendo un flechazo repentino por la papeleta de la derecha. No, señor. Basta sencillamente con que decidan quedarse en casa en pantuflas. O que salgan a pasear al perro, pasen de largo frente al colegio electoral y digan para sus adentros: «Ahí os quedáis, que a mí no me ven el pelo».

Cada abstención cuesta el doble

Para entender este fenómeno hay que ponerse las gafas de investigar y meter la nariz en la letra pequeña de la ley. En una gran provincia con treinta o treinta y cinco diputados en juego, el precio de salida de un escaño es razonablemente barato en términos porcentuales. El sistema ahí es casi como un traje a medida: se comporta de forma bastante proporcional y permite absorber los golpes. Si un partido pierde unos miles de apoyos, igual pierde un representante al final de la noche, pero la sangre no llega al río.

Sin embargo, en la España media la historia cambia radicalmente. En un distrito que reparte solo cinco o seis escaños en el Congreso, el billete de entrada para que un partido coloque a su representante no baja de un imponente 12% o 15% de los votos. Es una frontera altísima. Una pared lisa de piedra y cuando el votante tradicional socialista cae en la apatía, la arquitectura de las matemáticas electorales actúa como una guillotina sobre los cocientes de su partido.

El problema es que la gente piensa en términos de porcentaje nacional, pero la Ley D’Hondt no entiende de sentimientos nacionales; trabaja con la calculadora en la mano sobre el número de papeletas que entran en la urna de tu pueblo. Y en una provincia media, si tu elector no vota, tu divisor se desploma tanto que el escaño que antes peleabas con holgura se le cae en el regazo al contrario por puro peso de la gravedad.

La falacia del sobre vacío

Echemos un vistazo a cómo se cocina esta jugada en la trastienda. La famosa regla D'Hondt consiste en coger el total de votos que saca cada lista y dividirlos sucesivamente entre uno, dos, tres, cuatro... y así hasta cubrir las plazas en juego. A lo largo de los años, el PSOE garantizaba su presencia en estas provincias del interior gracias a un segundo cociente muy potente. Eso le permitía amarrar con solvencia dos y hasta tres diputados en sus mejores épocas, firmando tablas o ganando por la mínima a los conservadores.

Pero, ¿qué ocurre hoy cuando un 10% o un 12% de la base socialdemócrata decide cruzarse de brazos? Una desgracia matemática. La cifra de partida del partido se derrumba de golpe. Y al derrumbarse esa primera casilla, todos los divisores posteriores caen en picado como un castillo de naipes. De repente, aquel último escaño de resto, un diputado que a menudo se decide sobre las diez de la noche por apenas un par de miles de votos agónicos, deja de ser disputable para la izquierda.

Ese escaño huerfano va directo a las casillas del Partido Popular o de Vox. Y lo más sangrante del caso para los estrategas de la izquierda: la derecha se adjudica esa victoria holgada en la provincia, pasando un reparto equilibrado de 2-2 a un contundente 3-1, sin haber necesitado sumar un solo elector nuevo a sus filas. Les ha bastado con ver caer los fruta madura del árbol ajeno. Y aquí conviene deshacer uno de los grandes mitos de la cultura popular española: la idea de que el voto en blanco es una forma inocua o poética de protestar contra la clase política.

Nada más lejos de la realidad.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en su célebre artículo 163, establece con claridad meridiana que el voto en blanco es voto legalmente válido. Y al ser válido, se suma de inmediato al montón total sobre el que se calculan los porcentajes de todas las candidaturas. Es verdad que en una provincia grande el voto en blanco perjudica a los partidos pequeños porque sube la barrera legal del 3% para entrar al reparto. En una provincia media ese 3% da un poco igual, porque para sacar escaño necesitas de todos modos un 15%. Pero el efecto perverso del voto en blanco en Albacete o en Jaén es otro muy distinto: infla el denominador global sin darle un solo diputado a nadie.

Al hinchar la bolsa de votos válidos sin aportar nada a la suma del PSOE, hace que el porcentaje relativo de los socialistas se encoja un poquito más. ¿A quién beneficia esa pequeñez? Al partido que va primero en la provincia, que ve cómo sus cocientes iniciales ganan distancia de seguridad respecto a los perseguidores. El sobre vacío, por tanto, termina trabajando a turno completo para la mayoría de la derecha.

El naufragio de las mayorías

En las tertulias políticas de Madrid se suele escuchar un argumento muy socorrido. Los analistas acostumbran a decir que la abstención de un simpatizante es "la mitad de mala" que si ese mismo simpatizante se enfadara tanto como para votar directamente al rival. En el papel, sobre una tabla de Excel nacional, la frase suena razonable. Pero en el barro de la circunscripción provincial, esa teoría es una auténtica ilusión óptica. Un espejismo peligroso.

Hagamos una pausa y pensemos en un ejemplo concreto. Visualicemos una provincia media cualquiera. Doscientos mil ciudadanos acuden a las urnas para elegir a cinco diputados. En un escenario de movilización normal, el PSOE podría sacar, digamos, unos 70.000 votos, mientras el PP obtiene 80.000 y Vox 30.000. El resultado al aplicar la calculadora sería un empate técnico en la gobernabilidad: dos diputados para el PP, dos para el PSOE y uno para la extrema derecha.

Ahora cambiemos el guion. Supongamos que no hay trasvase. Que ni un solo votante socialista decide coger la papeleta del PP. Sin embargo, unos catorce mil votantes de la izquierda —un modesto 12% de su base— están desencantados con el rumbo del Gobierno, con los acuerdos parlamentarios o con la marcha de la economía, y deciden no votar.

La cifra del PSOE en la urna cae a 56.000 papeletas. El PP no ha ganado ni un solo elector. Sigue teniendo exactamente los mismos 80.000 apoyos del día anterior. Y sin embargo, cuando el juez de la junta electoral divide 56.000 entre dos, la segunda casilla del PSOE se queda en unos exiguos 28.000 votos. Mientras tanto, al dividir los 80.000 del PP entre tres, la tercera casilla conservadora arroja 26.666 votos. Si la abstención hubiera sido apenas un poquito mayor, el tercer diputado del PP habría barrido al segundo del PSOE sin despeinarse.

En cuestión de horas, el casillero de la provincia pasa de un 2-2 de resistencia a un 3-1 demoledor. Un solo escaño que vuela. Multipliquen ese fenómeno por quince o veinte provincias del interior de España y tendrán la explicación exacta de cómo se pierde una investidura en el Congreso de los Diputados. La oposición no ha necesitado gastar un solo euro en convencer a los indecisos, ni ha tenido que hacer promesas espectaculares en campaña. Le ha bastado con sentarse a la puerta de su casa a esperar que la desmovilización del contrario hundiera los divisores del rival.