Más de una década después de que miles de viviendas públicas cambiaran de manos a precio de saldo, los bloques vuelven a estar en el mercado. Esta vez no es el Ayuntamiento ni la Comunidad quienes venden, sino los fondos que compraron barato y ahora calculan que es momento de recoger beneficios. El Sindicato de Inquilinos de Madrid ha lanzado una campaña para que 17.000 de esas viviendas —muchas de ellas antiguas promociones públicas— regresen al patrimonio estatal a través de Casa47, la entidad dependiente del Ministerio de Vivienda. La pregunta es si el Estado está dispuesto a recomprar lo que un día decidió desprenderse.
De vivienda social a activo financiero
En 2013, el Ayuntamiento de Madrid presidido por Ana Botella vendió 1.860 viviendas públicas a Blackstone por un precio medio de 68.000 euros. Aquella operación, cuestionada judicial y políticamente, simbolizó una época en la que el ladrillo dejó de ser política social para convertirse en instrumento de ajuste presupuestario.
Desde entonces, la cartera de vivienda en alquiler ha sido uno de los activos más rentables para los grandes fondos internacionales. Fidere, Testa o Nestar —filiales de Blackstone y Azora— consolidaron miles de contratos en barrios populares. Con alquileres al alza y un mercado tensionado tras más de un millón de desahucios acumulados desde la crisis financiera, la vivienda se convirtió en valor refugio.
Ahora esos mismos fondos estudian vender de forma masiva. Según el economista y diputado Carlos Martín Urriza, el movimiento responde a un cálculo financiero: compraron en la fase baja del ciclo y venden cuando el precio está en máximos. Necesitan liquidez y anticipan una posible corrección del mercado.
Comprar lo que ya fue público
El Sindicato de Inquilinos plantea que el Estado adquiera las viviendas “al mismo precio al que se vendieron”. No es una consigna simbólica. Es una forma de subrayar la diferencia entre el valor de entonces y el actual. En barrios donde el alquiler medio supera los 1.000 euros, la recompra supondría una operación de gran envergadura presupuestaria. El debate no es sentimental: es fiscal y político.
Inquilinas organizadas, administración interpelada
Las vecinas de una veintena de bloques han anunciado la entrega de cartas en el Ministerio de Vivienda. Reclaman estabilidad en sus contratos y protección frente a posibles subidas o ventas individuales que las expulsen a un mercado con precios récord.
Durante estos años, denuncian subidas abusivas y mantenimiento deficiente. La rentabilidad ha sido alta; la inversión en mejora, discutible. El conflicto no es solo contractual, es estructural: qué papel debe jugar el Estado cuando el mercado inmobiliario se desborda.
La campaña se apoya en precedentes recientes. En Catalunya, la presión vecinal y una huelga de alquileres prolongada llevaron a que 1.700 viviendas de la Fundación La Caixa fueran incorporadas de manera permanente al parque público. El ejemplo demuestra que la intervención no es jurídicamente imposible, aunque sí políticamente costosa.
La ratio europea como horizonte
España mantiene un parque público de vivienda inferior al 3%, muy lejos de la media europea. El Gobierno ha reiterado su intención de ampliarlo hasta estándares comunitarios. La venta masiva de estos activos tensiona ese compromiso: es más sencillo anunciar nuevos desarrollos que recomprar viviendas en manos privadas a precios de mercado.
La operación que se perfila no es menor. Si el Estado interviene, enviará una señal clara sobre su voluntad de corregir decisiones pasadas. Si no lo hace, el ciclo financiero seguirá su curso y miles de contratos cambiarán de propietario.
En el tablero inmobiliario español, la vivienda social ha demostrado ser intercambiable. Ahora quienes viven en esos pisos intentan recordar que no son una línea en un balance, sino hogares. El mercado calcula; las inquilinas cuentan los meses que quedan de contrato.