Francia vuelve a enfrentarse a una de esas convulsiones sociales que revelan las grietas de un sistema político que parecía estable. Lo que comenzó como una protesta estudiantil contra las deficiencias de los centros educativos ha desembocado en una movilización nacional de entre 500.000 y 800.000 personas con enfrentamientos, edificios públicos destruidos, comercios saqueados y miles de detenidos. Pero reducir lo ocurrido a una sucesión de disturbios supondría ignorar la cuestión fundamental de por qué una generación de jóvenes ha llegado a considerar que las instituciones no están respondiendo a sus expectativas ni garantizando sus oportunidades.
El estallido sitúa al Gobierno de Emmanuel Macron ante un dilema que va más allá de la gestión del orden público. La respuesta policial puede contener episodios de violencia, pero no resolverá por sí sola las frustraciones que han alimentado la movilización. Detrás de las aulas deterioradas, la falta de profesores y las dificultades para acceder a la universidad aparece una sensación más profunda de bloqueo social en un país donde la educación ha sido tradicionalmente presentada como una vía esencial de promoción y movilidad. La crisis francesa ya no es solamente educativa es una crisis de expectativas, confianza institucional y futuro.
Protesta nacional
Las primeras movilizaciones descritas comenzaron el 21 de septiembre en Créteil, al sureste de París. Los estudiantes denunciaban unas condiciones educativas que consideraban incompatibles con sus necesidades. Instalaciones deterioradas, insuficiencia de docentes, horarios exigentes y aulas que continuaban soportando temperaturas elevadas después de las olas de calor del verano.
La frustración alcanzaba también al acceso a la educación superior. El sistema digital Parcoursup, mediante el que se gestionan las solicitudes universitarias, se había convertido para numerosos estudiantes en un símbolo de incertidumbre y desigualdad. Cuando las decisiones que condicionan el futuro académico dependen de procedimientos que los jóvenes perciben como poco transparentes o difíciles de comprender, la promesa de igualdad de oportunidades pierde credibilidad.
Los profesores comparten parte de esas preocupaciones. Las clases masificadas, las dificultades para mantener unas condiciones adecuadas de enseñanza y las diferencias salariales respecto a otros trabajadores públicos alimentan un malestar que no puede explicarse únicamente por la impaciencia juvenil. Es un malestar compartido, profundo y estructural. Y eso, en Francia, es pólvora.
Lo inesperado fue la velocidad de expansión de las protestas. Las movilizaciones alcanzaron alrededor de 700 centros educativos y se extendieron a distintas localidades del país. La ausencia aparente de una dirección centralizada o de un manifiesto único dificultó identificar interlocutores capaces de representar al conjunto de los participantes. Esta falta de una estructura reconocible puede ser una fortaleza inicial para una protesta que se alimenta de agravios compartidos, pero también constituye una debilidad cuando llega el momento de negociar soluciones. Sin una representación aceptada por los distintos sectores movilizados, el Gobierno puede encontrar dificultades para distinguir entre las demandas educativas, las reivindicaciones sociales más amplias y las actuaciones de quienes recurren a la violencia. Y esa distinción, en momentos de crisis, es vital.
Mayo del 68
La comparación con Mayo del 68 resulta inevitable, aunque no conviene convertirla en una equivalencia automática. Entonces, las protestas universitarias cuestionaron las jerarquías tradicionales, las estructuras educativas y un orden social considerado excesivamente rígido. La movilización estudiantil terminó conectándose con una huelga general que paralizó buena parte del país y puso en cuestión la autoridad política y cultural de la época. La Francia actual es diferente, pero existe un paralelismo relevante: la percepción de que las instituciones ofrecen respuestas insuficientes a una sociedad que está cambiando más deprisa que sus mecanismos de integración.
Los jóvenes afrontan un futuro marcado por la transformación tecnológica, la inteligencia artificial, la incertidumbre laboral y las consecuencias del cambio climático. A esas inquietudes se suman las tensiones internacionales y el encarecimiento de bienes esenciales. El problema no consiste únicamente en encontrar empleo, sino en conseguir que ese empleo permita construir una vida autónoma. Y eso, hoy, en Francia, es casi una quimera.
La contradicción resulta especialmente visible en el acceso a la vivienda. La formación académica y el esfuerzo individual ya no garantizan, para muchos jóvenes europeos, la posibilidad de emanciparse en condiciones razonables. La promesa de ascenso social pierde fuerza cuando los salarios no permiten afrontar alquileres elevados y cuando la estabilidad laboral parece alejarse. En ese contexto, la protesta educativa se convierte en una expresión de un malestar mucho más amplio. Las aulas actúan como punto de partida porque concentran a una generación que comparte experiencias, pero las razones de la movilización pueden extenderse más allá del sistema escolar porque cuando una generación deja de confiar en que el esfuerzo le permitirá vivir mejor, el conflicto deja de ser sectorial y adquiere una dimensión política.
Vivienda, inflación y desigualdad de oportunidades
Las protestas francesas se inscriben en un contexto europeo de creciente preocupación por el coste de la vida y la dificultad de acceder a una vivienda. En España, las reivindicaciones relacionadas con los alquileres y la emancipación juvenil han adquirido una presencia destacada en el debate público, sobre todo tras el desahucio de Maricarmen, la acampada en la Puerta del Sol, los decretos de vivienda derogados por el Congreso y la convocatoria electoral. En otros países, las preocupaciones sobre los servicios públicos, los salarios y las perspectivas laborales también han alimentado distintas formas de protesta.
La pandemia alteró las condiciones de vida y las expectativas de numerosos ciudadanos. Posteriormente, las tensiones inflacionistas, los problemas de suministro y las crisis energéticas presionaron los presupuestos familiares. La intensidad de esos efectos varía según el país y el grupo social, pero la percepción de que los costes aumentan más deprisa que las oportunidades se ha convertido en una fuente de desconfianza que se transforma en veneno.
La desigualdad no se mide exclusivamente por la diferencia de ingresos, también se manifiesta en la distancia entre quienes pueden recibir ayuda familiar para comprar una vivienda y quienes dependen exclusivamente de su salario, entre quienes pueden prolongar sus estudios sin urgencias económicas y quienes necesitan trabajar cuanto antes y entre quienes cuentan con estabilidad y quienes encadenan situaciones precarias.
En Francia, la respuesta a esa pregunta puede tener consecuencias electorales importantes. Una protesta que comienza reclamando mejores condiciones educativas puede terminar cuestionando la capacidad del conjunto del sistema político para responder a las necesidades de la ciudadanía. Cuando esa desconfianza se consolida, las soluciones técnicas dejan de ser suficientes y la discusión se desplaza hacia la legitimidad de quienes gobiernan, lo cual es muy peligroso.
La oportunidad para la extrema derecha
La dimensión violenta de los disturbios introduce un segundo conflicto. Es necesario distinguir entre estudiantes que se manifiestan pacíficamente, profesores y familias que respaldan sus reivindicaciones, y los grupos que atacaron a la Policía, incendiaron edificios como el Ayuntamiento de Limoges o saquearon comercios. La legitimidad de una protesta no convierte en legítima cualquier conducta realizada bajo su cobertura. Los daños a instalaciones públicas y negocios afectan también a ciudadanos que no tienen responsabilidad en las deficiencias denunciadas. Además, debilitan el apoyo social a las reivindicaciones originales y facilitar que el debate público se concentre en la seguridad en lugar de hacerlo en las causas del malestar.
Ese desplazamiento beneficiará a las fuerzas que sitúan el orden público en el centro de su discurso. Marine Le Pen y la Agrupación Nacional disponen de un marco político conocido. Prometer más recursos policiales, reforzar la disciplina escolar y atribuir parte de los problemas a la inmigración y a la debilidad de las instituciones. Sin embargo, culpar automáticamente los disturbios a la inmigración sin pruebas verificables constituye una simplificación que puede alimentar la estigmatización. La responsabilidad penal debe establecerse individualmente, mediante investigaciones y procedimientos judiciales, no a partir de generalizaciones sobre el origen de los participantes.
La violencia también perjudicará a la izquierda. Francia Insumisa, el partido de Jean-Luc Mélenchon, se enfrenta al desafío de respaldar las reivindicaciones sociales sin quedar identificado con los actos de destrucción. Si el debate termina reducido a una confrontación entre orden y protesta, las demandas sobre educación, vivienda y oportunidades pueden perder espacio frente a la disputa sobre seguridad. El dilema no consiste en elegir entre ignorar la violencia o abandonar las reivindicaciones sociales, sino en responder a ambas cuestiones sin confundirlas, proteger a los ciudadanos y sus bienes, garantizar el derecho de manifestación y abordar los problemas que han dado origen a las protestas. Todo a la vez. Todo con equilibrio. Todo con responsabilidad.
Macron ante la prueba de gobernabilidad
Para el Gobierno de Macron, la dificultad es doble. Debe evitar que los disturbios se extiendan y, al mismo tiempo, demostrar que las instituciones pueden responder a las demandas educativas con medidas concretas. Una estrategia centrada exclusivamente en la seguridad puede contener los episodios violentos sin restaurar la confianza. Una respuesta basada únicamente en concesiones, por su parte, puede resultar insuficiente si no aborda los problemas estructurales que alimentan el descontento.
La situación adquiere una dimensión adicional por la proximidad de las elecciones presidenciales previstas para abril de 2027. El desgaste del centro-derecha, la práctica desaparición del Partido Socialista y la competencia entre la extrema derecha y la extrema izquierda convierten cualquier crisis social de gran magnitud en un factor potencialmente relevante para la campaña. Aquí, de momento, quien está ganando es Marine Le Pen que, hasta ahora, ha sido frenada porque en la segunda vuelta había una opción de centro-derecha o de centro-izquierda. Sin embargo, si el enfrentamiento final es entre la extrema derecha y la extrema izquierda, entonces la primera mujer que presida la República Francesa será una ultra.
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