Izquierda Unida cree que el Gobierno de EEUU que preside Donald Trump se ha implicado en el procedimiento judicial abierto contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para desestabilizar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, según informa Público.
Así lo aseguran fuentes de la formación después de que este medio desvelara el pasado martes que “la Administración Trump entregó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que sigue la causa contra Zapatero grabaciones clave del caso Plus Ultra dos meses antes de la imputación del expresidente”. A la denuncia de IU se suma la información que la izquierda española reveló tras publicarse el auto del juez Calama contra Zapatero, y que apuntaba a reuniones en la Embajada de Estados Unidos en Madrid celebradas en los días previos al procesamiento del expresidente español, y a las que asistieron Feijóo, Abascal y Ayuso. Allí, supuestamente, habrían hablado con el embajador norteamericano, Benjamín León, Jr, de la situación judicial que asfixia al Gobierno de coalición.
A este respecto, Enrique Santiago, diputado de Sumar, aseguró: “Creo que el señor Feijóo, el señor Abascal y la jefa del PP, la señora Ayuso, tienen que explicar qué estuvieron haciendo todos la semana pasada en la Embajada de los Estados Unidos. Creo que deben explicar si están coordinando algún tipo de actuación que acabe en los tribunales españoles y creo que deben explicar si están aprovechando esta situación en torno al señor Zapatero para bloquear actividades lícitas para sortear sanciones unilaterales e ilegales en el derecho internacional impuestas por los EEUU”. Y no sería la primera vez. Trump y la oposición venezolona han trabajado juntos para derribar al Gobierno de Maduro, así que el caso español no hace más que seguir un modelo, un patrón.
“Los datos confirmados hoy públicamente [por el martes], que aparecen en la causa que investiga en la Audiencia Nacional el magistrado José Luis Calama sobre la forma en la que la agencia de EEUU Homeland Security Investigations accedió a la información contenida en el teléfono móvil del directivo y socio de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, en el año 2021, y la dio a conocer más de un lustro después, pone de manifiesto varias cuestiones relevantes”, afirman portavoces de IU a Público.
La primera, señalan las citadas fuentes, es que esa información permaneció “cinco años en manos de EEUU” antes de ser enviada a España “para ayudar supuestamente en la apertura de un procedimiento contra el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero”, lo que, a su juicio, pone de manifiesto que “su principal finalidad es [...] servir para desestabilizar al actual Gobierno”.
“En segundo lugar”, añaden, “las actuaciones puestas en marcha por el juez instructor [el magistrado José Luis Calama] para garantizarse que este contendido pueda ser usado en una futura vista oral, después de reconocer su uso preliminar en la investigación, deja entrever serias dudas sobre la legalidad de la obtención de dicha información y, por tanto, cuestiona que sea utilizada en un procedimiento judicial en nuestro país con plenas garantías”.
Por último, las fuentes de IU señalan que “para quien tuviera alguna duda, queda claro que el objetivo último de algunas agencias de Estados Unidos que supuestamente colaboran de manera desinteresada con nuestro país no es perseguir posibles casos de corrupción como este”. “En su orden de prioridades”, aseguran, “está castigar a quienes, de una forma u otra, puedan participar en operaciones comerciales para eludir las sanciones arbitrarias, del todo punto ilegales según el derecho internacional, impuestas por EEUU a determinados países contra los que están enfrentados, como puede ser Venezuela”.
El proceso a Zapatero se dirimirá en torno al informe que el HSI, la agencia norteamericana, envió al juez Calama tras requisar el teléfono del empresario Rodolfo Reyes en el aeropuerto de Miami. La jurisprudencia española distingue entre prueba ilícita (obtenida vulnerando derechos fundamentales según la Constitución Española) y prueba irregular, obtenida sin cumplir ciertos requisitos formales, pero sin vulnerar derechos fundamentales. La cuestión es, ¿la obtención del móvil vulneró derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española? La doctrina general dice que si la prueba se obtuvo legalmente en el país de origen, aunque allí existan estándares distintos, no se considera automáticamente ilícita en España. Pero sí debe acreditarse la cadena de custodia; la autenticidad; garantías mínimas; ausencia de manipulación; y legalidad en el país de origen.
De ahí que el juez Calama se haya apresurado a solicitar a EEUU la documentación completa. Cabe pensar, por tanto, que la prueba obtenida de forma ilícita en Miami podría anular todo el sumario en base a la “doctrina del fruto del árbol envenenado o contaminado”. La causa podría ser archivada si EEUU no acredita que la incautación fue legal en su jurisdicción y si se demuestra que hubo una cooperación policial sin control judicial o con vulneración de derechos fundamentales en España (por ejemplo, una “investigación encubierta” o prospectiva sin autorización judicial española).