El único punto en el que puede sostenerse la gestión de Pedro Sánchez es que la macroeconomía española se desplaza por una pista de aterrizaje suave hacia la estabilidad definitiva. El último dato publicado del IPC, que sitúa la inflación en el 2,3%, es presentado por el Moncloa como el triunfo incontestable de su gestión frente a las turbulencias externas. Sin embargo, bajo el barniz de estas cifras macro se oculta una realidad mucho más cruel: la de una pérdida de poder adquisitivo estructural que no cesa, camuflada ahora por un oportuno cambio en la metodología de medición que amenaza con convertir la estadística pública en una herramienta de marketing político del sanchismo y de Moncloa.
La reciente moderación de la inflación no responde a un alivio real en el coste de la vida, sino a un efecto puramente comparativo y metodológico que favorece el relato gubernamental. La bajada en los gastos de vivienda es un espejismo estadístico, ya que los precios no han descendido, sino que simplemente han subido a un ritmo menor que en el ejercicio anterior. Pero el aspecto más controvertido de este informe es el estreno de una nueva ponderación del gasto por parte del INE. Este cambio normativo actúa, en la práctica, como un borrón y cuenta nueva que impide comparar la escalada de precios actual con los años precedentes, diluyendo el impacto de productos básicos que han acumulado subidas de hasta el 60% en el último cuatrienio.
Este intervencionismo técnico parece extenderse a la definición misma de lo que es un hogar medio en España. La nueva estadística asigna a la alimentación un peso de apenas el 17% del presupuesto familiar, una cifra idéntica a la que se otorga a sectores discrecionales como la restauración y los hoteles. Resulta difícil sostener que un hogar medio, asfixiado por el encarecimiento de la cesta de la compra, dedique los mismos recursos a comer que a las vacaciones o el ocio. Al reducir el peso de los bienes de primera necesidad, aquellos que más se han encarecido mensualmente, e inflar el de los gastos prescindibles, el Gobierno de Pedro Sánchez logra una cifra de IPC armonizado mucho más amable, pero desconectada de la asfixia financiera que sufren las familias en el supermercado.
La gravedad de esta desconexión reside en que el IPC es la métrica que rige las cláusulas de revisión salarial y los convenios colectivos en España. Si el índice no refleja la realidad de lo que la mayoría padece, sino una media técnica ajustada en los despachos de Madrid, se produce una transferencia de rentas silenciosa. Los salarios suben según una estadística edulcorada, mientras el coste real de la vida sigue drenando los ahorros de los trabajadores. El Ejecutivo de Sánchez parece haber optado por gobernar para el dato y no para el ciudadano, ignorando la necesidad de un IPC de productos de primera necesidad que muestre la fotografía real de la carestía. Mientras el carrito de la compra siga siendo un artículo de lujo, la recuperación económica no será más que otra ilusión del alquimista de Moncloa.