Las palabras de los líderes políticos no son simples frases pensadas para abrir un telediario a las tres de la tarde. Qué va. Son cerillas encendidas que caen directamente sobre un bidón de gasolina. Eso es justo lo que ha pasado en Madrid tras el anuncio de adelanto de elecciones.
Cuando la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, irrumpió en plena precampaña lanzando el fantasma de un pucherazo para el próximo 29 de noviembre, pidiendo a la gente que no se le ocurra utilizar el voto por correo, no cometió un desliz. Tampoco fue un calentón de barra de bar ni un patinazo de los que se corrigen a las pocas horas con una nota de prensa redactada con prisas. Fue un movimiento frío. Calculado al milímetro. Una maniobra dirigida a demoler el pilar más sagrado que nos queda: la fe en el sistema electoral español.
Lanzar una acusación de fraude electoral así, sin enseñar un solo papel, sin aportar un triste indicio o una sola denuncia cursada ante un juzgado de guardia, es cruzar una línea roja peligrosa. De esas que, una vez se traspasan, cuesta Dios y ayuda volver a pisar suelo firme.
La historia nos enseña que el guion no es nuevo. Ya lo hemos visto antes, a casi seis mil kilómetros de distancia. La escena traslada de inmediato a aquel otoño desapacible de 2020 en Estados Unidos. Donald Trump, viendo cómo el recuento del voto le iba quitando la reelección tramo a tramo en estados clave frente a Joe Biden, montó en cólera y puso en marcha una maquinaria implacable de intoxicación. Repitió la gran mentira mil veces desde los atriles de la Casa Blanca. Decía que le estaban robando el país en los despachos oscuros de las oficinas de correo. Y aquella mentira, de tanto repetirse, fue calando en millones de ciudadanos que prefirieron creer en la conspiración antes que aceptar la amarga verdad de los números.
El final de aquella historia ya lo conocemos todos. No fue una metáfora. Fue sangre, cristales rotos y humo en los pasillos de mármol del Capitolio el 6 de enero de 2021. La mayor herida a la democracia norteamericana en más de un siglo se coció así, a fuego lento, con discursos que sembraban la duda sobre la limpieza de las urnas.
La bola de nieve ya ha empezado a rodar aquí. El verdadero peligro de la maniobra de Ayuso no es solo la frase en sí, sino lo bien que engancha con el descontento del electorado. En España llevamos años acumulando una polarización política tan bruta que el terreno está seco, listo para arder con cualquier chispazo. Hay un sector enorme de la población movilizado por un sentimiento antisanchista que va mucho más allá de lo ideológico; es algo visceral. Y esa masa está dispuesta a dar credibilidad a cualquier teoría, por descabellada o absurda que suene, con tal de confirmar su peor sospecha: que hay un régimen dispuesto a todo para no soltar el sillón.
El bulo corre como la pólvora. Se mueve rápido en las tertulias, vuela por los grupos de WhatsApp de la familia, se expande gracias a la dictadura del algoritmo de las redes sociales que premia la polémica a pesar de que vaya enmarcada en afirmaciones sin contrastar y se convierte en verdad indiscutible.
Al transformar una simple sospecha sin pruebas en un dogma para los suyos, Ayuso está armando una trampa psicológica endiablada. Si a un ciudadano le convences de que el árbitro está vendido y que el escrutinio electoral está amañado desde los despachos del Gobierno, la derrota en las urnas deja de ser un resultado legítimo. Pasa a ser una estafa. Una pérdida de confianza institucional que, a sus ojos, justifica cualquier tipo de respuesta.
La gran pregunta que hoy se hace medio país, entre el susurro y la inquietud, es qué va a pasar el 29 de noviembre cuando se abran las urnas y se cuenten las papeletas.
Imaginemos por un momento la escena. La noche electoral avanza, los datos van cayendo y la suma del Partido Popular y Vox no alcanza la mayoría absoluta que sus líderes dan por hecha. Imaginemos que la izquierda, contra todo pronóstico, logra hilvanar de nuevo una mayoría de investidura. En ese instante, el veneno arrojado durante estas semanas puede actuar como un ácido corrosivo sobre la convivencia nacional. El fantasma del fraude dejará de ser una disputa de plató de televisión para convertirse en un problema real de orden público en las calles.
Habiéndole dicho a la gente durante casi dos meses que el proceso venía viciado desde el origen por el voto por correo en España, ¿quién convence a los sectores más crispados de que hay que aceptar el resultado? La tentación de la desobediencia cívica y la negativa a declarar el veredicto válido será casi irresistible.
Con la imagen del asalto al Capitolio flotando en la memoria colectiva, no es ningún disparate pensar en lo que podría venir después. Concentraciones ruidosas ante las juntas electorales para frenar el escrutinio definitivo, asedios a las puertas del Congreso de los Diputados o llamadas abiertas a la desobediencia. Ya no son fantasías trágicas sacadas de una novela de ficción política. Es el destino natural de una retórica que sitúa al rival fuera de la ley y de las reglas del juego.
Y mientras tanto, ¿qué dice Alberto Núñez Feijóo? Un silencio helador.
La postura de la cúpula del Partido Popular ante las palabras de su baronesa más poderosa resulta, cuando menos, escalofriante. Mantenerse en la equidistancia, perfilando matices tibios o mirando para otro lado para no soliviantar a la parroquia más dura, equivale a ser cómplice por omisión. Por no frenar a tiempo el impulso de su ala más radical, el conservadurismo tradicional está permitiendo que las normas básicas de la convivencia democrática salgan volando por la ventana.
Las democracias raras veces se mueren de la noche a la mañana por el golpe de estado de un general con tanque en la calle. Casi siempre se van agrietando por dentro, despacio, de forma silenciosa. Se quiebran cuando los propios líderes políticos deciden comprar el discurso del pucherazo y dinamitar la fe de la gente en las herramientas que garantizan la transición pacífica del poder.
El servicio postal de Correos, los miles de ciudadanos anónimos a los que les toca por sorteo pringarse un domingo entero en una mesa electoral y la labor de la Junta Electoral Central son el cimiento de nuestra convivencia. Atacar esa confianza por rascar un par de titulares o arañar unos miles de votos es jugar con fuego en un pajar.
Si la noche de las elecciones generales del 29N las urnas no dicen lo que algunos esperan escuchar en sus sedes, las chispas que puedan saltar en las plazas no serán responsabilidad exclusiva de los que salgan a protestar con la pancarta en la mano. La responsabilidad histórica recaerá sobre quienes, teniendo el altavoz del poder y la responsabilidad de un cargo público, prefirieron sembrar la duda electoral antes que encajar la posibilidad de perder una elección. Y no será extraño ver entrando en el Congreso a un tipo con una cabeza de toro bravo español imitando al colega de Qnon que asaltó el Capitolio con una cabeza de bisonte.
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