La crisis de Ceuta exige explicaciones. Exigía saber qué información recibió el Gobierno, qué advertencias fueron evaluadas, cómo se produjo la entrada masiva, qué papel desempeñó Marruecos, cuántas personas cruzaron realmente, qué medidas se adoptaron y por qué la ciudad quedó expuesta a una presión extraordinaria. Exigía también hablar de las víctimas, de los menores, de los servicios públicos y de la seguridad de los ceutíes. Pero la Comisión de Interior del Senado terminó ofreciendo otra cosa: una silla vacía, una fotografía de grupo y una broma sobre cómo rotularla.
El ministro Fernando Grande-Marlaska no compareció ante la comisión extraordinaria convocada por la mayoría absoluta del Partido Popular. El Gobierno alegó que ofrecerá explicaciones en el Congreso a finales de agosto y que la agenda del ministro estaba comprometida con el operativo especial de Protección Civil desplegado por el eclipse solar. El Senado, sin embargo, mantuvo la convocatoria y celebró una sesión a la que solo acudieron representantes del PP, Vox y Junts. El presidente de la comisión, Fernando Martínez-Maíllo, denunció una supuesta desobediencia y anunció que se estudiarían consecuencias políticas y jurídicas. Después, los senadores populares se colocaron detrás de la mesa de oradores y fotografiaron la silla vacía del ministro, acompañada del letrero de “compareciente”.
La escena se diseñó para circular. No para explicar. La imagen tenía todos los ingredientes de una pieza viral: un Gobierno ausente, una silla vacía, un cartel irónico, un grupo parlamentario unido y una frase sencilla que podía recortarse y distribuirse en segundos. “Habría que pedir una que pusiera incompareciente”, bromeó uno de los parlamentarios. La política había dejado de ser una deliberación sobre una crisis nacional para convertirse en una producción audiovisual destinada al algoritmo.
Ese es el problema de fondo. La ausencia del ministro puede ser censurable, jurídicamente discutible y políticamente irresponsable, pero la respuesta del PP no fue una investigación parlamentaria en sentido pleno. Fue una escenificación de la indignación. Y la extrema derecha, que aprovechó la sesión para repetir su relato sobre el caos, el autócrata y la amenaza migratoria, encontró el escenario perfecto para transformar una tragedia compleja en una sucesión de consignas.
El Gobierno y la oposición han competido por ocupar la pantalla. Ninguno parece haber entendido que Ceuta no necesita una guerra de imágenes, sino una reconstrucción de los hechos y una respuesta dura contra Marruecos.
Ausencia que debilita al Gobierno
La crítica al Gobierno debe comenzar por una evidencia: Marlaska debió comparecer cuanto antes ante las Cortes. Si el Senado habilitó el mes de agosto y convocó una comisión extraordinaria para abordar una crisis de dimensiones excepcionales, no bastaba con anunciar que el ministro acudiría al Congreso dos semanas después. La magnitud de la entrada, el número de fallecidos, la presión sobre la ciudad autónoma y la incertidumbre sobre la respuesta estatal justificaban una explicación inmediata.
El ministro alegó que comparecerá en el Congreso el 28 de agosto, a petición propia, y que la sesión de Interior del Senado coincidía con la gestión del operativo de Protección Civil por el eclipse. Es una razón operativa real, pero la explicación no resuelve el problema político. Un Gobierno que ha sido sorprendido por una crisis fronteriza y que después decide comparecer solo cuando controla el calendario y el formato transmite una impresión de evasión.
La rendición de cuentas no puede organizarse exclusivamente en el espacio institucional más cómodo para el Ejecutivo. El Congreso tiene una posición constitucional central en la relación de confianza parlamentaria, pero el Senado también ejerce funciones de control y cuenta con una mayoría absoluta del PP que habilitó sesiones extraordinarias. El Gobierno puede discutir la interpretación jurídica de la obligación de comparecer, pero no debería convertir esa discusión en una excusa para retrasar respuestas.
La ausencia de Marlaska ha permitido al PP presentarse como víctima de un desprecio institucional. El argumento tiene una parte legítima: una comisión convocada formalmente no puede ser ignorada sin una explicación convincente. Pero la oposición ha aprovechado esa legitimidad inicial para abandonar rápidamente el terreno de la fiscalización y entrar en el de la teatralización.
La fotografía como arma política
La fotografía de la silla vacía es eficaz porque simplifica una realidad compleja. No muestra la agenda del ministro, la organización del operativo del eclipse, la fecha de la comparecencia en el Congreso ni los trámites parlamentarios. Solo muestra una ausencia. El encuadre convierte un conflicto institucional discutible en una acusación visual definitiva: el Gobierno desprecia al Senado.
Los algoritmos favorecen ese tipo de imagen. Una fotografía con un espacio vacío y un cartel irónico se entiende sin contexto, no requiere leer un informe y no necesita conocer el Reglamento del Senado. Viaja mejor que una transcripción de cuarenta minutos, que un documento jurídico o que una explicación detallada de los protocolos de emergencia. La política contemporánea ha descubierto que la mejor forma de dominar el debate no es demostrar más, sino producir imágenes fáciles de recordar.
El PP lo sabe. La extrema derecha lo sabe aún mejor. Vox ha construido buena parte de su estrategia sobre vídeos breves, frases tajantes y escenarios emocionales. La silla vacía encaja en su narrativa de un Ejecutivo que huye, oculta y desobedece. El problema es que una imagen diseñada para confirmar una sospecha no investiga nada. Solo refuerza a quienes ya estaban convencidos.
La democracia parlamentaria no puede reducirse a una batalla de memes. El Parlamento existe para preguntar, contrastar, recibir documentos, escuchar a responsables y establecer responsabilidades. Si la sesión termina con la producción de una fotografía y no con información verificable, el ciudadano obtiene espectáculo, no control democrático.
La extrema derecha y la política del miedo
Vox aprovechó la ausencia del ministro para reiterar que en Ceuta se había desatado el caos y que existían avisos de que la situación podía repetirse. Su senador Ángel Pelayo Gordillo acusó al Gobierno de avanzar hacia una deriva autocrática y anunció nuevas iniciativas contra Marlaska. El lenguaje responde al manual habitual de la extrema derecha: crisis, amenaza, desobediencia, invasión y autocracia.
Ese relato posee una ventaja narrativa: no necesita distinguir entre migración, mafias, control fronterizo, responsabilidad marroquí, desinformación y fallos administrativos. Todo queda absorbido por una imagen de colapso. El ciudadano ya no contempla una crisis que debe investigar, sino un país supuestamente tomado por una fuerza exterior y un Gobierno incapaz de actuar. La política del miedo reduce el espacio para las soluciones y aumenta el de la reacción.
El problema no es que Vox critique la gestión. La oposición tiene derecho a exigir responsabilidades y a plantear una política migratoria diferente. El problema es que utiliza a los migrantes como elementos de una escenografía de amenaza. Las personas que cruzaron Ceuta eran civiles, muchos de ellos engañados por rumores y redes criminales. Convertirlos en un ejército invasor permite justificar respuestas desproporcionadas y borra la responsabilidad de quienes controlan la frontera, de las mafias que los trasladan y de los gobiernos que no anticiparon la crisis.
La extrema derecha no busca únicamente ganar una votación. Busca gobernar el algoritmo. Para ello necesita que cada episodio se convierta en una prueba de su teoría: cualquier llegada confirma una invasión; cualquier demora confirma una conspiración; cualquier devolución incompleta confirma una rendición; cualquier cooperación con Marruecos confirma una traición. El sistema es perfecto porque nunca puede ser refutado. Cada hecho se incorpora a la historia previamente fabricada.
El papel ambiguo de Junts
La presencia de Junts en la comisión añadió otra capa de oportunismo. Eduard Pujol criticó tanto al Gobierno como al PP y Vox, calificó de circo el enfrentamiento de los grandes partidos y aprovechó para reclamar la transferencia de competencias de inmigración a Cataluña. También pidió que la presencia de Junts no se utilizara para integrarlo en un mismo bloque político con populares y ultras.infobae
La escena muestra cómo cada partido utiliza Ceuta para una agenda distinta. El PP quiere demostrar que el Gobierno no controla la seguridad. Vox quiere reforzar su relato de amenaza nacional. Junts quiere presentar al Estado como incompetente y reclamar más competencias territoriales. El Gobierno quiere reducir la crisis a una combinación de mafias y desinformación. Todos hablan de Ceuta, pero cada uno habla de su propia batalla.
El resultado es una fragmentación del interés general. La ciudad autónoma se convierte en un fondo visual sobre el que cada fuerza proyecta su ideología. Los menores, los fallecidos, los agentes, los vecinos y los servicios de acogida aparecen como elementos secundarios. El debate ya no se organiza alrededor de las necesidades de Ceuta, sino alrededor de la utilidad electoral de Ceuta.
Eso constituye un desprecio a los ciudadanos. No porque la política no deba debatir, confrontar o responsabilizar. La confrontación es parte de la democracia. El desprecio aparece cuando los partidos utilizan una emergencia para fabricar contenido viral y dejan en segundo plano la información que los ciudadanos necesitan para comprender lo ocurrido.
Choque institucional
El enfrentamiento entre el Senado y el Gobierno puede tener una dimensión jurídica. El PP sostiene que los ministros estaban obligados a comparecer y estudia acudir al Tribunal Constitucional mediante un conflicto de competencias. El Gobierno afirma que las comparecencias tendrán lugar en el Congreso y que la ausencia durante el periodo inhábil estaba justificada.
La cuestión debe resolverse con procedimientos, no con fotografías. Si el Reglamento del Senado y la Constitución obligan a comparecer en esas condiciones, el Ejecutivo debe cumplir. Si existe una interpretación distinta, tendrá que defenderla ante los órganos competentes. Lo que no puede hacer ninguna de las partes es sustituir el debate jurídico por una acusación de “desobediencia deliberada” o por una puesta en escena destinada a convertir una diferencia procedimental en un escándalo absoluto.
Un conflicto de competencias no debería utilizarse como otro episodio de la guerra mediática. El Tribunal Constitucional no puede ser tratado como una plataforma de prolongación de la campaña electoral. Si el PP cree que el Gobierno ha vulnerado sus facultades, debe presentar argumentos, antecedentes y pruebas. Si el Gobierno considera que la convocatoria era improcedente o que existía una causa objetiva para no asistir, debe explicarlo con claridad. La democracia constitucional no se defiende colocando una silla bajo los focos, sino aceptando que las disputas se resuelvan con reglas.
El problema es que la política espectáculo necesita mantener vivo el conflicto. La silla vacía puede ser reproducida miles de veces; una resolución del Tribunal Constitucional tardará meses o años. La viralidad premia la acusación inmediata, no la conclusión razonada.
El Gobierno tampoco puede esconderse
Criticar el espectáculo del PP y Vox no exime al Gobierno de su responsabilidad. La Moncloa ha tratado de posponer la explicación hasta el final de agosto, cuando la presión mediática haya disminuido y la crisis haya dejado de ocupar el primer plano. Esa estrategia puede ser comprensible desde la comunicación política, pero resulta inaceptable desde el punto de vista democrático.
Los ciudadanos necesitan saber qué ocurrió. ¿Qué información tenía el CNI? ¿Qué avisos recibió Interior? ¿Cómo se comunicaron las autoridades españolas y marroquíes? ¿Por qué se produjo una entrada de esa magnitud? ¿Qué papel tuvieron las redes sociales? ¿Cuántas personas murieron y cómo se gestionaron los rescates? ¿Qué procedimientos se aplicaron a los adultos? ¿Qué ocurrirá con los menores? ¿Qué acuerdos existen con Marruecos? ¿Qué medidas se adoptarán para evitar una repetición?
No responder inmediatamente a todo no es el problema. El problema es no establecer un calendario claro, comparecer sin documentos o reducir la crisis a una explicación única. El Gobierno no puede esconderse detrás de la desinformación. Las redes sociales pudieron contribuir a la movilización, pero no explican por sí solas el fallo de la frontera. Las mafias pudieron aprovechar la oportunidad, pero no eliminan la responsabilidad de quienes controlan el lado marroquí. La crisis exige atribuciones precisas y no coartadas comunicativas.
La ausencia de Marlaska ha permitido que la oposición ocupe el vacío. En política, el silencio nunca permanece vacío: lo llena quien tenga más capacidad para construir imágenes.
El algoritmo como poder paralelo
La política espectáculo no nació con las redes sociales, pero el algoritmo la ha convertido en un sistema industrial. Antes, una escena parlamentaria podía ocupar un telediario. Ahora puede convertirse en miles de vídeos, titulares, memes y publicaciones segmentadas por comunidades ideológicas. Cada usuario recibe la versión que confirma sus prejuicios. La silla vacía puede presentarse como prueba de la autocracia de Sánchez; el llanto de una senadora, como evidencia de una ciudad abandonada; la presencia de Vox y Junts, como señal de un frente nacional; la ausencia del resto de partidos, como prueba de una connivencia.
La democracia pierde cuando la política se diseña exclusivamente para esa circulación. Los discursos dejan de elaborarse para persuadir al adversario o explicar al ciudadano indeciso. Se construyen para ser recortados. La frase debe ser más fuerte que la anterior, la acusación más grave que la del rival y la imagen más dramática que la del día anterior.
En ese entorno, la manipulación no necesita inventar completamente los hechos. Basta con seleccionar una parte y ocultar el resto. Marlaska no compareció, pero sí había anunciado una comparecencia posterior. El Senado se reunió, pero sin presencia del ministro no podía realizar un interrogatorio real. Vox criticó la ausencia, pero convirtió la crisis migratoria en una acusación de invasión. Junts pidió competencias, pero rechazó ser incluido en el mismo bloque que PP y Vox. Cada fragmento es cierto por separado; el conjunto puede ser engañoso.
Los ciudadanos no necesitan que los políticos griten más. Necesitan que les digan qué está probado, qué se investiga, qué se desconoce y qué decisiones pueden adoptarse.
La política y el desprecio
La fotografía de la silla vacía no es ofensiva porque tenga humor. El humor parlamentario es legítimo y puede ser una herramienta de crítica. Es problemática porque se produjo después de una sesión en la que apenas se mencionaron las víctimas mortales de la frontera y se dedicó más energía a denunciar la ausencia del ministro que a reconstruir las circunstancias de la tragedia.
Ceuta ha sufrido un ataque de guerra híbrida. Las familias de los fallecidos necesitaban información. Los vecinos necesitaban garantías. Los menores necesitaban protección. Los agentes necesitaban recursos. En cambio, el principal producto político de la sesión fue una imagen diseñada para circular.
Esa diferencia entre la gravedad de la realidad y la ligereza del producto político es la esencia del desprecio ciudadano. Los partidos saben que la imagen será compartida, comentada y utilizada en tertulias. Saben también que pocos ciudadanos leerán el acta, revisarán el orden del día o estudiarán las competencias parlamentarias. La indignación se convierte en un fin en sí mismo.
Una democracia madura puede soportar el conflicto, pero no puede sobrevivir si el espectáculo sustituye de forma permanente a la verdad.
Una crisis que exige sobriedad
La respuesta parlamentaria a Ceuta debería haber sido sobria. El PP tenía motivos para exigir la comparecencia inmediata de Marlaska. El Gobierno tenía derecho a explicar las razones de su ausencia y a proponer una fecha. Vox podía presentar sus críticas y Junts sus demandas competenciales. Después, la comisión debía formular preguntas, reclamar documentos y establecer responsabilidades.
En lugar de eso, se produjo una cadena de gestos calculados. La silla, la foto, el chascarrillo, los discursos de indignación y las amenazas legales compitieron por dominar el ciclo informativo. La crisis se convirtió en una batalla por la titularidad de la víctima y por la propiedad del relato.
El PP debería entender que gobernar una oposición no consiste en hacer ruido, sino en construir una alternativa. Si aspira a dirigir España, debe demostrar que puede gestionar una crisis compleja sin alimentar el pánico. Vox tiene derecho a una posición dura, pero no a manipular la realidad para convertir a civiles en invasores. Junts puede defender más competencias para Cataluña, pero no debería utilizar una crisis fronteriza para desentenderse de la responsabilidad común. Y el Gobierno debe abandonar la estrategia de retrasar explicaciones.
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