La idea de que el Partido Popular podría afrontar un castigo electoral por su posición de apoyo a la guerra ilegal de Trump contra Irán no es descabellada. Los escenarios de 2004 y 2026 parecen repetirse de una forma prodigiosamente calcada. Un conflicto en Oriente Medio, una guerra injusta, las habituales mentiras de Estados Unidos sobre las armas de destrucción masiva. En 2004, tras la participación del Gobierno de José María Aznar en la invasión de Irak, una parte significativa del electorado expresó en las urnas su rechazo a aquella decisión. Hubo un castigo, un repudio al belicismo, sobre todo tras los sangrientos atentados del 11M. La prueba de que puede volver a pasar es que Aznar ya ha salido con su habitual tono faltón a calificar de “ingenuos y buenistas” a quienes pidan la paz. Las mismas frases que ya dijo hace más de veinte años con los nefastos resultados que todos conocemos.
Análisis posteriores señalan que el apoyo a la guerra, sumado a la gestión de los atentados del 11 de marzo, contribuyó a un vuelco electoral inesperado. Hoy, dos décadas después, algunos observadores sostienen que se está configurando un escenario con paralelismos claros: un clima social contrario a la escalada bélica, una ciudadanía cansada de discursos de confrontación y un PP que, según estas lecturas, vuelve a alinearse con posiciones que una parte del país percibe como belicistas.
En la actualidad, Europa vive un momento de enorme tensión geopolítica. La guerra en Ucrania, los conflictos en Oriente Medio y el aumento del gasto militar han reabierto debates que parecían superados. En este contexto, sectores sociales diversos muestran preocupación por la deriva hacia una mayor militarización. Organizaciones pacifistas, movimientos ciudadanos y voces académicas alertan de que la respuesta a los conflictos no puede limitarse al envío de armamento o al alineamiento automático con determinadas potencias.
En este ambiente, algunos analistas sostienen que el PP ha adoptado una postura que muchos ciudadanos interpretan como un apoyo firme a la vía militar. Esta percepción, más allá de matices o explicaciones técnicas, puede tener un impacto electoral significativo, especialmente entre votantes moderados o indecisos que priorizan soluciones diplomáticas y temen una escalada internacional.
El precedente de 2004 sigue muy presente en la memoria política española. Aunque los factores que explican aquel resultado electoral fueron múltiples, el rechazo social a la guerra de Irak fue uno de los elementos más determinantes. Millones de personas se manifestaron en las calles, y la distancia entre la posición del Gobierno y la opinión pública se hizo evidente.
Quienes establecen paralelismos con la situación actual argumentan que el PP podría estar repitiendo un patrón: adoptar una postura internacional que no coincide con el sentir mayoritario de la ciudadanía. En 2004, el coste político fue inmediato. Hoy, aunque el contexto es distinto, la lógica podría ser similar: cuando un partido se percibe como alejado de las preocupaciones sociales, el electorado tiende a penalizarlo.
Diversas encuestas recientes muestran que una parte importante de la población española se inclina por soluciones diplomáticas a los conflictos internacionales. Aunque existe apoyo a la ayuda humanitaria y a la defensa de los derechos humanos, el respaldo al aumento del gasto militar o al envío de armamento es mucho más limitado. Esta tendencia se observa especialmente entre jóvenes, votantes urbanos y sectores progresistas, pero también entre perfiles moderados que priorizan la estabilidad y el diálogo. Los ciudadanos de este país no quieren guerras. Y contra esa corriente de opinión va a tener que remar Feijóo, que ya se ha posicionado al lado de Trump y sus delirios. No es un buen negocio electoral y en el PP lo saben.
En este contexto, la posición del Partido Popular puede ser interpretada por algunos ciudadanos como excesivamente alineada con estrategias de confrontación. Incluso votantes que simpatizan con el partido en cuestiones económicas o institucionales podrían sentirse incómodos con un discurso que perciben como poco prudente en materia internacional. En política, la percepción suele pesar tanto como los hechos. Aunque el PP pueda argumentar que su postura responde a compromisos internacionales o a la defensa de la seguridad europea, lo que muchos votantes retienen es una idea más simple: apoyo a la guerra frente a búsqueda de soluciones diplomáticas. Esa simplificación, justa o no, puede tener consecuencias electorales.
Además, en un escenario de alta polarización, cualquier gesto que refuerce la imagen de un partido como poco sensible al sentimiento social puede amplificarse. La oposición política y los movimientos sociales pueden convertir esa percepción en un eje de campaña, igual que ocurrió en 2004.
A diferencia de hace dos décadas, la ciudadanía actual dispone de más fuentes de información y contrasta más los discursos oficiales. Las redes sociales, los medios digitales y la multiplicidad de voces públicas permiten que las posiciones políticas se analicen con mayor detalle. Esto puede intensificar el escrutinio sobre el PP y sobre cualquier partido que adopte posturas percibidas como belicistas.
Al mismo tiempo, la sensibilidad hacia las consecuencias humanitarias de los conflictos es mayor. Las imágenes de destrucción, los testimonios de civiles y la cobertura constante de las guerras generan un rechazo emocional profundo que puede traducirse en decisiones electorales.
No es posible afirmar que la historia vaya a repetirse exactamente. El contexto político, social y mediático es distinto, y el comportamiento electoral nunca depende de un único factor. Sin embargo, quienes sostienen la tesis de que el PP volverá a pagar en las urnas su apoyo a la guerra señalan que existen elementos comunes: un clima social contrario a la escalada militar, una percepción de desconexión entre el partido y la ciudadanía, y un recuerdo histórico que actúa como advertencia. Feijóo tiene un problema de desconexión con el sentir mayoritario del país.