Los acuerdos entre PP y Vox para la formación de Gobierno en Extremadura anticipan una idea que planeaba en las últimas semanas: la segunda edición de los bifachitos regionales PP/Vox que se avecina será aún más dura que la primera. Programas autonómicos más restrictivos, retrocesos en políticas de igualdad, mayor peso de discursos identitarios excluyentes y anulación de la memoria democrática. Desde esta perspectiva, los acuerdos en comunidades como Extremadura, Aragón o Castilla y León se interpretan como un anticipo de un ciclo político más agresivo en materia de derechos y libertades.
Cuando Abascal dio la orden de romper relaciones con el PP sabía que no era para siempre. Los pactos de gobierno en Extremadura son la antesala de lo que está por llegar en otras comunidades autónomas. María Guardiola ha aceptado todas las exigencias de Vox, algo que colectivos feministas y asociaciones civiles consideran “pasos regresivos” en materia de igualdad y diversidad. En Aragón, entidades educativas y sanitarias han advertido de un giro hacia modelos más privatizadores. Y en Castilla y León, sindicatos y plataformas ciudadanas han denunciado recortes en políticas sociales y un aumento del peso de organizaciones privadas en la gestión de servicios públicos.
Quienes critican estos acuerdos sostienen que esta segunda etapa del “bifachito” (término utilizado por sectores que rechazan la alianza entre PP y Vox) no solo consolida la influencia de la extrema derecha en la agenda autonómica, sino que amplifica su capacidad para condicionar políticas públicas clave. Según esta visión, lo que antes eran concesiones puntuales ahora se ha convertido en una hoja de ruta más estructurada.
Recortes en derechos y retrocesos en políticas feministas
Uno de los puntos más señalados por organizaciones feministas es la reducción o eliminación de programas destinados a combatir la violencia de género, promover la igualdad o apoyar a colectivos LGTBIQ+. En varias comunidades se han sustituido expresiones como “violencia machista” por términos más amplios como “violencia intrafamiliar”, algo que asociaciones especializadas consideran un retroceso conceptual y político.
También se han producido cambios en campañas institucionales, retirada de materiales educativos y reducción de subvenciones a entidades que trabajan en igualdad. Para quienes critican estas decisiones, se trata de un intento de desmantelar políticas consolidadas durante décadas y de imponer un marco ideológico que minimiza la desigualdad estructural entre hombres y mujeres.
Más privatizaciones y menos servicios públicos
En el ámbito sanitario, educativo y social, plataformas ciudadanas han denunciado un incremento de conciertos con empresas privadas y una reducción de recursos destinados a servicios públicos. En Aragón, por ejemplo, sindicatos del sector sanitario han alertado de un aumento de derivaciones a clínicas privadas. En Castilla y León, asociaciones de padres y madres han criticado el refuerzo de la educación concertada en detrimento de la pública.
Quienes se oponen a estas medidas argumentan que la privatización progresiva debilita la cohesión social, aumenta las desigualdades y reduce la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos. Desde esta perspectiva, los pactos PP/Vox estarían acelerando un modelo que favorece intereses privados frente al interés general.
Más xenofobia en el discurso institucional
Otro de los elementos que organizaciones de derechos humanos han señalado es el endurecimiento del discurso sobre inmigración. En varias comunidades se han impulsado campañas que, según estas entidades, vinculan inmigración con delincuencia o saturación de servicios públicos. También se han cuestionado programas de acogida y se han propuesto restricciones adicionales a ayudas sociales para personas migrantes. Oenegés como CEAR o Amnistía Internacional han advertido de que este tipo de discursos pueden aumentar la estigmatización y dificultar la integración. Para quienes critican los pactos PP/Vox, esta deriva supone un riesgo para la convivencia y alimenta narrativas excluyentes. En Extremadura, sin ir más lejos, Guardiola le ha dado a Vox una Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. Ni que decir tiene que los inmigrantes lo van a tener difícil a la hora de regularizar su situación en España, pese a la ley Sánchez.
Más franquismo: el caso de la Cruz de los Caídos en Extremadura
Uno de los episodios más controvertidos es la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Cruz de los Caídos en Cáceres. Vox ha subido la apuesta por este monumento franquista y ha exigido a Guardiola que lo declare Bien de Interés Cultural. La próxima presidenta del PP ha accedido (no le quedaba otra si quería lograr la investidura), algo que será tanto como si en Berlín se homenajea la esvástica de Hitler en honor al ejército nazi.
El partido condiciona su apoyo a la investidura de Guardiola a la protección del monumento, reavivando el eterno debate sobre su permanencia en la ciudad. Colectivos memorialistas han denunciado que esta decisión supone un retroceso en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y una forma de blanquear símbolos vinculados a la dictadura franquista. Según estas asociaciones, la declaración de BIC dificulta la resignificación del monumento y perpetúa una visión parcial de la historia. El debate ha trascendido el ámbito local y ha sido interpretado por sectores críticos como un ejemplo de cómo los acuerdos PP/Vox pueden influir en políticas de memoria, reforzando elementos simbólicos asociados al franquismo.
Un segundo ciclo más duro
Este “segundo bifachito” será más duro que el primero. El contexto político nacional está más polarizado, favorece la radicalización de discursos y medidas y se impone el lenguaje guerracivilista de Vox. Desde esta perspectiva, lo que se observa en Extremadura, Aragón y Castilla sería solo el comienzo de un ciclo más amplio en el que los derechos sociales, las políticas feministas, los servicios públicos y la memoria democrática podrían verse aún más tensionados.