El sanchismo trajo 8 años de carro de la compra vacío

Desde 2018, año en que el sanchismo alcanzó el poder político en España, la inflación dejó de ser una abstracción estadística para convertirse en algo tan físico como el peso cada vez más ligero de una bolsa de la compra. No hizo falta que nadie explicara gráficas: bastó con mirar un ticket de caja. El dato es contundente y resume una década rota para el bolsillo medio: la cesta de la compra alimentaria se ha encarecido en torno a un 37% entre 2018 y 2024, y ronda ya el 41‑42% de subida acumulada a comienzos de 2026, frente a una inflación media general de algo más del 24% en el mismo periodo. Llenar el carro es, sencillamente, mucho más caro, y la brecha con la evolución de los salarios ha convertido el supermercado en un territorio de desgaste diario y silencioso. Estas cifras no han sido creadas por la fachosfera ni por los partidos de la oposición, sino que están recogidos por los organismos oficiales que dependen del Gobierno. 

El Índice de Precios de Consumo del INE, el mismo que se esgrime en las ruedas de prensa como prueba de éxito o fracaso, dibuja una realidad menos amable que el relato político: desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, la alimentación ha sido el componente que más se ha encarecido dentro del IPC, muy por encima de vivienda, transporte o servicios. Esa disparidad explica por qué millones de ciudadanos sienten que “el súper sube más que el IPC”: no es una percepción distorsionada, sino la constatación de que el indicador agregado suaviza un fenómeno que se concentra en el corazón de la vida cotidiana, que es la compra semanal.

Un país que empezó “ajustado” y acaba exhausto

Cuando arranca el ciclo en 2018, los hogares españoles no partían de una posición holgada. Venían de una década larga de crisis financiera, ajustes salariales y precariedad laboral extendida. El consumo se había resentido, pero la inflación se mantenía relativamente controlada, con subidas graduales que, aunque erosionaban la renta, no desbordaban por completo la capacidad de adaptación de las familias. En esa foto inicial, la alimentación ya representaba una porción considerable del gasto de los hogares de menor renta, pero aún no era el epicentro del malestar.

La tormenta perfecta tardaría unos años en desatarse. A partir de 2021, con la salida de la pandemia, los cuellos de botella en las cadenas globales, el encarecimiento de la energía y una sucesión de shocks externos comenzaron a disparar los precios de los alimentos. El IPC general escaló hasta rozar el 11% en 2022, un nivel desconocido para varias generaciones de españoles. Pero lo más significativo no fue el pico, sino la resistencia de la inflación alimentaria a moderarse, incluso cuando el dato global empezaba a bajar. La historia que contaban los boletines estadísticos era una; la que contaba la cinta de la caja registradora, otra muy distinta.

En paralelo, los salarios crecían mucho más despacio. Mientras la cesta de la compra se encarecía en torno a un 37% entre 2018 y 2024, las retribuciones medias apenas avanzaban alrededor de un 20%. Ese diferencial, aparentemente técnico, tiene una traducción brutal en la vida cotidiana: cada mes, una porción mayor del sueldo quedaba secuestrada por la alimentación básica, restando margen para vivienda, transporte, ocio o ahorro. La clase media baja, esa franja que ya vivía en el límite, vio cómo el margen de error se reducía hasta casi desaparecer.

El carro de la compra como prueba del delito

Las cifras agregadas del INE encuentran un correlato inmediato en los estudios que han replicado la “misma compra” con años de distancia. Una investigación periodística reconstruyó una cesta básica que en 2019 costaba en torno a 56 euros y constató que en 2025 la misma selección de productos se situaba ya en unos 83 euros: casi un 50% más por idéntico carro. Otra simulación, contrastando precios en varias grandes cadenas, arrojaba incrementos cercanos al 45‑46% para una cesta de productos comparables entre 2019 y 2025. No se trata ya de teoría económica, sino de un experimento sencillo que cualquiera puede entender: la misma compra, dos tickets, y una diferencia demoledora.

A nivel macro, un medio nacional que cruzó datos oficiales concluyó que la alimentación es hoy aproximadamente un 41% más cara que en julio de 2018, primer mes completo del actual ciclo político. La misma investigación estimaba que, entre 2018 y 2024, la cesta de la compra se habría encarecido algo más de un 37%, mientras que los salarios avanzaban solo en torno al 20%. Y otro trabajo aún más reciente elevaba el golpe al constatar que determinados productos alimentarios esenciales en supermercados habían subido, de media, un 71% desde 2019. La consecuencia es inequívoca: el salario mínimo y las subidas salariales nominales, tan presentes en el discurso político, quedan desbordados por una inflación concentrada precisamente en el núcleo de la vida material.

Esta brecha entre precio de los alimentos y evolución de las rentas no es un mero dato técnico: redefine la experiencia social de la inflación. Para amplios sectores de la población, especialmente para quienes dedican una parte muy elevada de sus ingresos a la alimentación, el supermercado se convierte en el escenario principal de la pérdida de poder adquisitivo. La inflación deja de ser un porcentaje en un gráfico para convertirse en la renuncia constante: menos carne, menos pescado, marcas blancas más baratas, productos frescos sustituidos por procesados, menús que se empobrecen tanto en calidad nutricional como en variedad.

Los productos básicos que se dispararon

El detalle por productos compone una radiografía aún más inquietante. En la alimentación, la inflación no ha sido homogénea: ha castigado con especial dureza algunos bienes básicos que forman parte de la despensa de prácticamente todos los hogares.

Los huevos, por ejemplo, se han encarecido desde 2018 en torno a un 90‑93%. Es difícil encontrar otro producto de consumo masivo con una subida tan abultada en tan poco tiempo. Distintas carnes —vacuno, porcino, pollo— han registrado incrementos que oscilan aproximadamente entre el 30% y el 60%, empujando a muchas familias a reducir raciones o a sustituir una proteína por otra más barata. El pescado y las frutas, fundamentales en una dieta equilibrada, acumulan alzas del 40‑50%, lo que encarece el acceso a una alimentación saludable, especialmente en los hogares con menos margen económico.

Algo similar sucede con las legumbres, hortalizas, arroz o patatas, productos que históricamente han funcionado como “salvavidas” en épocas de estrechez. También ellos han escalado precios en una horquilla del 40% al 60%, reduciendo el margen de maniobra para quienes tradicionalmente recurrían a estos alimentos para estirar el presupuesto sin renunciar por completo a una dieta razonable. El mensaje implícito que lanza el mercado es claro: comer bien, siquiera de forma modesta, se ha convertido en un lujo relativo.

En el lado de los productos simbólicos, el aceite de oliva se ha erigido en emblema de la inflación española. Los análisis sobre datos oficiales estiman subidas superiores al 20‑25% en la serie general, pero la experiencia del consumidor es a menudo mucho más dramática, con botellas que han doblado o casi doblado su precio en determinados formatos y marcas. A ello se suma la “reduflación”: envases más pequeños, menos litros por el mismo precio o por un precio algo superior. Pan y leche entera, presentes en casi todas las mesas, han seguido la misma senda: en torno a un 30% de subida en el pan y más del 50% en la leche, lo que castiga de forma especial a familias con niños y a jubilados de renta baja.

Cada uno de estos incrementos aislados podría parecer asumible; juntos componen un cóctel de empobrecimiento cotidiano. La suma de subidas en productos básicos no solo vacía la cartera, sino que empobrece la dieta, y con ella, a medio plazo, la salud.

La farsa del IPC: cuando la media oculta el drama

El Gobierno ha insistido repetidamente en que “la inflación está controlada” o “en fase de moderación”, apoyándose en la evolución del IPC general, que después del máximo de 2022 fue descendiendo hasta situarse en tramos del 3‑4%. El problema es que ese promedio aritmético funciona como una media de al menos dos realidades: sectores donde los precios se moderan e incluso se abaratan y la alimentación, que se mantiene tensa, elevada y muy por encima de ese dato oficial.

El IPC es un índice ponderado que combina bienes y servicios tan dispares como electricidad, ropa, ocio, transporte o tecnologías de la información. La rebaja de la energía tras los máximos de 2022 restó presión al índice y permitió hablar de “desinflación”. Pero mientras las ruedas de prensa celebraban una bajada porcentual, la línea de caja del supermercado no ofrecía tregua. De ahí la sensación, ampliamente extendida, de que “el IPC engaña pero el carro del súper no miente”: el estadístico general puede mejorar por factores que apenas afectan al gasto cotidiano de una familia media, mientras la alimentación continúa marcando subidas de dos dígitos acumulados año tras año.

Esta disociación entre el índice publicado y la experiencia real tiene un coste político nada menor. Cuando un Ejecutivo se aferra al dato agregado para sostener un relato triunfalista, mientras los ciudadanos hacen cuentas cada semana para ver qué pueden seguir comprando, se produce una erosión profunda de la confianza. No es solo que la población perciba que las cosas van peor de lo que se reconoce desde el poder; es que, además, siente que su experiencia se deslegitima frente a un indicador que, bien leído, corrobora precisamente su malestar.

Las causas estructurales

Es tentador atribuir la escalada de precios en la cesta de la compra a una sucesión de shocks coyunturales: pandemia, ruptura de cadenas logísticas, guerra en Ucrania, crisis energética. Todos esos factores han sido reales y han empujado hacia arriba los costes de producción, transporte y distribución de alimentos. Pero limitar la explicación a esa lista de sucesos es quedarse en la mitad del análisis.

Analistas y economistas han señalado, desde 2021, al menos cuatro grandes vectores que explican por qué la cesta de la compra se ha encarecido mucho más que el IPC general y por qué lo ha hecho de forma tan persistente. En primer lugar, los cuellos de botella en la cadena de suministro global tras la pandemia, que afectaron tanto a materias primas como a componentes esenciales del embalaje y el transporte. Cuando la oferta tarda en normalizarse mientras la demanda se recupera rápidamente, los precios tienden a dispararse.

En segundo lugar, el encarecimiento energético, que actúa como multiplicador sobre toda la cadena agroalimentaria: producción en el campo, refrigeración, procesado industrial, transporte por carretera o mar, almacenamiento en plataformas logísticas y refrigeración en tiendas. Cada kilovatio que sube la factura eléctrica o cada céntimo de más en el gasóleo se traslada, con mayor o menor retraso, al precio final que paga el consumidor.

El tercer vector es la subida de costes laborales en sectores clave, que combina dos elementos: la mejora del salario mínimo y la necesidad de retener mano de obra en un mercado tensionado. En teoría, esta subida tiene un componente social innegable, pero en la práctica se traslada en parte a los precios cuando no va acompañada de aumentos equivalentes en productividad o márgenes. El resultado final es que la misma bolsa de productos arrastra un sobrecoste imputable tanto a la energía como al trabajo.

Por último, se ha consolidado el fenómeno de la “reduflación”: envases más pequeños, gramajes recortados, formatos “optimizados” que mantienen el precio de etiqueta mientras reducen la cantidad. El consumidor que no mira con atención el peso neto percibe una subida menor, pero cuando compara el precio por kilo o por litro descubre que paga sensiblemente más por menos producto. Es una forma silenciosa de inflación que multiplica el malestar cuando se hace visible.

La combinación de estos cuatro factores convierte la inflación alimentaria en un fenómeno complejo, en el que las decisiones gubernamentales se entrelazan con dinámicas de mercado y procesos globales. Pero que sea complejo no significa que sea inevitable, ni mucho menos que exima de responsabilidad política a quienes, teniendo margen de actuación, optaron por una gestión más reactiva que preventiva.

Política pública, relato sanchista y factura social

El Gobierno ha desplegado durante estos años un abanico de medidas orientadas, en teoría, a contener el impacto de la inflación sobre la cesta de la compra: rebajas temporales del IVA en determinados alimentos, ayudas específicas, refuerzo de rentas mínimas y subidas del salario mínimo. Sobre el papel, todas ellas apuntan en la dirección correcta: amortiguar el golpe en los bolsillos más frágiles. Sin embargo, su eficacia real ha sido desigual y, a la luz de las cifras, claramente insuficiente.

Las rebajas fiscales sobre productos básicos han tenido un impacto acotado en el precio final, a menudo absorbido en parte por la cadena comercial o diluido por nuevas subidas derivadas de costes crecientes. Las prestaciones sociales han llegado con frecuencia tarde o de forma desigual según territorio, y en ningún caso han compensado plenamente la brecha abierta entre salarios y precios de los alimentos. La sensación extendida entre muchos hogares es que han tenido que afrontar en solitario un fenómeno que, aunque global, golpeaba con más fuerza en aquellos países donde la renta disponible partía ya de una base frágil.

En términos de relato, el Ejecutivo ha preferido insistir en dos ideas: que España sufría la misma inflación que el resto de Europa y que la moderación del IPC general demostraba la eficacia de su gestión. Pero ni lo uno ni lo otro resiste bien el contraste con la experiencia del ciudadano medio. Aunque otros países también han sufrido escaladas en el precio de los alimentos, la combinación española de salarios modestos, alta carga de vivienda y fuerte peso de la alimentación en la estructura de gasto de las familias magnifica el impacto. Y la mejora del IPC general, cuando la rúbrica de alimentos sigue disparada, no se traduce en una mejora sensible en el día a día.

Aquí es donde la inflación de la cesta de la compra se convierte en un problema político de primer orden. No es solo que empeore indicadores abstractos de bienestar; es que dinamita la base material sobre la que se asienta cualquier promesa de progreso. Un discurso que presume de crecimiento del PIB o de datos de empleo pierde credibilidad instantáneamente cuando la cocina de la mayoría de hogares se llena de renuncias: menos proteína animal, menos fruta fresca, más productos baratos y procesados. Es el tipo de realidad que ningún eslogan puede maquillar.

Comer bien como privilegio

España ha presumido durante décadas de una dieta mediterránea considerada modelo de salud y equilibrio. Sin embargo, la evolución de los precios de los alimentos desde 2018 está amenazando esa identidad alimentaria, sobre todo en los segmentos de población con menos recursos. Mantener una dieta rica en frutas, verduras, pescado y aceite de oliva se ha vuelto mucho más caro. En su lugar, crece el peso de productos más baratos, saciantes y calóricamente densos, pero nutricionalmente pobres.

La inflación de la cesta de la compra, así entendida, no solo empobrece el presente económico; hipotecará, a medio plazo, la salud pública. Una alimentación peor, impuesta no por elección sino por constricción económica, se traducirá en mayores tasas de obesidad, enfermedades cardiovasculares y problemas metabólicos. Es una forma lenta de desigualdad: no solo se vive peor hoy, sino que se llegará en peores condiciones físicas al futuro.

La política tiene ante sí un dilema que ya no puede eludir. O asume que el acceso a una alimentación sana y suficiente es un pilar central de cualquier proyecto de justicia social y actúa en consecuencia, o acepta de facto que comer bien se convierta en un privilegio de quienes pueden pagar el sobreprecio que ha impuesto esta década de inflación.

Desde 2018, la cesta de la compra se ha revelado como el mejor indicador de hasta qué punto los discursos sobre igualdad chocan con la realidad de los estantes del supermercado. Mientras la alimentación siga subiendo muy por encima del resto de bienes y por encima de los salarios, cualquier relato de prosperidad compartida sonará a retórica vacía frente al ruido inconfundible de una caja registradora que, cada mes, cobra un peaje más alto por la misma bolsa de comida. Y en ese choque entre la estadística oficial y el ticket de la compra se jugará buena parte de la credibilidad de la política española en los próximos años.