Sánchez ha creado un infierno para las clases trabajadoras

La foto que Pedro Sánchez transmite del mercado laboral español es cómoda para el Gobierno, pero incompleta para cualquiera que mire más allá del titular. Sí, la contratación indefinida ha crecido con fuerza desde la reforma laboral, el paro registrado baja en términos interanuales y la estadística pública ofrece una apariencia de mejora. Pero cuando se cruzan los datos del SEPE, el INE y la Seguridad Social, el entusiasmo se deshace: la duración de los contratos sigue cayendo, la rotación continúa siendo abusiva, la parcialidad forzada golpea sobre todo a las mujeres y los salarios reales no alcanzan a compensar el coste efectivo de la vida.

Esa es la gran grieta del relato triunfalista de Moncloa. El Gobierno exhibe el dato de los contratos indefinidos como si fuera prueba definitiva de estabilidad, pero la evidencia estadística muestra otra cosa: un contrato indefinido no garantiza duración, ni jornada completa, ni salario suficiente, ni seguridad material. Puede durar apenas unos días, puede coexistir con periodos de inactividad y puede esconder, bajo su nombre, una precariedad de nuevo cuño que no desaparece por decreto. La estadística mejora, pero la vida de los trabajadores no necesariamente.

La pregunta, por tanto, no es si España crea empleo, sino qué tipo de empleo crea y para quién. La respuesta de los datos oficiales es incómoda. Al cierre de junio de 2026, el SEPE registraba 2.291.982 personas en paro, de las que el 60% eran mujeres. Entre ellas, el 45,8% llevaba más de doce meses buscando trabajo y el 31,4% superaba ya los dos años en esa condición. Son cifras que hablan de un mercado laboral que no integra, sino que expulsa y cronifica. Y lo hace con una marcada dimensión de género: dos de cada tres parados de muy larga duración son mujeres, lo que revela una desigualdad persistente que la retórica de la modernización no consigue borrar.

El problema no termina ahí. Más allá del paro registrado, hay 3,7 millones de personas que no están ocupadas. Esa cifra incluye a los fijos discontinuos inactivos, que alcanzan 792.341, el doble que en junio de 2021, antes de la reforma laboral. También agrupa a 1,86 millones de personas que el SEPE no clasifica como paradas, pero que figuran como demandantes de empleo por hallarse en ERTE, en formación o percibiendo prestaciones. Es decir,  Sánchez exhibe un mercado laboral más ordenado en los registros, pero no necesariamente más sano en la realidad. El empleo oculto, intermitente o inactivo sigue formando parte estructural del paisaje.

El discurso sanchista se apoya en el crecimiento de la contratación indefinida: el 41,46% de los contratos firmados en junio de 2026 eran de ese tipo, frente al 11,46% previo a la reforma de 2021. El salto es evidente, y sería absurdo negarlo. Pero el dato pierde fuerza cuando se analiza la calidad temporal de esos vínculos. La duración media de los contratos firmados en el primer semestre de 2026 fue de 45,5 días, nueve menos que en el mismo periodo de 2021. Uno de cada cinco duró menos de una semana, y el 43,3% no llegó a tres meses. Ahí se rompe el espejismo: hay más contratos indefinidos, sí, pero también hay más fragmentación, más rotación y más incertidumbre laboral real.

La reforma laboral logró reducir el peso formal de la temporalidad, pero no eliminó la lógica de la rotación. Simplemente la desplazó hacia otras fórmulas. Por eso fue una gran estafa para las clases trabajadoras. El contrato indefinido, en demasiados casos, dejó de ser sinónimo de estabilidad para convertirse en una categoría jurídica que oculta trayectorias discontinuas, jornadas parciales, períodos sin actividad y un uso intensivo del fijo discontinuo. El resultado es un mercado en el que, al menos en la experiencia cotidiana de miles de trabajadores, la diferencia entre “estable” y “precario” sigue siendo tenue. Se rescinden tantos contratos como se firman, y ese bucle de alta y baja termina por vaciar de contenido la promesa de permanencia. No es un ataque a Sánchez, es lo que dicen las instituciones oficiales del Estado español. 

El dato salarial añade una capa aún más dura. La Encuesta Anual de Coste Laboral del INE cifró el salario bruto anual medio en 28.410,78 euros en 2025, un 3,1% más que el año anterior. Pero esa subida nominal, lejos de implicar una mejora real, se diluye al confrontarla con el aumento del coste de la vida. Entre 2021 y 2026, los incrementos pactados en convenio acumulaban una pérdida de poder adquisitivo de 6,35 puntos frente al IPC general, de 12,85 frente a la vivienda y de 16,85 frente a la alimentación. La distancia entre salario formal y vida real se agranda, y ese desfase explica por qué tantos trabajadores siguen sintiendo que trabajan más para vivir igual o peor.

La situación se vuelve todavía más delicada cuando se observa la brecha de género. Según la Seguridad Social, solo el 46% de las mujeres con contrato indefinido trabaja a jornada completa, frente al 68% de los hombres. La diferencia, de 22 puntos, no es un detalle técnico: es una arquitectura de desigualdad. El 20,5% de las mujeres empleadas tiene un contrato indefinido a tiempo parcial, y si se suman las fijas discontinuas el porcentaje sube al 27%. En los hombres, esa proporción es aproximadamente la mitad. Eso significa que la parcialidad sigue siendo, en España, un mecanismo de feminización de la precariedad, con efectos directos sobre cotizaciones, ingresos presentes y pensiones futuras.

Un contrato que dura cinco días no es empleo estable; un trabajo a tiempo parcial no deseado no es conciliación; un salario que pierde frente a la vivienda y la alimentación no garantiza dignidad. Esta es una descripción precisa del desfase entre estadística, propaganda y realidad. 

Hay otro elemento que el balance gubernamental minimiza: el pluriempleo y las horas extraordinarias no retribuidas. Ambos fenómenos han alcanzado máximos históricos o niveles de récord con Pedro Sánchez, lo que sugiere que muchas personas necesitan más de un trabajo o más horas de las pactadas para sostener sus ingresos. Esa realidad convive con la cifra oficial de paro a la baja y con la expansión del contrato indefinido. La conclusión es incómoda pero inevitable: tener empleo ya no equivale necesariamente a tener una vida mínimamente protegida. El empleo ha dejado de ser, para demasiadas personas, la frontera entre la inseguridad y la estabilidad.

Los datos territoriales refuerzan la misma lectura. El paro registrado baja en junio en la mayoría de las comunidades autónomas, pero el descenso no elimina las desigualdades estructurales entre regiones ni la concentración de paro femenino y de larga duración en determinados territorios. Andalucía sigue concentrando un volumen enorme de desempleo, mientras otras comunidades muestran descensos coyunturales que no siempre se traducen en mejor calidad del empleo. Los registros del SEPE, en ese sentido, cuentan la parte visible del problema, pero no la totalidad. El mercado laboral español sigue siendo un espacio fragmentado, con fuertes asimetrías territoriales, sectoriales y de género.

También merece atención la evolución sectorial. El paro baja en servicios, industria, construcción y agricultura, pero el colectivo sin empleo anterior aumenta. Esa combinación sugiere que la mejora no está resolviendo el acceso de nuevos demandantes al mercado laboral. A la vez, la persistencia de contratos de corta duración en sectores intensivos en servicios y turismo indica que parte del crecimiento del empleo sigue dependiendo de actividades estacionales y de baja productividad, donde la temporalidad ha sido sustituida parcialmente por nuevas formas de intermitencia. El problema de fondo no es solo cuánta gente trabaja, sino con qué densidad, con qué continuidad y con qué capacidad de construir proyecto vital.

Por eso el debate sobre el mercado laboral no puede limitarse a celebrar que hay más contratos indefinidos o que el paro registrado ha bajado en junio. La estadística oficial, leída sin contexto, sirve para sostener una narrativa de éxito; leída con rigor, revela una estructura mucho más áspera. El país tiene menos desempleo registrado que hace unos años, pero conserva una tasa de paro alta en perspectiva europea, una pérdida persistente de poder adquisitivo, una brecha de género resistente y una precariedad que ya no siempre adopta la forma clásica del contrato temporal, sino la del empleo intermitente, parcial e insuficiente.

El salario, al final, es el gran test de realidad. Un mercado laboral puede mejorar en contratos, en afiliación o en registros, pero si el sueldo medio no alcanza a cubrir la vivienda, la alimentación y los demás costes esenciales, el progreso estadístico se queda corto. La cifra del INE es contundente, pero también lo es su reverso: para no perder poder adquisitivo, el salario bruto anual medio habría debido ser más alto. Esa diferencia, pequeña en un mes, se vuelve brutal cuando se acumula durante años. Y es ahí donde el relato de fortaleza choca con la vida cotidiana.

En definitiva, los datos del SEPE, el INE y la Seguridad Social dibujan un mercado laboral que ha mejorado en sus formas más visibles, pero no en su sustancia. Hay más contratos indefinidos, sí, pero duran menos de lo que sugiere su etiqueta. Hay menos paro registrado, sí, pero demasiada gente sigue atrapada en la larga duración del desempleo. Hay empleo, sí, pero no siempre suficiente para vivir con autonomía ni para dejar de caer en la pobreza laboral. Y mientras esa realidad siga ahí, el discurso de Sánchez de fortaleza del empleo en España seguirá siendo, como mínimo, una gran estafa, una gran manipulación, una gran mentira..., algo habitual en el pesonaje, por cierto.