Hay abusos laborales que no hacen ruido porque han sido normalizados por los políticos durante años. Las horas extraordinarias no pagadas son uno de ellos. Cada semana, según el informe del Gabinete Económico de CCOO, 436.000 asalariados realizan 2,54 millones de horas extra que no se remuneran ni se compensan con descanso. Es una cifra escandalosa por sí sola, pero todavía más reveladora si se lee con atención política: equivale a 68.000 empleos a jornada completa que podrían haberse creado y no se crearon porque una parte del empresariado prefiere exprimir a su plantilla antes que contratar. Y frente a ese robo sistemático, el silencio de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso no es neutralidad: es complicidad.
No se trata de una metáfora exagerada. Se trata de un mecanismo de transferencia de renta desde el trabajo hacia el capital que funciona a plena luz del día, amparado muchas veces por la debilidad de la Inspección, por la cultura de la impunidad y por una tolerancia política que oscila entre la indiferencia y el cinismo. Las horas extra no pagadas no son una anécdota de oficina ni un desajuste menor de jornada. Son una forma de explotación con efectos directos sobre el salario, las cotizaciones, las pensiones futuras y los ingresos públicos. CCOO calcula que el coste total de esta práctica asciende a 3.378 millones de euros anuales entre salarios, cotizaciones sociales e impuestos que los empresarios dejan de abonar. En otras palabras: una exacción silenciosa que se lleva por delante recursos que deberían sostener el sistema común.
La magnitud del problema se entiende mejor cuando se desciende al detalle humano. De media, cada persona afectada realiza 5,8 horas extraordinarias no remuneradas a la semana. Eso equivale a 7.696 euros al año en salarios y cotizaciones que nunca llegan a su bolsillo ni a su futura jubilación. Es dinero que desaparece en la contabilidad privada de las empresas, pero también en el balance social del país. Porque cada hora no pagada no es solo un ingreso retenido por el empresario: es una cotización no ingresada a la Seguridad Social, un impuesto no recaudado, una base de cálculo de pensión erosionada y un precedente más para la degradación del trabajo asalariado permitida, e incluso alentada, desde el PSOE y el PP.
Este abuso ha sido absorbido por un consenso tácito que atraviesa a buena parte del arco institucional. El Gobierno de Sánchez presume de reformas laborales, la oposición de orden económico y la presidenta madrileña de una supuesta libertad empresarial que en la práctica suele traducirse en desregulación y debilidad del control. Pero ninguno de los tres grandes nombres de la política española ha asumido este problema como lo que es: una hemorragia de derechos y recursos públicos. El silencio no corrige nada; solo consolida la idea de que el robo puede seguir siendo rentable mientras nadie lo nombre con suficiente fuerza.
La reforma laboral, presentada como el gran dique contra la precariedad, no ha resuelto esta lacra. Ha mejorado algunos indicadores formales, pero no ha desactivado la lógica que permite a una parte del tejido empresarial absorber trabajo sin pagar por él. El hecho de que el 5% de la población asalariada haga horas extra cada semana, y de que alrededor del 40% de esas horas no se paguen ni se cotizen, indica que la cultura de la jornada infinita sigue viva. En realidad, la legalidad del registro horario existe desde 2019, pero su cumplimiento efectivo continúa siendo demasiado frágil. Donde falta control, sobra abuso.
Y no estamos ante una cuestión marginal. CCOO sitúa la práctica en sectores muy concretos que revelan cuánto ha penetrado en la estructura productiva española. Educación encabeza el volumen total de horas extra no remuneradas, seguida de la industria manufacturera, las actividades profesionales y técnicas, la hostelería, el comercio y la Administración pública. En términos relativos, el abuso es especialmente alto en actividades financieras y de seguros, educación y contenidos editoriales y de producción. La imagen es perturbadora porque desmonta otro lugar común: no son solo los sectores tradicionalmente más duros los que exprimen más a su plantilla; también lo hacen ámbitos con alta cualificación, fuerte componente institucional o aparente sofisticación profesional.
Ese dato es importante porque rompe el relato de que la economía española está modernizada, digitalizada y alineada con estándares laborales europeos. Si una parte amplia de los trabajadores sigue regalando su tiempo sin remuneración, la modernización es más retórica que real, como todo lo que sale del gobierno sanchista. La lógica del control horario debería servir precisamente para cerrar esa brecha entre lo que se trabaja y lo que se paga. Pero la experiencia acumulada demuestra que el problema no es normativo; es político. La ley existe, el registro existe, la obligación de documentar la jornada existe. Lo que falta es la voluntad real de perseguir el incumplimiento con la contundencia que exige un abuso que se ha convertido en hábito.
La dimensión de clase es evidente, pero la de género lo es aún más. Aunque el informe de CCOO se centra en la explotación horaria, la realidad laboral española ha mostrado reiteradamente que la parcialidad forzada, la sobrecarga invisible y la infrarremuneración del tiempo de trabajo recaen con más peso sobre las mujeres. Las horas extra no pagadas se suman a una organización del empleo que ya castiga a muchas trabajadoras con jornadas incompletas, contratos más frágiles y menor capacidad de negociación. En ese contexto, el silencio político adquiere una tonalidad todavía más grave: no solo se tolera un abuso general, sino una forma de explotación que profundiza desigualdades de género ya estructurales.
Pedro Sánchez no puede presentarse como el presidente del trabajo digno mientras miles de personas siguen haciendo horas gratis cada semana. Alberto Núñez Feijóo no puede hablar de eficiencia empresarial y competitividad sin decir una palabra sobre el saqueo de tiempo laboral que practican demasiadas empresas. E Isabel Díaz Ayuso no puede vender Madrid como el gran motor económico de España mientras su modelo de “libertad” se apoya en demasiadas ocasiones en una cultura de impunidad frente a la jornada no pagada. Los tres, desde posiciones distintas, han preferido convivir con el problema en vez de convertirlo en prioridad política. Y eso, en la práctica, significa aceptar que una parte del trabajo siga siendo confiscada.
La cifra de 3.378 millones anuales no debería leerse solo como una pérdida para quienes trabajan. También es una pérdida para el Estado. Los empresarios dejan de abonar salarios, cotizaciones e impuestos. Es decir, se vacía una parte del sistema de protección social y se debilita la recaudación necesaria para sostener servicios públicos. La explotación laboral no solo perjudica al trabajador; erosiona la base financiera de la comunidad política. Cuando una empresa se beneficia de horas no pagadas, está obteniendo una ventaja competitiva ilegítima frente a quien sí cumple. Y cuando el sistema no corrige eso, acaba premiando a quien incumple con más audacia.
El argumento empresarial habitual es conocido: flexibilidad, picos de demanda, necesidad organizativa, responsabilidad individual. Pero esos eufemismos no resisten la aritmética del informe. Cada persona afectada trabaja de media 5,8 horas extra sin remunerar a la semana. No hablamos de una desviación ocasional ni de un pequeño desajuste de agenda. Hablamos de una economía paralela del exceso de trabajo que se ha naturalizado porque el coste de impugnarla parece alto para el empleado y bajo para el infractor. El resultado es una colonización del tiempo personal que desborda el contrato y convierte el salario en una promesa incompleta.
La política española, sin embargo, sigue instalada en otros climas narrativos. El Gobierno se concentra en el relato macroeconómico, la oposición en la crítica fiscal y la Comunidad de Madrid en la exhibición de un supuesto dinamismo empresarial. Pero ninguno de esos marcos aborda el corazón del problema: que demasiados trabajadores siguen financiando con su tiempo gratis la rentabilidad de otros. Esa omisión tiene consecuencias electorales, sí, pero sobre todo morales. Porque el Estado pierde autoridad cuando tolera que una obligación elemental, pagar el trabajo realizado, deje de ser una norma y pase a ser una opción.
La insistencia de CCOO en reforzar el control de la normativa sobre jornada no es, por tanto, un tecnicismo sindical. Es una exigencia democrática. Si el registro horario no se verifica, si la Inspección no actúa con más medios y si las sanciones no son suficientemente disuasorias, la ley se convierte en decoración. Y cuando una ley laboral se vuelve decorativa, la desigualdad se administra mediante costumbre. Esa es la verdadera amenaza: que la explotación deje de verse como abuso para ser percibida como rutina.
Las horas extraordinarias no remuneradas son mucho más que una irregularidad contable. Son una forma de robo que altera la competencia entre empresas, reduce los ingresos públicos, debilita las cotizaciones y desgasta la vida de cientos de miles de trabajadores. El informe de CCOO ha puesto números a una realidad que demasiados prefieren ignorar. Lo que sigue faltando es voluntad y altura política para convertir esos números en un conflicto de país. Y hasta que eso no ocurra, el silencio de Sánchez, Feijóo y Ayuso seguirá diciendo más sobre ellos que sobre la economía: que prefieren no tocar uno de los abusos más rentables del mercado laboral español.
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