La propuesta del Gobierno para elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas, con una subida del 3,1% y sin tributación en el IRPF, vuelve a situar el debate en un terreno conocido pero no resuelto: hasta dónde puede y debe llegar el SMI como herramienta de redistribución sin convertirse en una figura fiscal encubierta. La negociación, trasladada esta semana a sindicatos y patronales, no se limita a una cifra concreta, sino que refleja una forma de entender el salario mínimo como suelo de dignidad laboral y no como base imponible.
El SMI como política pública, no solo salarial
El planteamiento presentado por el Ministerio de Trabajo se apoya en una de las recomendaciones del comité de expertos que asesora al Ejecutivo. No es un detalle menor. Frente a la alternativa de una subida más intensa —del 4,7%— condicionada a la entrada del SMI en el IRPF, el Gobierno opta por una vía intermedia que prioriza el impacto neto en la renta disponible de los trabajadores con salarios más bajos.
El incremento propuesto, 37 euros mensuales respecto a la cuantía actual, no transforma por sí solo las condiciones materiales de vida, pero sí consolida una tendencia iniciada en los últimos años: desvincular el salario mínimo de la lógica fiscal que grava rentas medias y altas. Mantener la exención en el IRPF no es una concesión técnica, sino una decisión política con efectos claros. Supone asumir que el SMI no debe actuar como un umbral tributario, sino como un instrumento de corrección de desigualdades en un mercado de trabajo marcado por la precariedad estructural.
Desde el punto de vista macroeconómico, la subida se mueve en márgenes prudentes. No desborda las previsiones de inflación ni introduce tensiones evidentes en los costes laborales agregados. Al mismo tiempo, refuerza la idea de que el salario mínimo no puede quedar rezagado respecto al coste de la vida, especialmente en un contexto en el que los precios de la vivienda y de los servicios básicos siguen presionando a los hogares con menos margen.
Negociación abierta y silencios significativos
La reunión con los agentes sociales, celebrada en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, dejó un resultado previsible: ni respaldo inmediato ni rechazo frontal. Ese silencio inicial es, en sí mismo, un dato. Las organizaciones sindicales valoran positivamente el mantenimiento de la exención fiscal, pero consideran insuficiente el porcentaje de subida para compensar la pérdida acumulada de poder adquisitivo. Las patronales, por su parte, observan con cautela cualquier incremento del SMI, aunque la cifra propuesta se sitúa lejos de los escenarios más disruptivos que han agitado debates anteriores.
En este punto, la coordinación con el Ministerio de Hacienda adquiere un peso específico. El aval explícito a la no tributación del SMI despeja una de las incógnitas que en ejercicios anteriores había enturbiado la negociación. No hay, al menos por ahora, una batalla interna en el Gobierno sobre el tratamiento fiscal del salario mínimo, lo que reduce el margen de incertidumbre y traslada la discusión al terreno estrictamente social.
Queda fuera de esta negociación, de forma deliberada, la cuestión de la compensación y absorción salarial. La decisión de abordarla en un decreto independiente no es menor: separa el debate sobre la cuantía mínima de los salarios de la arquitectura interna de los convenios colectivos, evitando mezclar planos que responden a lógicas distintas.
Una cifra que dice más de lo que parece
El 3,1% propuesto no es una cifra neutra. Marca una posición política que asume límites, pero también continuidad. No hay un giro abrupto ni una rectificación respecto a la senda seguida desde 2019, cuando el salario mínimo dejó de ser una variable residual para convertirse en un eje central de la política laboral.
La discusión que se abre ahora no es solo cuánto sube el SMI, sino qué papel se le asigna en el conjunto del sistema económico. Si actúa como un simple ajuste anual o como un mecanismo sostenido de redistribución en un mercado de trabajo que sigue generando bolsas amplias de bajos salarios. La propuesta del Gobierno, con todas sus insuficiencias, se inscribe claramente en la segunda lectura.