Hay patriotas de salón que rompen relaciones internacionales con la misma desenvoltura con la que cancelan una suscripción. Se suspende un tratado, se retira un embajador, se agita una frontera y, si sobra tiempo antes del informativo, se revisa el comercio con el vecino. Todo muy viril, muy soberano y muy barato, sobre todo cuando la factura la paga otro.
El 31 de agosto, Vox exigió oficialmente suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos. También reclamó llamar a consultas al embajador español, retirar embajadores si persistía la situación y revisar el conjunto de las relaciones económicas, comerciales, migratorias, policiales, militares y diplomáticas. No es una interpretación malévola: está en la propia declaración hecha por el partido.
El PP ha endurecido mucho el discurso a raíz de la crisis de Ceuta, ha exigido convocar a la embajadora marroquí y Feijóo ha acusado a Rabat de un «posible acto de guerra híbrida». Pero conviene no regalarle a la hipérbole lo que todavía no ha dicho: el PP se ha desmarcado de la ruptura del tratado y afirma que quiere una relación «estable y constructiva». La diferencia no es menor. Vox propone acercar la cerilla; el PP sostiene que solo está comprobando si hay gasolina, con gesto de estadista responsable.
El problema es que bajo la alfombra rojigualda discurre una tubería de miles de millones.
España es el primer socio comercial de Marruecos. El intercambio bilateral superó los 22.500 millones de euros en 2024; las exportaciones españolas crecieron cerca del 6 %; más de 350 empresas españolas estaban instaladas en el país; y el stock de inversión española rozaba los 2.000 millones, con 27.655 empleos asociados. Son datos del propio Gobierno español, no propaganda del palacio real de Rabat.
La relación, además, no se limita a vender naranjas, comprar cableado y posar en una cumbre. Es una integración industrial en la que una pieza cruza el Estrecho, se incorpora a otra pieza, vuelve convertida en producto y quizá lo atraviesa una tercera vez. En una crisis diplomática no desaparece automáticamente cada contrato privado ni se cierra por arte de magia toda la aduana. El daño dependería de las medidas concretas y de la respuesta marroquí. Pero los riesgos son bastante menos abstractos que los discursos: licencias, concursos públicos, pagos, visados, aduanas, logística, repatriación de dividendos, suministro de componentes y seguridad jurídica. Rabat no necesita nacionalizar una fábrica; a veces basta con que un permiso descubra una repentina vocación contemplativa.
Un país entero dentro del consejo de administración
La relación de empresas facilitada para este artículo es una fotografía histórica, no un registro mercantil actualizado. Incluye denominaciones que han cambiado, filiales absorbidas, proyectos terminados y grupos reestructurados. Pero precisamente por eso resulta reveladora: no describe una aventura puntual, sino décadas de instalación empresarial española en Marruecos.
En alimentación aparecen Bimbo; Crown Packaging Maroc; Cobega; Framaco-Borges; Gil Comes; Mivisa; Mundi Riz-Arrocerías Herba-Ebro Foods; Natberry-Arofa; Nouvelle Cosarno-Conservas Garavilla-Isabel; Royal SAT 8697; y Société Marocaine des Tabacs-Altadis. En textil, Erum; Settavex-Grupo Tavex; Textil Santanderina; y Tulantex-Grupo Iturri.
La automoción, ese sector al que todos prometen proteger justo antes de añadirle una frontera política, reúne a Bamesa, Covercar, Ficosa, Fujikura Automotive Europe, Grupo Antolin, Irizar, Jobelsa, Novaerum, Proinsur, Relats, Saint-Gobain Sekurit y Viza.
En energía, agua y medio ambiente figuran Acciona Energía, Acciona Agua, Endesa, Enel Green Power, Inabensa, Abener y Abengoa Water, Repsol, Sener, Siemens Gamesa, Solamta-Althenia Sando y Tedagua. En química, farmacia y embalaje, Asac Pharma, Indo Maroc y CMCP-International Paper.
La construcción y la ingeniería aportan una lista que casi permite levantar otro Estrecho: Ferroplast, Fluidra, Lafarge Cementos, Roca, Simon Holding, Sonasid-ArcelorMittal, Strugal, VCEAA-Votorantim, ACS, Ayesa, Indra, Eurona con Quantis y Nortis, Copisa, Ecisa, Inveravante y Jarquil.
El transporte y la logística llevan los nombres de ALSA, Boluda, Friopuerto-Grupo Romeu, Globalia, Iberia y Naviera Armas-Trasmediterránea. Los servicios empresariales, los de Ayesa Atech BPO, Banco Sabadell, Banco Santander, Everis, Findasense, Garrigues, Intelcom-Satec y Planeta. Y el turismo completa el mapa con Barceló, Blue Sea, Cirsa, Eurostars, Globalia-Be Live, Iberostar, Meliá y RIU.
No son cuatro exportadores despistados con un comercial en Casablanca. Son pan, conservas, fresas, tejidos, asientos, parabrisas, cables, trenes, centrales, agua potable, banca, software, puertos, autobuses, aviones, hoteles y casinos. La economía real, esa señora tan poco televisiva que no suele agitar banderas porque lleva las manos ocupadas cuadrando nóminas. Y ahora súmenle el resto de empresas francesas, alemanas, italianas y hasta estonias.
La ficha de Marruecos de Exteriores, actualizada con una selección más reciente, mantiene nombres como Acciona, Endesa, ACS, Roca, Sabadell, Santander, Garrigues, Indra, Planeta, ALSA, Iberia, Barceló, Eurostars, Iberostar, Meliá y RIU, y añade o destaca a Inditex, Moeve —la antigua Cepsa—, Ineco y CAF. La geografía empresarial se renueva bastante más deprisa que algunos argumentarios.
Dinero nuevo para el país con el que se propone enfadarse
Lo más delicado para los partidarios de la diplomacia a martillazos no es el inventario histórico. Son las inversiones que acaban de firmarse.
En febrero de 2025, la ferroviaria vasca CAF obtuvo su primer gran contrato en Marruecos: 30 trenes intercity, con opciones adicionales, por cerca de 600 millones de euros. La operación se apoya en financiación FIEM del Gobierno español dentro de un protocolo de más de 750 millones. CAF calcula que el proyecto sostendrá en España unos 1.000 empleos directos y 3.000 indirectos cada año. Es decir: incluso el empleo patriótico de aquí viaja, contablemente, en un tren destinado allí. El contrato fue comunicado por CAF y por la CNMV.
Acciona firmó en mayo de 2025 la financiación de la desaladora de Casablanca: 613 millones de euros de inversión, una concesión de 27 años y una capacidad prevista de 300 millones de metros cúbicos de agua anuales para abastecer a 7,5 millones de personas y apoyar el riego. Participan FIEM-ICO, Cesce, COFIDES, CaixaBank y entidades marroquíes. Es una infraestructura que no cabe exactamente en la maleta del embajador si un día se decide volver dando un portazo. Los datos proceden de la propia Acciona.
Moeve y TAQA Morocco firmaron en febrero de 2026 un acuerdo preliminar de reserva de suelo para estudiar un proyecto a gran escala de hidrógeno verde, amoníaco y combustibles sintéticos. Todavía no es una decisión final de inversión y no debe presentarse como dinero ya desembolsado, pero sí como una apuesta industrial que necesita años de estabilidad regulatoria y diplomática. La propia compañía explicó también el alcance y la fase del proyecto.
La pública Ineco, por su parte, obtuvo en 2024 tres contratos ferroviarios y aeroportuarios por 2,275 millones de euros: estudios para conexiones urbanas en Tánger y Tetuán, trabajos entre Oued Zem y Beni Mellal y planificación en el aeropuerto Mohamed V de Casablanca. La cifra es pequeña al lado de una desaladora, pero la puerta que abre no lo es. Ineco la calificó como su mayor implantación contractual en el país.
Y en mayo de 2025 cuatro empresas catalanas firmaron memorandos para invertir más de 500 millones de dírhams, alrededor de 48 millones de euros y crear más de 700 empleos directos en automoción, embalaje, valorización de residuos y materiales de construcción en Tánger, Tetuán y Kenitra. El Ministerio marroquí de Inversión confirmó cuantías, sectores y empleo, pero no publicó en esa nota los nombres de las cuatro compañías. Sería bonito inventarlos para completar la foto; también sería periodismo de la variedad fantástica.
¿Quién riega a quién con sus millones?
Aquí la ironía necesita una aduana de precisión. Es tentador afirmar que todas estas empresas «riegan con millones» al PP y a Vox. La frase tiene música. Lo que no tiene, con la información pública disponible, es prueba suficiente.
Desde 2015, la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos prohíbe las donaciones procedentes de personas jurídicas. Las empresas no pueden financiar legalmente de forma directa a PP, Vox ni a ningún otro partido. Las cuentas publicadas de 2024 registran 2.630.000 euros en donaciones y legados para el PP y 126.766,36 euros para Vox; no millones empresariales. El PP declaró, eso sí, 43,58 millones de ingresos públicos y Vox obtiene también una parte mayoritaria de recursos públicos. La épica antisistema, como tantos productos nacionales, funciona mejor con subvención.
La historia del PP contiene un capítulo mucho más oscuro. El Tribunal Supremo confirmó en 2024 la existencia de una contabilidad paralela y el pago en negro de parte de la reforma de Génova. En los llamados papeles de Bárcenas y en informes policiales aparecieron empresarios o sociedades vinculados a constructoras; entre los nombres del inventario marroquí se encuentran Sando, Copisa y ACS, con grados de atribución y recorridos procesales distintos. La UDEF incluyó a Sando y Copisa en sus análisis, mientras que ACS apareció en documentación adicional entregada por Bárcenas. Varias empresas y empresarios negaron las aportaciones. La sentencia sobre la caja B no permite convertir sin más cada anotación, cada sociedad y cada proyecto actual en una donación judicialmente probada. Se puede, y se debe, contar la caja B; no se debe multiplicar por entusiasmo.
Para Vox tampoco consta que las empresas del listado marroquí sean sus financiadoras millonarias. Su genealogía financiera conocida es otra: cuotas, aportaciones individuales, financiación pública y, en campañas pasadas, oscuros préstamos extranjeros y donaciones de personas físicas. Meter a todas las empresas en la misma hucha sería regalarle al partido una rectificación fácil y al artículo un problema innecesario.
La contradicción defendible es más profunda. PP y Vox compiten por presentarse como guardianes de la empresa, la inversión y la seguridad jurídica. Al mismo tiempo, uno eleva la tensión con Rabat y el otro propone suspender el tratado que enmarca la relación bilateral y revisar toda la cooperación económica. No hace falta demostrar que una compañía ha pagado una campaña para preguntar a quién protegerá la derecha cuando choquen el aplauso del mitin y la cuenta de resultados.
Quizá por eso el PP endurece la voz pero conserva una puerta de salida: exige firmeza, anuncia un cambio de rumbo y, a la vez, promete estabilidad. Sabe que gobernar consiste en algo más que redactar tuits con uniforme. Vox, liberado de esa molesta obligación inmediata, puede prometer soberanía por demolición controlada y verter sangre, eso si, no la de sus propios militantes. El detalle es que los explosivos estarían colocados junto a contratos españoles, empleo español, crédito público español y activos de empresas españolas.
Suspender el Tratado de Amistad no apagaría al instante cada fábrica ni vaciaría cada hotel. Pero una escalada sostenida sí podría encarecer la logística, frenar adjudicaciones, bloquear autorizaciones, degradar la cooperación aduanera y convertir a las filiales españolas en rehenes de una represalia. Quien crea que Rabat separará con delicadeza quirúrgica el enfado diplomático del interés económico quizá también crea que los aranceles los pagan las banderas.
Ahí está la ironía final. Durante años, como los hippies de los ochenta, la gran empresa española fue al sur a buscar su “costo”, que ahora es mercado, costes (mano de obra barata), contratos y crecimiento. El Estado la acompañó con diplomacia, crédito, garantías y fondos de internacionalización. Ahora una parte de la derecha propone revisar o romper ese entramado en nombre de la defensa de España, mientras otra juega a acercarse al borde sin caer. Después, si llegan las pérdidas, todos descubrirán con enorme sorpresa que el Estrecho también comunica balances.
El patriotismo de atril siempre encuentra una patria que salvar, y una sangre que verter, mientras no sea la propia. Lo difícil será explicarle a CAF que sus trenes eran menos españoles al llegar a Fez; a Acciona que el agua de Casablanca contaminaba la soberanía nacional; a los bancos que sus sucursales practicaban la rendición; a los hoteleros que cada habitación ocupada era una claudicación; y a las fábricas de cableado que el cobre, al cruzar la frontera, había perdido los valores occidentales.
Romper es rápido. Facturar, invertir y volver a cobrar exige algo bastante menos cinematográfico: relaciones estables. Puede que por eso los discursos incendiarios se pronuncien desde Madrid y las hojas de cálculo se abran en Casablanca.
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