La advertencia ya no procede únicamente del Partido Popular, de Vox o de los sectores más duros de la derecha española. Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha afirmado que la soberanía de España está “en peligro” después de que Marruecos haya elevado la presión sobre Madrid, haya vuelto a reclamar Ceuta y Melilla y haya abierto la puerta a suspender la aplicación del acuerdo bilateral de extradición.
La importancia política de esa denuncia no está solo en su contenido, sino en quién la formula. Maíllo no pertenece a la derecha ni a la extrema derecha. IU forma parte del espacio político de la izquierda transformadora y comparte con el PSOE una tradición internacionalista, una defensa de los derechos humanos y una visión crítica del ultranacionalismo español. Sin embargo, la crisis de Ceuta ha empujado a la izquierda a reconocer una realidad que el PSOE de Pedro Sánchez se resiste a admitir: Marruecos no está actuando como un socio plenamente fiable y la política de apaciguamiento aplicada durante los últimos años no ha evitado la presión. La ha reforzado.
El contraste es cada vez más evidente. Mientras el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, sostiene que Rabat sigue reivindicando sus “territorios” (en referencia a Ceuta y Melilla) y que esa cuestión se plantea en todas las reuniones con España, el Gobierno de Sánchez mantiene el lenguaje de la cooperación reiterada, la amistad bilateral y la colaboración migratoria. Mientras Rabat estudia suspender el acuerdo de extradición por supuestos incumplimientos españoles, la diplomacia de Sánchez evita cualquier gesto que pueda incomodar a Mohamed VI. Mientras la izquierda reclama un giro estratégico, el PSOE continúa actuando como si la prioridad fuera no romper la relación con Marruecos, aunque el precio sea asumir unilateralmente el coste político de cada crisis.
La escena resulta cada vez más difícil de explicar. Un ministro marroquí reclama la soberanía sobre dos ciudades españolas pocos días después de una entrada masiva de migrantes en Ceuta. El mismo ministro critica la regularización extraordinaria aprobada por España, amenaza con suspender un acuerdo de extradición y acusa a Madrid de no respetar los procedimientos bilaterales. El Gobierno español responde con prudencia, llamadas diplomáticas y promesas de cooperación. El resultado es una relación asimétrica en la que Rabat eleva el tono y Madrid baja las orejas.
La izquierda rompe el silencio
Maíllo ha vinculado directamente la crisis migratoria con la responsabilidad del régimen marroquí. Ha recordado que más de un centenar de personas murieron al intentar llegar a España y ha atribuido esas víctimas a la “pasividad” marroquí. Después, ha advertido de que Rabat “sube la apuesta”, mantiene la amenaza y reclama Ceuta y Melilla. “¿Alguien duda todavía de dónde está el peligro para nuestra soberanía?”, ha escrito en X.
El mensaje supone una ruptura con el marco discursivo defendido por el PSOE. El Gobierno ha presentado la crisis principalmente como una consecuencia de la desinformación, las mafias, la interpretación errónea de una resolución judicial y los incentivos generados por las redes sociales. Esos factores existen y deben investigarse. Pero la explicación es insuficiente si no aborda el papel del Estado que controlaba el lado exterior de la frontera. Marruecos no es un actor pasivo. Tiene capacidad para vigilar costas, contener concentraciones, cerrar pasos e impedir la salida de miles de personas.
La intervención de Maíllo también demuestra que la cuestión migratoria no puede ser utilizada para descalificar automáticamente a quienes reclaman control fronterizo y firmeza diplomática. IU ha defendido la acogida de quienes permanecen en Ceuta bajo el régimen de protección internacional y ha rechazado la utilización electoral de las personas migrantes. Al mismo tiempo, reclama que España abandone el apaciguamiento y llame a consultas al embajador marroquí. Esa combinación rompe la falsa disyuntiva según la cual solo la derecha puede hablar de soberanía y solo la izquierda puede hablar de derechos humanos.
La izquierda está empezando a asumir que la defensa de los migrantes y la defensa de la soberanía española no son incompatibles. Es posible proteger a quienes llegan, investigar cada caso, garantizar los derechos de los menores y, al mismo tiempo, exigir responsabilidades al Estado que controla la frontera desde el otro lado. El PSOE, sin embargo, parece atrapado en una diplomacia en la que teme que cualquier crítica a Rabat destruya la cooperación migratoria.
La amenaza de la extradición
La advertencia marroquí sobre el acuerdo de extradición eleva la tensión a un nivel diferente. Ouahbi ha afirmado que el Ministerio de Justicia estudia suspender su aplicación por problemas en la entrega de personas reclamadas por tribunales marroquíes. Según su versión, Rabat envía agentes a España para recoger a personas reclamadas y en ocasiones la entrega no llega a producirse. El ministro no anunció una decisión definitiva ni explicó qué procedimiento seguiría una eventual suspensión, pero introdujo la posibilidad de utilizar la cooperación judicial como instrumento de presión.
Los acuerdos de extradición no son un detalle menor. Forman parte de la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo, el narcotráfico y los delitos graves. Su aplicación debe cumplir condiciones jurídicas estrictas, especialmente cuando existen dudas sobre la independencia judicial, las garantías procesales o el riesgo de persecución política. España no puede entregar a una persona si existe un peligro fundado de tortura, trato inhumano o falta de juicio justo. Pero Marruecos tampoco puede utilizar las dificultades de una entrega concreta para amenazar con suspender el conjunto de la cooperación.
La posición española debería ser clara: los procedimientos se cumplen conforme a la ley y a los tratados, y cualquier desacuerdo debe resolverse mediante la comisión bilateral correspondiente, no a través de declaraciones públicas o amenazas. Si Marruecos considera que España incumple, puede presentar documentación, iniciar consultas y recurrir a los mecanismos previstos. La suspensión unilateral del acuerdo sería una decisión grave que afectaría a ambos países.
Lo que sorprende es que el Gobierno español no haya respondido con mayor firmeza. La amenaza llega después de un ataque de guerra híbrida y de una reivindicación pública sobre Ceuta y Melilla. No es un mensaje aislado. Forma parte de una escalada de presión en la que Rabat coloca sobre la mesa la migración, la soberanía, la regularización y la cooperación judicial. Cada asunto se presenta como independiente, pero todos generan el mismo efecto: elevar el coste político para Madrid.
La reivindicación territorial
Ouahbi ha afirmado que Ceuta y Melilla siguen siendo una cuestión abierta y que Marruecos plantea el asunto en todas las reuniones con España. También ha asegurado que Rabat quiere resolverlo mediante el diálogo y que se trata de una política de largo plazo. La formulación parece moderada, pero contiene una amenaza estructural: para Marruecos, España debe aceptar que su soberanía sobre las ciudades puede ser objeto de negociación.
La respuesta española ha sido tajante en el plano verbal. Fuentes diplomáticas han insistido en que el estatus español de Ceuta y Melilla está fuera de toda discusión. Pero esa firmeza entra en contradicción con la política de acercamiento a Rabat, la traición de Sánchez con el respaldo español al plan de autonomía para el Sáhara Occidental y la decisión de evitar conflictos públicos con la monarquía marroquí. España reconoce en la práctica la posición marroquí sobre el Sáhara y, al mismo tiempo, espera que Marruecos no aplique una lógica similar a Ceuta y Melilla.
La estrategia de Sánchez se basaba en que el reconocimiento sobre el Sáhara estabilizaría la relación con Rabat. La experiencia reciente demuestra que no ha sido suficiente. Marruecos no ha renunciado a sus reclamaciones sobre las ciudades autónomas. Tampoco ha dejado de utilizar la presión migratoria como instrumento de negociación. La concesión española no ha producido reciprocidad estratégica; ha ampliado el espacio de maniobra marroquí.
La izquierda comienza a verlo. Maíllo ha reclamado una reestructuración de las relaciones estratégicas con Marruecos y ha pedido el fin de la política de apaciguamiento. IU considera que Rabat ha interpretado los gestos españoles como debilidad. Esa conclusión coincide con la de analistas de seguridad que sostienen que Marruecos actúa en una zona gris: no plantea una ocupación militar inmediata, pero mantiene una presión constante sobre las ciudades y normaliza el discurso de que algún día deben pasar a su soberanía.
El PSOE contra su propia izquierda
El PSOE de Pedro Sánchez se encuentra en una posición cada vez más incómoda. Sus socios parlamentarios exigen una política diferente y sus aliados ideológicos empiezan a reclamar firmeza. Sumar y Podemos han defendido la expulsión de Marruecos de la organización del Mundial 2030. IU pide llamar a consultas al embajador, convocar un gabinete de crisis y modificar la estrategia bilateral. La izquierda ya no acepta que los ministros del PSOE atribuyan toda la responsabilidad a las mafias mientras elogien la cooperación marroquí.
El problema es que Sánchez necesita mantener la relación con Rabat por razones migratorias, económicas y de seguridad. Marruecos controla una parte esencial de las rutas hacia España, coopera en la lucha contra el terrorismo y mantiene una relación comercial intensa con la Unión Europea. El Ejecutivo teme que una confrontación pública provoque nuevas crisis fronterizas, más presión migratoria y una ruptura de los mecanismos de devolución.
Pero el temor genera dependencia. Si España no puede denunciar un ataque de guerra híbrida porque teme que Marruecos responda con más presión, entonces Rabat dispone de una herramienta de chantaje. La cooperación deja de ser un acuerdo entre iguales y se convierte en una obligación unilateral española.
La paradoja es que el PSOE pretende presentarse como el defensor de la legalidad internacional y los derechos humanos, pero evita enfrentarse con un régimen que cuestiona la soberanía española y amenaza con suspender acuerdos judiciales. La izquierda le está reclamando coherencia. No se puede defender la acogida de migrantes y, al mismo tiempo, entregar la política exterior a la voluntad de Marruecos. No se puede condenar el uso político de las personas y después aceptar como normal que Rabat controle la frontera sin rendir cuentas.
Una respuesta contundente
La contundencia no significa romper todas las relaciones ni iniciar una escalada militar. Significa establecer límites y aplicar consecuencias. Maíllo tiene razón. España debe llamar a consultas al embajador marroquí, convocar el Consejo de Seguridad Nacional y solicitar una investigación europea sobre la crisis de Ceuta. También debe pedir a la OTAN consultas sobre la posible dimensión híbrida del ataque.
Sánchez debe revisar los acuerdos de cooperación migratoria y condicionar la financiación europea a la verificación de compromisos concretos. Debe publicar los protocolos de devolución, garantizar la protección de los menores y exigir a Rabat explicaciones sobre la salida masiva de personas. También debe suspender cualquier negociación que pueda interpretarse como una recompensa mientras Marruecos mantenga reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla.
En el plano judicial, España debe defender el cumplimiento de los acuerdos de extradición, pero sin entregar a personas cuando no existan garantías suficientes. La independencia judicial y los derechos fundamentales no son moneda de cambio. Si Rabat amenaza con suspender el acuerdo porque España aplica sus propias garantías legales, Madrid debe responder ante la Unión Europea y demostrar que la cooperación judicial no puede convertirse en una herramienta de presión política.
En el terreno económico, España y la UE tienen mucha más capacidad de la que utilizan contra Marruecos. Por mucho menos se han impuesto sanciones a otros países. El acceso al mercado europeo, los fondos, los visados, las inversiones y la cooperación energética pueden condicionarse a la conducta de Marruecos. No se trata de castigar a la población, sino de hacer que las decisiones del régimen tengan un coste diplomático real.
La advertencia de Antonio Maíllo demuestra que la preocupación por la soberanía española frente a Marruecos no pertenece solo a la derecha ni a la extrema derecha. La izquierda también ha comprendido que Ceuta y Melilla están sometidas a una presión política y estratégica creciente.
España no debe tratar, de momento, a Marruecos como un enemigo militar inminente, pero tampoco como un amigo desinteresado. Es un vecino importante, un socio necesario y un actor que mantiene objetivos territoriales sobre ciudades españolas. Esa realidad exige una política de firmeza, transparencia y reciprocidad.
La soberanía no se defiende solo pronunciando que Ceuta y Melilla son españolas. Se defiende cuando el Estado actúa como si lo creyera. Se defiende cuando no permite que la migración sea utilizada como arma, cuando no acepta amenazas sobre la extradición y cuando responde a las reclamaciones territoriales con una posición europea y atlántica coordinada.
Si el PSOE continúa presentando cada escalada de Rabat como una simple discrepancia técnica y cada amenaza como una oportunidad para intensificar la cooperación, terminará aislado incluso dentro de su propio espacio político. La izquierda ya ha empezado a señalar el peligro. Sánchez debe decidir si escucha a sus aliados o si sigue protegiendo una relación en la que Marruecos sube la apuesta y España siempre pone la otra mejilla.
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