La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional ha dejado de ser un mero contratiempo de carácter legal para transformarse en una crisis institucional de dimensiones sistémicas que amenaza con devorar a Pedro Sánchez y al sanchismo. Ante la gravedad extrema de los conclusiones de los informes de la UDEF y el goteo incesante de revelaciones, en el Palacio de la Moncloa y en la calle Ferraz han optado por ejecutar un giro estratégico de manual: dar un paso a un lado y marcar una distancia prudencial con quien fuera el principal valedor internacional y orgánico del actual presidente. Ya nadie pone la mano en el fuego por Zapatero y se ha dejado de hablar de conspiraciones de los jueces.
Aunque de cara a la galería y en las comparecencias oficiales el Gobierno y los dirigentes sanchistas se esfuerzan por escenificar una aparente normalidad, afirmando que mantiene la confianza en el expresidente, la realidad intramuros en el complejo gubernamental y en el PSOE refleja un panorama de profunda debilidad, miedo y aislamiento. Los estrategas de Moncloa han asumido que los tiempos políticos y los tiempos judiciales de la Audiencia Nacional ya no se pueden unificar en un relato de resistencia compartido; por el contrario, admiten de forma interna que ambos caminos discurren de manera paralela e inevitable, dejando toda la responsabilidad de ofrecer explicaciones públicas sobre los hombros del propio investigado.
Esta calculada ambigüedad, que oscila entre la negativa a una ruptura dramática y la total ausencia de una cobertura política activa, como se hizo con José Luis Ábalos, delata el pánico que se ha instalado en el núcleo duro del sanchismo. El mensaje oficial que apela a la prudencia y que insta a esperar a que Zapatero comparezca y se explique ante las autoridades judiciales es la constatación de que el blindaje político del partido se ha quebrado de manera irreversible. El sanchismo, una corriente que se ha caracterizado históricamente por su férrea disciplina de bloque, su audacia en la gestión de las crisis más complejas y una capacidad de resistencia numantina casi mitológica, se encuentra hoy maniatado y sin capacidad de respuesta ante un sumario del caso Plus Ultra que hiere de muerte el corazón de su legitimidad ética.
4.000 páginas que destruyen la presunción de inocencia política
El verdadero detonante de la parálisis que sufre el Partido Socialista no ha sido únicamente la decisión del juez de citar como imputado a un exjefe del Ejecutivo, un hecho ya de por sí inédito y traumático para las siglas del puño y la rosa. El elemento que ha pulverizado cualquier posibilidad de armar una defensa monolítica es la contundencia, el detalle y la solidez técnica de los informes elaborados por los agentes policiales. La investigación de la UDEF en el caso Plus Ultra, que consta ya de cerca de cuatro mil páginas distribuidas de forma minuciosa en ocho extensos tomos de investigación, dibuja un escenario penal que resulta, de momento y en espera de las explicaciones de Zapatero, indefendible para los portavoces socialistas.
Los documentos redactados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional sitúan al expresidente Zapatero en la cúspide de una presunta trama criminal perfectamente engrasada. Según la tesis del juez José Luis Calama, el exlíder socialista habría ejercido el liderazgo de una estructura descrita por los investigadores como un entramado estable, jerarquizado y con un reparto de tareas milimétrico, cuyo propósito fundamental era la obtención de ingentes beneficios económicos y comisiones a través del uso espurio de la influencia política ante diversas instancias de la administración pública del Estado.
El centro de gravedad de esta presunta red de corrupción se sitúa en la concesión discrecional y urgente de un rescate a la aerolínea Plus Ultra por valor de 53 millones de euros públicos otorgado en el año 2021. Los informes policiales sostienen que esta inyección masiva de capital estatal no respondió a criterios objetivos de viabilidad empresarial ni a la protección de sectores estratégicos reales de la economía nacional, sino que se ejecutó presuntamente a instancias y bajo la presión directa e insistente de Zapatero, quien habría utilizado su ascendencia política y su acceso directo a los despachos gubernamentales para forzar la aprobación del rescate financiero.
El impacto emocional y político de estas revelaciones dentro de las federaciones y los votantes socialistas ha sido demoledor. La incredulidad inicial de las bases ha dado paso de forma acelerada a una profunda indignación y a una convicción generalizada de culpabilidad política, independientemente de lo que acaben dictaminando los tribunales en una futura sentencia. En el imaginario popular, las sospechas iniciales se convirtieron en certezas operativas cuando el juzgado central de instrucción ordenó la ejecución de medidas cautelares de una severidad incuestionable. El bloqueo de cuentas corrientes de Zapatero por valor de casi cuatrocientos noventa mil euros personales y el registro exhaustivo de su oficina privada terminaron por demoler cualquier intento de justificación racional.
Durante la entrada y registro en las dependencias del expresidente, las fuerzas de seguridad del Estado localizaron una caja fuerte que contenía un patrimonio de difícil justificación para un servidor público retirado. El hallazgo de joyas de, supuestamente, gran valor, colecciones de relojes ha supuesto el tiro de gracia para la credibilidad de la defensa de cara a una parte cada vez mayor de la militancia y de los votantes del PSOE. Los cargos formales que pesan sobre el antiguo secretario general del PSOE (organización criminal, tráfico de influencias y falsedad) han provocado que la habitual consigna de defender una conspiración judicial para pasar a pedir el respeto a la presunción de inocencia se perciba dentro del propio partido como un eslogan vacío, un mero formalismo jurídico desprovisto de cualquier utilidad en el tablero de la alta competición política.
Felipe González y Emiliano García-Page exigen elecciones inmediatas
La gravedad de la situación judicial en la Audiencia Nacional ha acelerado un proceso de descomposición interna que llevaba meses fraguándose bajo la superficie del partido. La publicación de los detalles del sumario de la UDEF ha actuado como el catalizador necesario para que el sector crítico del socialismo tradicional dé un paso al frente y organice una ofensiva política en toda regla. Dos de los referentes más nítidos de ese sector crítico con Pedro Sánchez, el expresidente del Gobierno Felipe González y el actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han alzado la voz de manera coordinada para exigir una salida drástica a la crisis: la convocatoria inmediata de elecciones generales.
Esta exigencia de paso a las urnas no debe interpretarse como un simple desmarque coyuntural o como la habitual pataleta de la disidencia interna que ha combatido el sanchismo desde sus orígenes. Se trata, por el contrario, de una enmienda a la totalidad contra la estrategia de resistencia artificial que el entorno más próximo a Pedro Sánchez pretende desplegar desde el Palacio de la Moncloa. Tanto González como García-Page sostienen que la permanencia del partido al frente del Ejecutivo, en las actuales circunstancias de degradación institucional, representa un suicidio político a cámara lenta que triturará las bases electorales de la formación socialista durante las próximas décadas.
El argumento que manejan es tan nítido como demoledor para los intereses de Moncloa. Consideran que un Gobierno central que se encuentra bajo el chantaje permanente y diario de sus socios parlamentarios de investidura, y que simultáneamente se ve obligado a gestionar el impacto diario de las portadas de prensa que desgranan las supuestas actividades delictivas de Zapatero, carece por completo de la autoridad moral y de la estabilidad parlamentaria necesarias para dirigir los destinos de la nación. Para el sector crítico del PSOE, la pretensión de agotar una legislatura en estas condiciones de asedio judicial e impotencia legislativa constituye una irresponsabilidad de primer orden que inhabilita las siglas del partido para seguir presentándose ante la ciudadanía como una fuerza de orden, progreso y estabilidad institucional.
Sin embargo, el clamor no se da sólo entre los críticos sino que va creciendo dentro del sanchismo. Los distintos informes de la UDEF, los extractos que han salido publicados en los medios y el hecho de que sólo una minoría de medios hayan salido en defensa de Zapatero o sigan manteniendo la tesis de la conspiración judicial que ya ni siquiera Moncloa ni Ferraz mantienen, ha hecho que desde sectores sanchistas empiecen a ver que el proyecto de Pedro Sánchez está empezando a dar las últimas boqueadas.
La presión ejercida por la exigencia de adelanto electoral busca forzar una catarsis interna colectiva. Al exigir públicamente que se devuelva la palabra a los ciudadanos a través de los mecanismos constitucionales de votación, los barones y los referentes históricos críticos intentan levantar un cortafuegos que impida que el colapso penal de la figura de Zapatero arrastre consigo a todo el patrimonio histórico del socialismo español. Sin embargo, esta postura choca de frente con los planes de un Pedro Sánchez decidido a resistir a cualquier precio, lo que está ensanchando una brecha emocional e ideológica entre la dirección federal y los territorios que amenaza con provocar una fractura interna de consecuencias irreversibles en los próximos congresos de la organización.
Fin de trayecto del sanchismo
Más allá del ruido mediático y de las estrategias de comunicación diseñadas por los diferentes ministerios, la consecuencia política más profunda y duradera de este terremoto judicial es la generalización de un diagnóstico irreversible dentro del propio aparato del Partido Socialista: el proyecto político conocido como sanchismo ha llegado a su fin de trayecto. La percepción inequívoca de que nos encontramos ante un fin de ciclo histórico ya no es un análisis exclusivo de las sedes de los partidos de la oposición; esa misma convicción se ha instalado con una fuerza abrumadora en los pasillos del Congreso, en las secretarías de las federaciones autonómicas y en los despachos de numerosos cargos públicos que hasta hace escasas semanas defendían con disciplina marcial cada uno de los cambios de guion dictados por la presidencia.
El sanchismo se enfrenta en este momento a su crisis más letal porque se ha quedado súbitamente desprovisto de su principal elemento de cohesión interna: la garantía absoluta de conservar el poder institucional a toda costa. El pragmatismo que unificaba a las diferentes corrientes del partido bajo el liderazgo de Pedro Sánchez se ha disuelto ante la terca realidad de una legislatura completamente estancada y carente de un horizonte político viable. Con la imposibilidad manifiesta de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado que reflejen un proyecto de país mínimo, con los socios de investidura del PSOE (como el PNV y Coalición Canaria) incrementando de manera constante el precio de cada votación ordinaria y presionando en favor de la disolución de las Cortes, y con la sombra de la corrupción instalada de forma permanente, la parálisis que sufre el Estado es absoluta.
En este contexto de asfixia parlamentaria, el comportamiento de muchos cuadros intermedios y dirigentes territoriales del PSOE ha comenzado a cambiar de forma drástica. Se está produciendo una retirada silenciosa pero masiva de los apoyos internos con los que contaba el secretario general. Diputados, alcaldes y presidentes de diputaciones no tienen tanto entusiasmo en aparecer en fotografías públicas junto al presidente del Gobierno o defender los argumentos oficiales en sus respectivos ámbitos de influencia, sobre todo cuando falta un año para las elecciones municipales. La consigna implícita en los territorios es la de salvar las posiciones locales y provinciales, desvinculándose en la medida de lo posible de una marca federal que se percibe como altamente tóxica debido a la gravedad de los sumarios judiciales.
Las dudas que han generado los informes de la Policía sobre Zapatero no hacen más que amplificar esta desbandada interna. El expresidente, que durante los últimos años había actuado como el gran unificador de las esencias de la izquierda y como el apagafuegos oficial del sanchismo ante los sectores más críticos, se ha convertido de la noche a la mañana en un lastre insostenible. La sensación generalizada que se respira en las agrupaciones socialistas es la de que ya no vale la pena defender a un Gobierno que se encuentra en una situación de interinidad perpetua.
El gran proyecto de transformación social y de regeneración democrática que se prometió a los ciudadanos en las sucesivas contiendas electorales y en los procesos internos ha quedado reducido a un ejercicio de supervivencia estrictamente personal. El partido empieza a constatar que el coste político de mantener con respiración asistida a un Pedro Sánchez cercado por los tribunales y vaciado de contenido legislativo es infinitamente superior a los beneficios de conservar los despachos oficiales. La conclusión es tan clara como alarmante para el futuro del sanchismo: la legislatura se ha convertido en un calvario insostenible que vacía diariamente las siglas del PSOE de su contenido histórico, dejando al proyecto de Pedro Sánchez en una situación de absoluta soledad, desprovisto de relato, desprovisto de socios fiables y, lo que es aún más grave para cualquier liderazgo político, desprovisto del apoyo y la fe de sus propios militantes y dirigentes.