La crisis que atraviesa el PSOE por las denuncias de acoso sexual no se explica solo por los hechos denunciados, sino por la respuesta del partido. O, más bien, por su ritmo. La acumulación de casos, la demora en las decisiones y el repliegue orgánico han abierto una grieta interna que afecta directamente a la credibilidad de una organización que ha hecho de la igualdad uno de sus principales ejes políticos.
Las denuncias no llegaron de forma abrupta ni inesperada. Fueron apareciendo, una tras otra, en distintos niveles del partido, hasta configurar un escenario que exigía una respuesta clara y rápida. Sin embargo, la reacción ha sido lenta, fragmentada y excesivamente cautelosa, sobre todo cuando los señalados ocupaban posiciones de poder interno o institucional.
El PSOE dispone de protocolos frente al acoso. Nadie discute su existencia ni su formulación. El problema es cómo se activan y, sobre todo, cuándo. La prudencia procesal, necesaria para garantizar derechos, ha derivado en una cadena de tiempos muertos que, en la práctica, desplaza el foco desde las mujeres que denuncian hacia la protección del partido.
Mientras se analizan informes, se cruzan consultas jurídicas y se mide el impacto político, las denunciantes permanecen en una zona de indefinición que no es neutra. El tiempo, en estos casos, no es un factor técnico: es un factor de poder.
La gestión de la crisis ha puesto de manifiesto una dinámica conocida en las organizaciones políticas: cuando el problema estalla dentro, el primer impulso es contener, no reparar. Contener el daño reputacional, evitar decisiones irreversibles, ganar margen. En ese esquema, las mujeres que denuncian pasan a ocupar un lugar secundario, subordinado a la necesidad de preservar equilibrios internos.
No se trata de cuestionar garantías ni de exigir atajos. Se trata de reconocer que, cuando el denunciado es un dirigente con trayectoria, agenda y apoyos, el partido activa una lógica defensiva que no aplica con la misma intensidad en otros ámbitos. La presunción de inocencia se convierte en argumento central; la presunción de veracidad, en cambio, se diluye en procedimientos largos y silenciosos.
El mensaje que se proyecta hacia dentro es inequívoco: denunciar supone exponerse a un proceso incierto, prolongado y emocionalmente costoso.
El PSOE ha construido en los últimos años un relato sólido en materia de derechos de las mujeres. Ese recorrido hace que la crisis actual tenga una dimensión política mayor. No se juzga solo lo que ocurre, sino cómo se responde cuando ocurre dentro.
El desfase entre el discurso público y la práctica interna no se resuelve con declaraciones ni con reuniones de urgencia. Requiere asumir que el feminismo no es únicamente un programa legislativo, sino una forma concreta de ejercer el poder, también hacia dentro. Y eso incluye decidir con rapidez, comunicar con claridad y colocar a las mujeres denunciantes en el centro del proceso, no en sus márgenes.
La lentitud no es una cuestión administrativa. Es una toma de posición, consciente o no, que beneficia al statu quo y penaliza a quien denuncia.
Reducir lo que está ocurriendo a un problema de protocolos o de gestión orgánica es una forma de minimizarlo. La crisis es más profunda y afecta a la cultura política del partido, a sus reflejos internos y a su jerarquía de prioridades.
Cada demora, cada silencio, cada explicación incompleta alimenta la percepción de que el PSOE sigue teniendo dificultades para aplicar en su propia estructura los principios que defiende en el espacio público. No es una crisis coyuntural ni comunicativa. Es una crisis que interpela a la organización desde dentro y que se mide, sobre todo, en cómo escucha —y cuándo— a las mujeres que han decidido hablar.