En un momento en que la ciudadanía exige transparencia, austeridad y pluralidad informativa, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han destinado millones de euros a medios conservadores solo en los últimos cinco años. Mientras se recortan servicios públicos y se denuncia la “guerra sucia” desde la derecha mediática, los datos revelan una realidad incómoda: la publicidad institucional del PP madrileño se ha convertido en un instrumento de poder partidista, más que en una herramienta de servicio público.
Una estrategia planificada para premiar a los afines
Bajo el pretexto de campañas informativas o de divulgación institucional, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento capitalino han intensificado su política de subvención encubierta a medios ideológicamente afines, favoreciendo una red mediática que funciona como caja de resonancia de su agenda política y como muro de contención frente a las críticas.
En 2024, la Comunidad superó por primera vez el medio millón de euros de inversión pública en uno solo de estos medios, multiplicando por más de dos la cantidad que destinaba en 2020. En total, desde que Isabel Díaz Ayuso está al frente, el gasto acumulado en este tipo de medios se acerca a los 1,6 millones de euros, una cifra difícil de justificar desde la neutralidad institucional que debería guiar este tipo de contratos.
Por su parte, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida no se queda atrás. En apenas un año, ha triplicado los contratos de publicidad adjudicados a los mismos actores mediáticos, pasando de poco más de 100.000 euros en 2023 a casi 275.000 en 2024. En conjunto, el consistorio ha destinado más de 635.000 euros a estos fines en los últimos cinco años. Y lo hace, además, con una intensidad superior proporcionalmente a la de la Comunidad, pese a manejar un presupuesto cuatro veces menor.
La justificación oficial es la difusión de campañas de interés general. La realidad es que estas partidas presupuestarias funcionan como una herramienta de fidelización mediática, que permite a los gobiernos del PP tejer una narrativa cómoda y silenciar voces disidentes.
Del contrato institucional al clientelismo mediático
La utilización del dinero público para financiar contenidos propagandísticos camuflados de información objetiva no es nueva, pero con Ayuso y Almeida ha alcanzado una escala preocupante. La concentración de recursos en un puñado de medios conservadores no responde a criterios de audiencia, eficacia comunicativa o servicio ciudadano, sino a una lógica de partido: premiar a quien amplifica sus mensajes y castigar a quien los cuestiona.
Lo preocupante no es solo el volumen, sino la evolución: en 2024, el gasto conjunto de ambas administraciones en este tipo de contratos alcanzó los 780.000 euros en un solo año, el mayor desembolso desde que ambos gobiernos asumieron el poder. Todo ello en un contexto de encarecimiento de la vida, crisis habitacional, listas de espera sanitarias disparadas y protestas sociales por los recortes en educación y servicios públicos.
Mientras tanto, los mismos medios que reciben estas inyecciones millonarias denuncian ataques del Gobierno central y acusan a Pedro Sánchez de conspiraciones inverosímiles. La hipocresía es doble: se presentan como víctimas del poder mientras se alimentan del presupuesto público de los gobiernos del PP, y se quejan de “censura” mientras sus titulares coinciden punto por punto con la estrategia electoral de la derecha.
El mensaje que se lanza es nítido: quien apoya al poder madrileño será premiado, y quien lo cuestiona, ignorado. No se trata de publicidad institucional, sino de una arquitectura de influencia construida con recursos que pertenecen a toda la ciudadanía.
La verdadera pregunta no es cuánto dinero han recibido estos medios, sino qué ha dejado de financiarse mientras se regaban sus cuentas con dinero público. En lugar de reforzar escuelas públicas, centros de salud, bibliotecas o políticas de vivienda, Ayuso y Almeida han priorizado el relato, el ruido mediático y el blindaje propagandístico, invirtiendo en aliados ideológicos mientras la desigualdad crece y los servicios públicos se degradan.
Y si alguien se atreve a alzar la voz, la respuesta es previsible: más portadas incendiarias, más columnas de opinión corrosiva y más victimismo mediático. Todo con dinero de todos.