El fantasma de la extrema derecha ha dejado de habitar las márgenes de la política continental para reclamar, sin ambajes, la gestión de las cuentas públicas. En Francia, donde cada movimiento en la sede de Agrupación Nacional resuena con fuerza en Bruselas, el último movimiento de Marine Le Pen trasciende la mera coyuntura francesa.
Su promesa de salvar a la patria mediante la tijera presupuestaria, el repliegue antiinmigración y el cuestionamiento del presupuesto de la Unión Europea ofrece un dibujo nitidísimo de lo que la extrema derecha pretende ejecutar cuando el poder esté a su alcance. En España, el discurso no suena a lejano, sino que funciona como la maqueta conceptual que Santiago Abascal y Vox aspiran a trasladar al Palacio de la Moncloa.
La estrategia desplegada en París responde a una calculada operación de imagen destinada a proyectar solidez en la gestión de la economía, intentando neutralizar las sombras de improvisación que históricamente han lastrado a estas formaciones ultras. El mensaje populista ha virado de la mera proclama identitaria a la promesa de un rigor fiscal radical.
Es una metamorfosis que sigue muy de cerca la ultraderecha española, atenta a cada paso de sus socios continentales para armar un relato que combine el desmantelamiento de la estructura comunitaria con una supuesta responsabilidad macroeconómica.
El núcleo de la propuesta lepenista descansa sobre un diagnóstico catastrofista de la realidad financiera, acusando a Macron de haber sumido al país en los números rojos. Para evitar el desastre, la receta de Le Pen apela a los sospechosos habituales del ideario de la extrema derecha europea: un recorte draconiano de las aportaciones al presupuesto comunitario y una drástica reducción de la burocracia estatal. Exactamente lo que hizo Trump de la mano de Elon Musk.
La pretensión de recortar miles de millones de euros de la contribución que financia la maquinaria de Bruselas constituye una enmienda a la totalidad del modelo de integración europea. No se busca simplemente renegociar las cuotas ordinarias, sino derogar programas enteros de política exterior y ayuda a la adhesión, amenazando con paralizar la arquitectura del bloque.
Esta cruzada contra las transferencias de soberanía financiera conecta de forma directa con el programa que abandera la ultraderecha en España. La idea de recortar los fondos destinados a las instituciones comunitarias y canalizar esos recursos hacia un rígido soberanismo económico forma parte del armazón ideológico que la formación española defiende en el Parlamento Europeo.
En ambos casos, el discurso se envuelve en una supuesta defensa del contribuyente frente al gasto de las élites continentales, aunque las consecuencias de semejante desconexión supongan un choque frontal contra el marco normativo de la Unión Europea.
Los cantos de sirena de las pensiones
Sin embargo, cuando la retórica del rigor se somete al escrutinio técnico, los balances contables de la extrema derecha comienzan a agrietarse. El ambicioso plan de ahorro choca de frente con compromisos electorales altamente costosos, entre los que destaca la promesa de rebajar la edad legal de jubilación a los 62 años.
Mientras la candidatura lepenista cifra esta medida en un montante asumible mediante una profunda reorganización de la seguridad social, los análisis económicos independientes sitúan la factura real en cotas muy superiores, acusando al proyecto de incurrir en una frivolidad presupuestaria desmedida.
Ese malabarismo contable es idéntico al dilema que enfrenta el ideario ultraconservador en el ámbito nacional. La pretensión de financiar bajadas masivas de impuestos y promesas sociales mediante el recorte del gasto de la administración o la reducción de la inmigración irregular constituye una ecuación donde los números difícilmente cuadran.
Los especialistas del sector bancario y los centros de estudio coinciden en calificar de excesivamente optimistas unas previsiones que asumen ahorros desorbitados por el mero hecho de estrechar el cerco a la población extranjera o suprimir agencias estatales. A pesar de estas contradicciones, la narrativa del atajo fiscal sigue siendo la herramienta predilecta para seducir a un electorado fatigado por la presión impositiva.
Flexibilidad pragmática
Resulta revelador observar cómo el dogmatismo ideológico cede paso al pragmatismo político cuando la presión de los inversores amenaza con estrangular la deuda pública. En un gesto cargado de pragmatismo, la cúpula de la Agrupación Nacional ha dejado la puerta abierta a tolerar los presupuestos del Ejecutivo sin provocar un veto parlamentario inmediato, consciente de que los costes de financiación internacional no permiten líneas rojas absolutas en momentos de vulnerabilidad.
Es una muestra de pragmatismo coyuntural diseñada para infundir calma a los mercados sin renunciar a modificar las cuentas una vez conquistado el poder institucional.
A ello se suma la propuesta de someter a consulta popular un mecanismo de freno a la deuda, imponiendo un techo fiscal obligatorio al estilo del modelo alemán para forzar la reducción progresiva del endeudamiento público, combinado con la introducción de sistemas de capitalización en las cotizaciones de los trabajadores.
Este giro hacia fórmulas proempresariales refleja la hoja de ruta que también ansía desplegar el ultraderechismo español. Lo que hoy se escenifica en París ante la mirada atónita de los analistas continentales no es una anécdota local, sino el ensayo general del programa de gobierno con el que la extrema derecha pretende redefinir las reglas del juego en el sur de Europa.
La extrema derecha sabe, porque se lo enseñó Steve Bannon, que la política es el arte de construir relatos. Y los relatos, cuando se repiten lo suficiente, terminan pareciendo realidades, aunque sean bulos y mentiras.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.