Hay derrotas que se producen mucho antes de que se abran las urnas. Comienzan cuando una parte significativa de la sociedad deja de creer que quienes gobiernan son capaces de resolver los problemas cotidianos. No se trata necesariamente de un rechazo ideológico. Tampoco de una conversión masiva hacia posiciones políticas opuestas. Es algo más simple y más peligroso: la pérdida de confianza por la incapacidad absoluta de gestión de los asuntos que aplican directamente a la vida de las familias.
Ese fenómeno es precisamente el que empieza a observarse en amplios sectores de la sociedad española respecto a la izquierda y, particularmente, respecto al proyecto político que encabeza Pedro Sánchez.
Hay momentos en política en que la realidad tiene el mal gusto de ser exactamente lo contrario de lo que el relato oficial prometía. Junio de 2026 es, para el Gobierno de coalición, uno de esos momentos. Los médicos españoles llevan cinco semanas de huelga nacional en lo que va de año. Los profesores llevan meses de protestas encadenadas en Cataluña, Valencia, Andalucía, Cantabria, Extremadura y la práctica totalidad de las comunidades autónomas. Y el principal sindicato de funcionarios, CSIF, acaba de anunciar movilizaciones nacionales para septiembre con la posible convocatoria de una huelga de docentes de alcance estatal. El espectáculo tiene un detalle que lo hace especialmente perturbador para la izquierda gobernante: los que protestan son sus votantes naturales, sus trabajadores de cabecera, los protagonistas de sus carteles electorales y los beneficiarios nominales de todas sus políticas.
Para comprender la magnitud del problema, basta con revisar cualquier programa del PSOE, Podemos, Sumar o cualquier discurso de Pedro Sánchez, Ione Belarra o Yolanda Díaz en los últimos años. La sanidad pública y la educación pública son los dos pilares sobre los que la izquierda española ha construido su identidad política, su distinción respecto a la derecha y su razón de ser electoral. Son los servicios que hay que defender frente a los privatizadores, el territorio que no puede caer, el argumento que convierte cada elección en una cuestión de valores fundamentales. La lógica del relato es impecable: nosotros somos los que creemos en lo público; votar a la derecha es votar contra la sanidad y contra la escuela. Un mensaje claro, eficaz y políticamente rentable durante décadas.
El problema con los mensajes eficaces y políticamente rentables es que cuando la realidad los contradice, el estruendo se escucha desde lejos. Y la realidad de 2026 los está contradiciendo con una precisión que resulta casi cruel.
Cinco semanas de huelga y las negociaciones bloqueadas
La huelga médica nacional, convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto a los principales sindicatos profesionales del país, lleva activa desde febrero con una semana de paro al mes. El origen del conflicto es el borrador del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, una norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario en el Sistema Nacional de Salud, y que los médicos rechazan porque no reconoce las particularidades de su profesión.
Las demandas de los médicos en huelga no son extravagantes ni maximalistas: quieren un estatuto propio diferenciado del resto del personal sanitario, una jornada máxima de 35 horas con el exceso de jornada reconocido y retribuido, una clasificación profesional acorde a su nivel formativo y un modelo de jubilación flexible. Son, en definitiva, las condiciones laborales que los trabajadores de la sanidad pública llevan años reclamando al mismo gobierno que los pone en el centro de su discurso electoral. La respuesta del Ministerio de Sanidad ha sido, según los propios sindicatos convocantes, de una creatividad llamativa: a fecha de esta semana, la CESM espera que el ministerio retome las negociaciones porque, en sus propias palabras, actualmente "no existe diálogo activo" con la cartera. La negociación, según los sindicatos médicos, se ha desplazado al ámbito parlamentario porque el Ministerio no se ha sentado a negociar con voluntad real.
El 5 de marzo, el Ministerio de Sanidad anunció un acuerdo de diálogo con el Foro de la Profesión Médica para "mantener el canal abierto y evitar la huelga". El Comité de Huelga, formado por los sindicatos que efectivamente han convocado los paros, respondió que aquello no tenía nada que ver con ellos, que el acuerdo del ministerio era con una plataforma diferente, y que la huelga seguía adelante. Es decir: el Gobierno anunció que había resuelto un conflicto con interlocutores que no eran los que estaban en huelga. Una pirueta comunicativa de cierta audacia.
"El Gobierno de los defensores de lo público lleva meses sin sentarse a negociar con los médicos que mantienen lo público en pie. El Estatuto Marco tiene tres años de negociación y los que hacen la huelga aún no han recibido una propuesta que resuelva sus demandas estructurales."
La marea docente que no cesa
Si el conflicto sanitario es incómodo, el educativo es directamente desconcertante. Durante los últimos meses, España ha vivido una sucesión de huelgas y manifestaciones de docentes que no tiene precedentes recientes en extensión territorial: en Cataluña, meses de protestas y movilizaciones que han paralizado las principales ciudades; en Valencia, huelga indefinida de profesores de Secundaria y Bachillerato desde el 11 de mayo por una subida salarial que los sitúe en la media nacional; en Andalucía, paros hace apenas dos meses; en Castilla-La Mancha, Cantabria y Extremadura, huelgas a finales de 2025; en Madrid, huelga indefinida del sector de las escuelas infantiles de 0 a 3 años por las condiciones de un sector que califica de "precarizado". El mapa de los conflictos educativos en la España de 2026 es, a efectos prácticos, el mapa completo del país.
Las quejas de los docentes llevan años resonando con una consistencia que impresiona por su estabilidad. Falta de inversión real en educación pública (la inflación ha devorado el gasto de los últimos quince años en términos reales), ratios profesor-alumno excesivas, desigualdad del gasto por alumno entre comunidades, alta interinidad del profesorado que convierte en inestable la vida de una generación de docentes, exceso de burocracia que consume horas lectivas, escaso reconocimiento social de la figura del profesor y retribución insuficiente. Son exactamente las mismas demandas que los sindicatos llevan documentando, convocatoria tras convocatoria, sin que la situación de fondo cambie de manera apreciable.
El diagnóstico de CSIF, el principal sindicato de funcionarios es de una contundencia que no deja demasiado margen a la interpretación generosa: el sindicato ha decidido convocar movilizaciones nacionales para el inicio del curso 2026-27 "tras constatar el abandono que sufre la educación pública por parte del Gobierno y las comunidades autónomas, que se niegan a aportar los recursos materiales y humanos para seguir ofreciendo una educación de calidad". La palabra "abandono" aplicada a la educación pública la utiliza un sindicato para referirse a un Gobierno que lleva años diciéndole a sus votantes que la educación pública es lo que diferencia a la izquierda de la derecha. El contraste es, como mínimo, llamativo.
CSIF señala entre los problemas estructurales de la educación pública española la "falta de inversión real" que ha erosionado el gasto educativo en términos reales en los últimos quince años, las ratios excesivas, la alta interinidad del profesorado y la desigualdad retributiva entre comunidades autónomas. Además, advierte de que la ley de mejora de condiciones del profesorado —reducción de ratios y horario lectivo— lleva meses paralizada por "inestabilidad política y falta de apoyo del Gobierno".
El relato y la realidad
La paradoja tiene una geometría casi perfecta. Durante décadas, el discurso de la izquierda española ha funcionado sobre una ecuación sencilla: la derecha recorta, privatiza y destruye los servicios públicos; la izquierda los defiende, invierte en ellos y los cuida. Cada huelga de médicos o de profesores bajo gobiernos del PP era una demostración más de esa ecuación, la prueba empírica del relato. Los informes de los sindicatos sanitarios y educativos tenían un uso político claro: documentaban el daño que la derecha hacía a lo público y legitimaban la alternativa progresista.
Pero los informes no distinguen entre gobiernos. Los sindicatos médicos de 2026 denuncian exactamente lo mismo que denunciaban en 2012, con la diferencia de que el gobierno al que interpelan ahora no es el de Mariano Rajoy sino el de Pedro Sánchez. Los profesores que salen a la calle en Valencia, Cataluña y Andalucía en 2026 reclaman lo mismo que reclamaban cuando la derecha gobierna: más inversión, mejores salarios, menos interinidad, ratios razonables. La diferencia es que ahora las comunidades gobernadas por el PSOE o sus socios son parte del problema, no la solución que prometían ser.
En Cataluña, la huelga docente ha estado dirigida contra un Govern encabezado por Salvador Illa, del PSC, que necesitó semanas de negociación y un acuerdo de 726 millones adicionales para lograr un preacuerdo que no convence a todos los sindicatos. En la Comunidad Valenciana la huelga indefinida de profesores de Secundaria ha estallado bajo un gobierno del PP, pero las demandas apuntan a una situación salarial estructural que nadie ha querido resolver en décadas de alternancia con el PSOE. La educación pública española arrastra problemas que no son de un partido ni de un gobierno: son del sistema, y resolverlos exige algo más que carteles electorales con niños felices en aulas luminosas.
"Durante años, los informes de los sindicatos de médicos y profesores eran la prueba de los males de la derecha. En 2026, los mismos informes describen los mismos males bajo un Gobierno de coalición de izquierdas. La ecuación ya no cuadra."
El territorio que nadie quiere gobernar de verdad
La explicación más honesta de lo que está pasando no es que el Gobierno de Sánchez sea hipócrita sino que defender los servicios públicos en el discurso es infinitamente más fácil que gestionarlos en la realidad. La sanidad y la educación públicas son sistemas enormes, costosos, con décadas de subinversión acumulada, con problemas estructurales de plantilla y retribución que ningún ejecutivo ha querido afrontar de frente porque hacerlo requiere dinero, valentía política y la disposición a disgustar a alguien.
El Gobierno ha podido anunciar propuestas de reforma de la financiación autonómica con incrementos teóricos de decenas de miles de millones para sanidad y educación. Pero los médicos que hacen guardia durante semanas de tripletes en urgencias de un hospital público no ven esos anuncios en su nómina ni en su jornada laboral. Los profesores que imparten clase a treinta alumnos en un aula que debería tener veinticinco no perciben el cambio estructural en su vida cotidiana. Entre el anuncio y la condición de trabajo real hay una distancia que los sindicatos miden en paros y los pacientes en consultas canceladas.
Hay un dato que merece subrayarse con la atención que requiere: la ley de mejora de las condiciones del profesorado no universitario (la que incluye la reducción de ratios y del horario lectivo, dos de las reivindicaciones centrales de los docentes) lleva meses paralizada, según denuncia el propio CSIF, por "la inestabilidad política y la falta de apoyo del Gobierno". El Gobierno que hace de la estabilidad institucional su argumento de autoridad frente a la fragmentación parlamentaria no ha logrado avanzar en una ley que afecta directamente a las condiciones laborales de los trabajadores que más menciona en sus actos electorales. La inestabilidad que el Gobierno denuncia como amenaza exterior le está impidiendo cumplir con los trabajadores que mejor deberían representar su proyecto político.
La situación tiene perspectivas de agravarse antes de mejorar. Los médicos mantienen convocada la quinta semana de huelga del año para mediados de junio, con la CESM a la espera de que el Ministerio "retome el diálogo con voluntad real de negociación". Los profesores de secundaria de Valencia siguen en huelga indefinida. El CSIF anuncia que septiembre empezará con movilizaciones nacionales y ha lanzado un llamamiento al resto de sindicatos para articular una posible huelga nacional de docentes que inaugure el curso 2026-27. El panorama para el otoño de un Gobierno que necesita relato de gestión para contrarrestar el desgaste judicial no puede pintarse de colores optimistas.
Lo que el momento político del Gobierno de coalición revela, con esa brutalidad quirúrgica que tiene a veces la realidad, es que ocupar el espacio discursivo de la defensa de lo público no equivale a producir las condiciones laborales que ese espacio público necesita para funcionar. Los médicos y los profesores no están en huelga contra la derecha. Están en huelga porque trabajan en un sistema que, independientemente del color del gobierno que los administra, sigue sin resolver sus problemas estructurales. Y ese es, posiblemente, el argumento más incómodo que puede lanzarse a un gobierno que ha convertido la defensa de los servicios públicos en el centro de su identidad política: que los trabajadores de esos servicios públicos no sienten que alguien les defiende.
Que ese argumento lo estén poniendo sobre la mesa los propios sindicatos con sus paros, sus piquetes y sus semanas de consultas canceladas, y no la oposición parlamentaria, lo hace doblemente difícil de rebatir. A una acusación del PP, el Gobierno responde con el relato. A una huelga de médicos, le resulta más complicado encontrar la respuesta adecuada.