El Partido Popular ha decidido que la reforma de la financiación autonómica no se discute: se combate. Ante una propuesta que obliga a entrar en el terreno incómodo de los ingresos públicos, la corresponsabilidad fiscal y la suficiencia del Estado del bienestar, Alberto Núñez Feijóo ha optado por un recurso conocido: volver a dividir el país para no tener que explicar cómo se sostiene. La guerra territorial, una vez más, aparece como sustituto del debate fiscal.
La escena de Zaragoza fue elocuente. Presidentes autonómicos alineados, un documento solemne, apelaciones a la igualdad y una consigna clara: mejor ruido que números. Ni una línea sobre recaudación, ni una propuesta sobre armonización, ni un análisis del déficit estructural de los servicios públicos. Solo una idea repetida hasta la saciedad: el Gobierno “rompe España” si toca el modelo. Es una acusación eficaz. Y también profundamente funcional.
Porque hablar de financiación autonómica sin hablar de impuestos es como hablar de sanidad sin hablar de médicos. Pero el PP prefiere mantener la discusión en el terreno simbólico, donde no hay que rendir cuentas y donde cada comunidad puede sentirse agraviada sin que nadie tenga que explicar por qué bajó impuestos y luego pidió auxilio.
La igualdad como palabra comodín
Feijóo ha convertido la igualdad entre españoles en un eslogan defensivo. Suena bien, no compromete a nada y sirve para bloquear cualquier reforma que altere el statu quo. El problema es que el sistema actual ya es desigual, opaco y disfuncional. Mantenerlo congelado en nombre de la igualdad es una forma elegante de preservar las asimetrías existentes, siempre que beneficien a quien gobierna.
La paradoja es casi didáctica: los mismos territorios que más han reducido impuestos son los que más denuncian la “insolidaridad” del modelo. Se bajan ingresos por convicción ideológica y luego se reclama solidaridad como si fuera una anomalía, no una consecuencia. El agravio, así, deja de ser un problema a resolver y pasa a ser un instrumento político a explotar.
La política del bloqueo con traje de moderación
Feijóo pide “reiniciar” la reforma como quien propone apagar el ordenador para que desaparezca el problema. No es una propuesta, es una táctica. Llevar el debate al punto cero permite ganar tiempo, evitar decisiones y mantener intacto un discurso económico que se sostiene sobre una contradicción permanente: menos impuestos, más servicios, y que alguien más pague la diferencia.
La apelación a un futuro modelo “justo y transparente” dentro de un año es, en realidad, una manera de no hacer nada ahora. El PP ya gobernó con mayoría absoluta y dejó caducar el sistema. Ahora, desde la oposición, vuelve a convertir la financiación en un campo de batalla identitario. No hay sorpresa: hay método.
Un mapa para no hablar de dinero
La financiación autonómica es una discusión técnica, compleja y políticamente costosa. Exige decidir cuánto se recauda, cómo se reparte y quién asume el precio de sostener lo común. Justamente por eso la derecha prefiere hablar de territorios y no de impuestos, de banderas y no de balances, de agravios y no de cuentas.
El PP ha elegido su terreno: el del conflicto, no el de la reforma. Y mientras la política fiscal siga siendo un tabú, la guerra territorial seguirá siendo el atajo perfecto para no entrar en el fondo del asunto.