Esta semana, el Senado será escenario de una votación clave sobre la propuesta de condonación parcial de deuda a las comunidades autónomas. Una iniciativa que, más allá de su carácter no vinculante, obliga al Partido Popular a posicionarse con claridad en una cuestión que mezcla economía territorial, responsabilidad institucional y sentido común fiscal. El problema no está en los números: está en el cálculo político.
La aritmética no cuadra con el relato
El rechazo frontal del PP a la propuesta de condonación formulada por el Gobierno central no se sostiene ni desde el punto de vista financiero ni desde una mínima coherencia institucional. Son precisamente las comunidades gobernadas por el Partido Popular las que mayor beneficio obtendrían con la medida: más de 60.000 millones de euros en alivio de deuda pública. Esa es la cifra. El resto es ruido.
Mientras dirigentes autonómicos del propio PP han deslizado tímidamente su disposición a explorar la propuesta, la dirección nacional mantiene un bloqueo discursivo que huele más a bloqueo partidista que a prudencia fiscal. La desafección no responde a razones técnicas ni a un desacuerdo sobre el diagnóstico. Responde, más bien, a la lógica de la confrontación permanente. A un modelo de oposición que se especializa en negar, incluso lo que conviene.
Un federalismo selectivo y de geometría variable
El debate sobre la financiación autonómica lleva más de una década atrapado entre el aplazamiento y la crispación. La condonación parcial de deuda no lo resuelve, pero abre una vía inmediata para aliviar cargas presupuestarias que limitan la capacidad de inversión de las comunidades. No se trata de premiar a nadie. Se trata de facilitar una salida ordenada a una estructura de financiación que nació desequilibrada y se ha deteriorado aún más con el paso de los años.
El PP, que durante sus años de gobierno evitó cualquier reforma profunda del sistema, ahora prefiere instalarse en una defensa abstracta del “interés general” mientras deja colgadas a sus propias comunidades. El federalismo de salón sirve para el discurso, pero no alcanza cuando hay que decidir si los gobiernos autonómicos podrán invertir en sanidad, educación o transporte sin asfixiar sus cuentas.
El Senado como espejo
La iniciativa socialista en la Comisión General de Comunidades Autónomas no tiene efectos jurídicos directos, pero fuerza al PP a abandonar la ambigüedad y retratarse. En un espacio diseñado precisamente para el diálogo multilateral entre Estado y autonomías, la derecha deberá explicar por qué se opone a una medida que beneficia directamente a sus propios ejecutivos. Y deberá hacerlo no solo frente a los números, sino también frente a los ciudadanos que gestionan esa deuda como parte de su vida cotidiana.
No hay tecnicismo que pueda maquillar el coste político de oponerse a una solución realista y solidaria. Si los populares quieren mantener el discurso de “buenos gestores”, deberán asumir que la gestión empieza por aceptar los márgenes de lo posible y no por negarse a cualquier acuerdo que no controle Génova.
El reto de la corresponsabilidad
Lo que está en juego no es solo una condonación parcial de deuda. Es una concepción de la gobernanza territorial basada en la corresponsabilidad, no en la competencia destructiva. El nuevo sistema de financiación autonómica exige acuerdos amplios, diagnósticos comunes y voluntad de pacto. Lo contrario lleva a una parálisis que beneficia a nadie.
Mientras tanto, el PP sigue atrapado en la retórica de los agravios, cuando lo que necesita el país es una política que reparta los esfuerzos sin hipotecar el futuro. La condonación propuesta no es una solución mágica, pero puede ser un paso hacia una arquitectura más justa. Negarse a hablar de ello, o peor aún, boicotearlo desde dentro, no es oposición, es irresponsabilidad.