Alberto Núñez Feijóo viajó a Ceuta con siete propuestas y una frase destinada a sobrevivir a todas ellas. «Todos son todos», dijo al reclamar el retorno de quienes entraron irregularmente en la ciudad autónoma, incluidos los menores. La expresión tiene la eficacia de los mensajes concebidos para eliminar cualquier matiz y también su principal inconveniente cuando se pronuncia desde una formación que aspira a gobernar España. Las fronteras pueden gestionarse con firmeza; los derechos de los menores no pueden administrarse mediante un eslogan.
El Gobierno ha decidido responder precisamente por ahí. Óscar López acusó este jueves al líder del PP de haber llevado su posición migratoria hasta un punto en el que resulta difícil distinguirla de la de Vox y calificó de «vergüenza ajena» la estrategia desplegada por los populares durante la crisis ceutí. Su argumento se apoya en una idea que debería resultar bastante elemental en una democracia europea. Proteger la integridad territorial, controlar una frontera y ejecutar retornos cuando procedan es perfectamente compatible con respetar la legalidad internacional y los derechos humanos.
La discusión ha adquirido una importancia mayor porque Feijóo ya no se limita a cuestionar la velocidad o la eficacia de la actuación gubernamental. En Ceuta propuso un mando único, el reforzamiento de la frontera, una nueva política hacia Marruecos y el regreso de todas las personas que entraron irregularmente, sin excluir expresamente a los menores. El PP acompaña ese programa con un plan económico para Ceuta y Melilla dotado con 650 millones de euros durante seis años.
Es legítimo discutir cada una de esas medidas. Lo relevante políticamente es el desplazamiento del lenguaje del principal partido de la oposición. Durante años, Feijóo trató de presentarse como la expresión de una derecha institucional capaz de contener a Vox y atraer al electorado moderado. Ceuta está mostrando algo diferente. Ante la inmigración, el PP parece haber llegado a la conclusión de que competir con la extrema derecha exige asumir una parte creciente de su marco discursivo.
La frontera entre firmeza y legalidad
El caso de los menores permite observar con especial claridad esa evolución. La Comisión Europea ha reiterado este jueves que espera el retorno a Marruecos de quienes permanezcan irregularmente en Ceuta, pero ha recordado simultáneamente que España tiene el deber de garantizar la protección de los menores vulnerables y que cualquier actuación debe respetar el Derecho europeo e internacional.
La diferencia resulta decisiva. Bruselas contempla el retorno de menores, pero eso no significa que autorice una devolución automática y colectiva. La normativa exige garantías específicas, valoración individual y protección del interés superior del menor.
España conoce, además, las consecuencias jurídicas de ignorar esas garantías. Tras la crisis fronteriza de 2021 se intentó devolver de manera acelerada a centenares de menores marroquíes. Aquella actuación terminó en los tribunales. El Supremo determinó posteriormente que se habían omitido trámites esenciales para proteger sus derechos y la Audiencia Provincial de Cádiz condenó por prevaricación a dos responsables de aquellas devoluciones. El precedente convierte la rotundidad de Feijóo en algo bastante más serio que una disputa semántica sobre política migratoria.
Elma Saiz ha planteado por ello la cuestión en términos particularmente severos. La ministra sostiene que cualquier actuación debe realizarse con seguridad jurídica y situando el interés superior del menor en el centro de las decisiones. Su reproche al PP apunta precisamente a la contradicción entre exigir al Gobierno que actúe con mayor rapidez y reclamar al mismo tiempo soluciones que pueden tropezar con las garantías que el propio Estado está obligado a respetar.
Feijóo podría haber utilizado Ceuta para construir una política migratoria conservadora propia, exigente con el control fronterizo y crítica con la gestión del Ejecutivo, pero compatible con las obligaciones jurídicas españolas. Ha preferido disputar a Vox el territorio de la contundencia, incluso a costa de adelgazar los matices que separaban tradicionalmente a la derecha institucional de la extrema derecha.
Una crisis convertida en escenario político
La dureza del choque resulta todavía más llamativa cuando la situación sobre el terreno empieza a evolucionar. El Gobierno ha habilitado ya 1.800 plazas temporales y ha iniciado el traslado de personas que permanecían en la playa del Trampolín y otros asentamientos improvisados hacia espacios de acogida. Los dispositivos forman parte de una actuación coordinada con las autoridades ceutíes y entidades especializadas.
También avanza el plan para trasladar a la Península a alrededor de 500 niñas consideradas especialmente vulnerables. Juventud e Infancia sostiene que tanto el PP como el Gobierno ceutí conocían previamente ese proyecto y cifra entre 2.400 y 2.500 los menores actualmente integrados en los sistemas de protección, aunque admite que la cifra real puede ser superior.
Nada de esto obliga a presentar la gestión gubernamental como impecable. Una crisis de estas dimensiones permite discutir los tiempos de reacción, la capacidad inicial de acogida, la coordinación institucional y la relación con Marruecos. El propio Óscar López ha admitido que la coordinación con Ceuta puede mejorarse. La diferencia está entre fiscalizar una respuesta y utilizar cada dificultad para construir la imagen de un Estado ausente.
El PP ha optado también por trasladar esa batalla al Senado. Feijóo pretende acudir al Tribunal Supremo ante la negativa de varios ministros a comparecer este agosto en la Cámara Alta, pese a que siete miembros del Gobierno han solicitado comparecer extraordinariamente en el Congreso para informar sobre la crisis. La discusión ya no versa únicamente sobre si habrá explicaciones parlamentarias, sino sobre dónde deben producirse y sobre la utilización que cada partido hace de las instituciones.
Óscar López acusa al PP de emplear su mayoría absoluta en el Senado para convertir la Cámara en una prolongación de su estrategia contra el Ejecutivo. Feijóo sostiene que comparecer en el Congreso no libera a los ministros de acudir también a la Cámara Alta. Esa disputa tendrá su recorrido jurídico y parlamentario, pero revela hasta qué punto Ceuta ha terminado incorporándose a la política de confrontación total que domina la legislatura.
Hay, sin embargo, una cuestión más profunda que la batalla entre Moncloa y Génova. Durante años el PP sostuvo que Vox crecía porque la derecha tradicional no podía abandonar determinados asuntos. El riesgo aparece cuando recuperar esos asuntos significa adoptar también el lenguaje, las simplificaciones y las categorías políticas de quien pretendía contener.
Patxi López ha acusado a Feijóo de llevar al PP hacia la extrema derecha y de ofrecer ante una crisis humanitaria respuestas que considera ilegales o impracticables. El diagnóstico puede discutirse como cualquier valoración partidista, pero los hechos permiten plantear una pregunta relevante. Si ante una de las cuestiones más sensibles de la política europea la respuesta del PP termina siendo cada vez más difícil de distinguir de la de Vox, la incógnita ya no consiste en saber quién está condicionando a quién.
Ceuta está obligando a todos a definirse. Al Gobierno sobre su capacidad para gestionar una emergencia sin renunciar a las garantías legales. A Europa sobre el equilibrio entre control fronterizo y protección de la infancia. Y al Partido Popular sobre la clase de derecha que pretende representar.
Feijóo llegó a la presidencia del PP prometiendo ensanchar el partido hacia el centro. La crisis de Ceuta empieza a mostrar hasta qué punto ese centro puede estrecharse cuando Vox marca el terreno de juego.
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