El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado con claridad a las comunidades autónomas del Partido Popular por negarse a recibir a menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias. Lo ha hecho tras visitar la Oficina de Extranjería de Las Palmas, en un contexto marcado por la saturación del sistema de acogida insular y la inacción de quienes apelan a la “unidad de España” mientras rechazan repartir responsabilidades humanitarias. La resistencia del PP, materializada en alegaciones sistemáticas, no detiene la ley, pero sí revela un enfoque calculadamente insolidario ante una emergencia que exige cooperación institucional.
La legalidad no se suspende por motivos partidistas
El Gobierno central aprobó el pasado 29 de agosto un Real Decreto de contingencia migratoria que permite el traslado de menores no acompañados desde territorios fronterizos, como Canarias, Ceuta y Melilla, al resto del país. Este mecanismo, extraordinario pero legal, contempla dos vías: una ordinaria, con un plazo de hasta un año, y otra exprés para los casos más urgentes, donde se acelera el proceso de registro, evaluación y asignación territorial del menor.
En ninguno de estos procedimientos las alegaciones autonómicas suponen una suspensión del proceso. Lo ha subrayado Torres con claridad: la distribución está en marcha, los expedientes se están completando, y las alegaciones de las comunidades del PP no frenan la ejecución de una ley que responde a una obligación del Estado. Que varias comunidades populares estén presentando objeciones sistemáticas solo apunta a una cosa: la voluntad política de dificultar la acogida y sabotear la respuesta común a una situación crítica.
Este bloqueo no es técnico, ni administrativo. Es ideológico y estratégico. Forma parte de un discurso que criminaliza la migración, desprecia las normas cuando le resultan incómodas y utiliza el sufrimiento de menores vulnerables para erosionar al Ejecutivo. La paradoja es brutal: quienes exigen “orden y legalidad” como marco político, desobedecen el cumplimiento de una norma estatal que busca distribuir la carga de forma equitativa y evitar el colapso de los servicios en regiones que, como Canarias, ya se encuentran al límite.
Cuando la insolidaridad se convierte en herramienta política
La postura del Partido Popular se articula sobre una lógica de confrontación más que de gestión. Negarse a recibir menores no acompañados no es una expresión de autonomía, sino un ejercicio deliberado de insolidaridad institucional. En un país donde la descentralización implica responsabilidades compartidas, y donde los derechos fundamentales no son optativos, alegar razones políticas o técnicas para esquivar la acogida equivale a dejar a miles de niños sin respuesta, y a Canarias sin respiro.
El problema es doble. Por un lado, se agrava la saturación en el archipiélago, cuyos recursos son limitados y cuya población asume desde hace años un esfuerzo desproporcionado frente a la presión migratoria. Por otro, se consolida la idea de que algunas comunidades pueden autoexcluirse de los compromisos colectivos, sin rendir cuentas ni mostrar alternativa. Se alimenta así una desigualdad territorial que no tiene nada de constitucional, ni de justa.
El discurso del PP en materia migratoria se mueve en un equilibrio oportunista entre la ambigüedad técnica y la hostilidad retórica. Rechazan medidas humanitarias con procedimientos administrativos, pero no dudan en amplificar desde sus tribunas un relato donde los migrantes aparecen como amenaza, no como víctimas. En el caso concreto de los menores, este relato resulta especialmente irresponsable: se trata de niños, muchos de ellos solos, expuestos a situaciones extremas, y reconocidos por el derecho internacional como sujetos de protección prioritaria.