El PP que ahora tiene soluciones para todo

Alberto Núñez Feijóo habla cada vez más como quien ha recibido un país en herencia antes de haber ganado las elecciones. Tiene una solución para la vivienda, otra para los impuestos, otra para las pensiones, otra para los servicios públicos y varias para una economía que, según el relato construido por el Partido Popular, aguarda poco menos que una operación de rescate. Escuchándolo, podría pensarse que la derecha española acaba de llegar a la política nacional y dispone de la ventaja extraordinaria de no haber gobernado nunca. El problema de esa construcción es la memoria.

El Partido Popular gobernó España durante casi ocho años con Mariano Rajoy y lo hizo durante el periodo más duro de la crisis financiera y sus consecuencias. Sería intelectualmente deshonesto analizar aquella etapa sin recordar el país que recibió en 2011, con un desempleo devastador, un déficit público disparado, una crisis de deuda europea y un sistema financiero que acabaría necesitando asistencia europea. Pero reconocer aquel contexto no obliga a borrar las decisiones adoptadas para afrontarlo. Y esas decisiones existieron.

El primer Gobierno de Rajoy congeló el salario de los empleados públicos y el salario mínimo, elevó la jornada en la Administración y redujo drásticamente la reposición de personal. Meses después llegaría un ajuste mucho mayor, con la supresión de la paga extraordinaria de Navidad de los funcionarios, la reducción de prestaciones por desempleo y nuevos recortes presupuestarios y también llegaron los impuestos.

Rajoy había defendido antes de alcanzar La Moncloa que no era su intención subirlos. Pocas semanas después de tomar posesión, el Gobierno incrementó el IRPF y el IBI. En septiembre de 2012, el IVA general pasó del 18% al 21% y el reducido, del 8% al 10%. El propio presidente justificó aquellas decisiones por la magnitud del déficit encontrado en las cuentas públicas.

Conviene recordarlo ahora porque la política española posee una extraordinaria facilidad para convertir el pasado propio en una nota a pie de página y el pasado ajeno en una condena perpetua.

La austeridad tuvo destinatarios

La palabra que dominó aquellos años fue austeridad. Sonaba técnica, casi higiénica, como si reducir el gasto público fuese una operación contable sin destinatarios concretos. Pero las cifras presupuestarias terminan siempre entrando en algún lugar de la vida cotidiana.

En abril de 2012, el Gobierno anunció un ahorro superior a 10.000 millones de euros en sanidad y educación. Llegaron el copago farmacéutico para determinados colectivos, cambios en la financiación sanitaria, aumentos de tasas universitarias y restricciones presupuestarias que atravesaron buena parte de los servicios públicos. El argumento oficial era conocido y el propio Rajoy llegó a sostener que aquellas decisiones resultaban imprescindibles porque no había dinero suficiente para mantener los servicios en las condiciones existentes.

España estaba entonces sometida a una enorme presión financiera y europea. Esa circunstancia explica una parte fundamental de lo sucedido, pero explicar una política no significa convertirla en inevitable ni borrar las prioridades que contiene. Todos los gobiernos administran restricciones. Gobernar consiste precisamente en decidir dónde se coloca el coste de esas restricciones.

También resulta necesario matizar una de las consignas más repetidas sobre aquellos años. Rajoy no bajó nominalmente las pensiones al llegar al Gobierno. En 2012 fueron revalorizadas un 1%. Su Ejecutivo modificó posteriormente el sistema de actualización mediante la reforma de 2013, desligándolo de la evolución tradicional del IPC y estableciendo un nuevo índice de revalorización, una decisión que abrió durante años un intenso debate sobre la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.

Más contundentes son los números del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Los datos oficiales muestran retiradas acumuladas de 80.337 millones de euros entre 2012 y 2019, destinadas fundamentalmente a atender las obligaciones del sistema de pensiones en unos años de fuerte deterioro de sus cuentas.

Llamarlo simplemente saqueo, como hace el lenguaje de combate político, permite fabricar un cartel. Para comprender aquella etapa es más exacto decir otra cosa. La denominada hucha de las pensiones fue utilizada de manera extraordinariamente intensa porque el sistema tenía que seguir pagando prestaciones en un mercado laboral destruido por la crisis, con menos cotizantes y salarios más bajos. En 2015, el fondo ya había pasado de los 66.815 millones existentes en 2011 a 34.221 millones.

Y precisamente por eso aquella experiencia debería formar parte de cualquier discusión seria sobre las recetas económicas que hoy ofrece el PP.

Feijóo y la política sin retrovisor

Feijóo intenta construir una derecha distinta en las formas, aunque buena parte de su discurso económico descansa sobre una tradición perfectamente reconocible. Menos impuestos, reducción del gasto considerado prescindible, desregulación, incentivos a la iniciativa privada y una permanente sospecha sobre la dimensión del Estado forman parte del repertorio clásico del Partido Popular.

Nada de ello resulta ilegítimo. Lo discutible comienza cuando esas propuestas se presentan como soluciones sin coste, como si reducir impuestos no afectara a los ingresos públicos, mejorar simultáneamente todos los servicios no exigiera recursos y equilibrar las cuentas pudiera hacerse sin determinar quién soportará el ajuste. España ya hizo ese experimento.

La crisis iniciada en 2008 dejó heridas profundas antes de que Rajoy llegara al poder y ninguna lectura rigurosa puede atribuir al PP su origen. Lo que sí pertenece al balance de aquel Gobierno es la respuesta escogida desde finales de 2011. Hubo congelaciones salariales, recortes, una reforma laboral de enorme profundidad, disminución de prestaciones, ajustes en dependencia, sanidad y educación y algunas de las mayores subidas tributarias de la democracia reciente. En julio de 2012, el PP aprobó en solitario un paquete de ajuste que incluía la subida del IVA y la supresión de la paga extraordinaria de los empleados públicos.

Aquello tuvo una explicación económica y una orientación política. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.

Por eso resulta llamativo escuchar ahora a una derecha que ofrece respuestas rápidas para casi cada problema sin detenerse demasiado en explicar quién pagará las facturas. Feijóo puede discutir las políticas de Pedro Sánchez, proponer otro modelo fiscal y defender una concepción diferente del Estado del bienestar. Lo que resulta más difícil es presentarse como si el Partido Popular careciera de antecedentes con los que contrastar esas promesas.

España ha cambiado mucho desde 2012. También su economía. El empleo, los salarios, las pensiones, la estructura productiva y las propias reglas fiscales europeas pertenecen hoy a un escenario diferente. Precisamente por ello sería pobre reducir el debate a una competición nostálgica entre gobiernos.

Pero existe una pregunta que sigue siendo exactamente la misma. Cuando llegan las dificultades y las cuentas dejan de cuadrar, alguien acaba pagando. El PP de Feijóo asegura tener soluciones. Antes de preguntar cuáles son, quizá convenga preguntar quién asumiría esta vez el coste de aplicarlas.