Durante buena parte del siglo XX existía una convicción que apenas generaba discusión. Los ciudadanos podían discrepar sobre impuestos, política exterior, derechos sociales o modelo económico, pero compartían un acuerdo básico sobre los hechos que servían de punto de partida para ese debate. Los gobiernos discutían con la oposición, los periódicos mantenían líneas editoriales diferentes y las universidades defendían posiciones enfrentadas sobre numerosos asuntos. A pesar de ello, seguía vigente la idea de que existía una realidad verificable sobre la que resultaba posible construir la conversación pública.
Aquella certeza se ha ido debilitando de forma progresiva durante las últimas décadas. No porque las sociedades dispongan de menos información ni porque el acceso al conocimiento resulte más difícil. Ocurre precisamente lo contrario. Nunca fue tan sencillo consultar estudios, contrastar afirmaciones o acceder a datos que hace apenas una generación permanecían reservados a especialistas. Sin embargo, a medida que aumentaba el volumen de información disponible disminuía la capacidad de las instituciones para transformar ese conocimiento en consensos compartidos.
La cuestión trasciende el debate sobre la desinformación o sobre el impacto de las redes sociales. Lo que está en discusión afecta directamente a la forma en que funcionan las democracias contemporáneas. Una sociedad puede convivir con desacuerdos intensos acerca de las soluciones que deben aplicarse a un problema. Lo que resulta mucho más complicado es sostener durante largos periodos un espacio público donde desaparece el acuerdo básico acerca de cuáles son los hechos sobre los que debería desarrollarse la discusión.
Más información, menos confianza
Uno de los grandes supuestos de las primeras décadas de internet consistía en pensar que una ciudadanía mejor informada estaría también mejor preparada para distinguir entre hechos y manipulaciones. La lógica parecía impecable. Si el conocimiento estaba al alcance de cualquiera, las falsedades tendrían más dificultades para prosperar y el debate público debería ganar calidad pero la experiencia ha resultado bastante más complicada.
La expansión del acceso a la información ha venido acompañada de un fenómeno inesperado. Nunca resultó tan sencillo encontrar datos capaces de reforzar una convicción previa. La tecnología que prometía democratizar el conocimiento también ha facilitado la aparición de espacios informativos cerrados donde grupos distintos de ciudadanos consumen versiones radicalmente diferentes de una misma realidad.
La consecuencia se observa a diario. Lo que para unos constituye una evidencia contrastada, para otros forma parte de una manipulación interesada. Lo que unos consideran una conclusión científica, otros lo interpretan como una expresión más de determinados intereses políticos o económicos. La discusión deja entonces de girar alrededor de las soluciones y comienza a trasladarse hacia la existencia misma del problema.
Lo verdaderamente significativo no es únicamente la proliferación de errores o falsedades. Lo que caracteriza este tiempo es que una parte creciente de la ciudadanía ya no cuestiona únicamente las conclusiones. Cuestiona también la legitimidad de quienes las emiten.
La erosión de la autoridad
Sería un error atribuir esta situación exclusivamente a internet. La actual crisis de confianza en las instituciones tiene también otras raíces. Las secuelas de la crisis financiera de 2008, el aumento de determinadas desigualdades, el estancamiento de amplias capas de las clases medias y la sensación de que los beneficios de la globalización no se repartieron de manera equilibrada fueron deteriorando progresivamente la relación entre instituciones y ciudadanía. Las redes sociales amplificaron ese proceso, pero no lo crearon.
Cuando una parte de la población comienza a pensar que el sistema económico ya no responde a sus expectativas, la desconfianza rara vez se detiene en la esfera económica. Termina extendiéndose hacia gobiernos, parlamentos, medios de comunicación, universidades, organismos internacionales e incluso hacia aquellos expertos que durante décadas fueron considerados fuentes legítimas de conocimiento.
Resulta difícil comprender algunos de los grandes movimientos políticos de nuestro tiempo sin tener en cuenta este contexto. El ascenso de Donald Trump en Estados Unidos, la irrupción de Javier Milei en Argentina o el crecimiento de distintas derechas populistas europeas tienen explicaciones muy diversas, pero comparten un elemento común: todos han sabido conectar con una parte de la sociedad que percibe una creciente distancia entre las instituciones tradicionales y la realidad que experimenta en su vida cotidiana.
Su principal fortaleza no reside necesariamente en demostrar que los expertos se equivocan. Su éxito se encuentra más bien en convencer a una parte del electorado de que esos expertos forman parte de un sistema cuyos intereses ya no coinciden con los de la mayoría.
El tiempo de los expertos ya no funciona igual
Durante gran parte del siglo pasado bastaba con que una institución acumulase prestigio para que sus conclusiones disfrutasen de una presunción razonable de credibilidad. Esa situación ha cambiado de forma considerable. Hoy la autoridad necesita ser explicada, argumentada y revalidada constantemente.
No porque los expertos hayan dejado de ser necesarios, sino porque la sociedad ya no concede automáticamente el nivel de confianza que antes acompañaba a determinadas posiciones institucionales. El prestigio acumulado sigue teniendo valor, pero resulta insuficiente si no va acompañado de una percepción de cercanía, transparencia y comprensión de los problemas cotidianos y ahí aparece una de las grandes dificultades para los gobiernos democráticos y, de forma particular, para las fuerzas progresistas.
La defensa de la evidencia científica, de los datos contrastados y de las políticas públicas construidas sobre conocimiento riguroso constituye una obligación democrática. Sin embargo, la confianza ciudadana no se reconstruye exclusivamente mediante estadísticas, informes técnicos o comparecencias institucionales. También depende de la capacidad para demostrar que las instituciones comprenden las preocupaciones que afectan a la vida diaria de las personas y son capaces de ofrecer respuestas visibles a esas inquietudes. La autoridad no desaparece de repente, se erosiona gradualmente, y la recuperación de la credibilidad suele exigir mucho más esfuerzo que su pérdida.
Una cuestión que afecta al corazón de la democracia
Con frecuencia se presenta este fenómeno como una batalla entre verdad y mentira, entre hechos y emociones o entre conocimiento e ignorancia. Todas esas explicaciones contienen elementos ciertos, pero ninguna resulta suficiente por sí sola. Lo que realmente está en discusión es quién posee legitimidad para interpretar la realidad y sobre qué bases se construyen los consensos que permiten funcionar a una democracia moderna.
Las sociedades contemporáneas necesitan universidades capaces de producir conocimiento, medios rigurosos que verifiquen información, organismos independientes que elaboren estadísticas fiables e instituciones públicas capaces de transformar ese conocimiento en políticas eficaces. Sin esas herramientas resulta prácticamente imposible afrontar desafíos tan complejos como el cambio climático, la transformación tecnológica, el envejecimiento de la población o las tensiones geopolíticas que atraviesan el mundo.
Sin embargo, esas mismas instituciones deben asumir que la autoridad ya no funciona como funcionaba hace treinta años y que la credibilidad institucional ya no nace simplemente de ocupar una posición de prestigio. La confianza debe ganarse de forma permanente, especialmente en sociedades más informadas, más exigentes y también más escépticas.
Por esa razón, uno de los grandes desafíos de las democracias occidentales no consiste únicamente en combatir la desinformación. La tarea probablemente más importante pasa por reconstruir la relación de confianza entre instituciones y ciudadanía, porque de ese vínculo depende en buena medida la capacidad de las sociedades para afrontar los desafíos colectivos que marcarán las próximas décadas.
La discusión sobre los datos, los expertos o las redes sociales constituye únicamente la superficie de un problema más profundo. Bajo ella aparece una cuestión esencial para cualquier sistema democrático: la necesidad de que quienes ejercen la autoridad sean percibidos como legítimos por una mayoría suficiente de ciudadanos. Sin esa legitimidad, incluso los mejores datos terminan perdiendo capacidad para convencer. Y sin esa capacidad de persuasión resulta cada vez más difícil construir los acuerdos básicos sobre los que descansa la propia convivencia democrática.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.