La reforma de la Ley del Suelo ha dejado de ser un asunto de planos, metros cuadrados y papeleo municipal. Se ha convertido, directamente, en el polvorín ideológico de la legislatura.
Lo que en Moncloa dibujaron como la varita mágica para desatascar la falta de pisos en España ha chocado de frente con la realidad: una mayoría de investidura rota en pedazos. Aquí ya no se discute de arquitectura, sino de dogmas. Y claro, cuando la economía choca contra la trinchera política, saltan chispas.
El origen del problema es una pesadilla burocrática que cualquier alcalde conoce bien: la fragilidad de los planes urbanísticos. En el Ministerio de Vivienda están desesperados. Un fallo tonto en una coma de un folio puede tumbar en los tribunales el plan general de toda una ciudad, congelando grúas e inversiones durante una década.
Para el PSOE, arreglar esto es de puro sentido común para dar seguridad jurídica. Pero, ¡ah!, para Podemos la cosa cambia. Los morados ven en esta reforma una amnistía encubierta para los de siempre, una alfombra roja para blindar a los grandes promotores y resucitar los viejos fantasmas del pelotazo inmobiliario. Entre unos y otros, Junts mira la jugada con simpatía, eso sí, con una condición sagrada: que nadie desde Madrid le toque un milímetro de las competencias a Cataluña.
Luego está la prisa por construir y el lío de los permisos.
Pedir una licencia de obra en España se ha convertido en un vía crucis que puede durar más de un año. Meses de espera que encarecen el precio final de cada piso. Para atajar esto, el PSOE y los de Puigdemont han encontrado una sintonía insólita: sustituir el permiso previo por la "declaración responsable". Es decir, que el promotor empiece a construir bajo su responsabilidad y ya se inspeccionará después.
A la izquierda del Gobierno, la idea produce auténtica alergia. Ione Belarra y los suyos denuncian que esto es desarmar al Estado frente a los fondos buitre, dejando vía libre a aberraciones urbanísticas sin control previo. Un choque en toda regla entre quienes confían en la agilidad del mercado y quienes exigen la lupa pública antes de poner el primer ladrillo.
Y por si fuera poco, llegamos al reparto de la tierra pública.
Podemos quiere un muro infranqueable: prohibir que el suelo público se venda a manos privadas —solo concesiones temporales— y obligar a que más de la mitad de las nuevas promociones sea vivienda protegida. Sin rodeos ni letra pequeña.
Junts, en cambio, se niega en redondo a que el Estado le dicte desde Madrid cuánta VPO tiene que hacer Cataluña. Ellos prefieren mimar al constructor con rebajas de impuestos y ventajas para que se anime a poner dinero privado. ¿Y el PSOE? Pues haciendo equilibrios imposibles en el centro del escenario, intentando sumar pisos públicos con alianzas privadas sin espantar a los inversores.
El resultado es un dilema endiablado para Pedro Sánchez. Si le cede terreno a Junts para sacar la ley, Podemos le planta un portazo en la cara. Y si cede ante la izquierda, pierde de inmediato los votos catalanes sin los cuales no sale ni una sola ley en esa Cámara.
Veremos cómo acaba el pulso. Si Moncloa no logra tender un puente entre el pragmatismo del dinero y la trinchera ideológica, la ley del suelo acabará criando polvo en un cajón. Y mientras tanto, la calle seguirá buscando un techo a precios razonables.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.