Hubo un momento, el pasado 8 de junio, en que la política española pareció detenerse. El papa León XIV pronunciaba en el hemiciclo del Congreso de los Diputados el discurso más esperado de su visita apostólica a España, el primero que un pontífice dirigía jamás a la Cámara Baja, y sus palabras golpeaban directamente el núcleo del problema que aqueja a la democracia española. "La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario", sentenció el Papa ante una sala en silencio. Días antes, en el Palacio Real y ante los Reyes, ya había fijado el tono de su viaje con un alegato inequívoco: había que abandonar las narrativas divisivas y polarizantes, huir de los enfoques identitarios que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos, y apostar por lo que él llamó la cultura del encuentro. Los aplausos fueron generosos. Las sonrisas, inevitables. La duración del compromiso, vergonzante porque bastaron cuarenta y ocho horas para que la clase política española recordara que tiene otros planes.
El miércoles, cuando el Papa ya estaba en Barcelona para continuar su periplo por España, el Congreso de los Diputados volvía a su temperatura habitual: la del conflicto permanente. La jornada parlamentaria quedó marcada por la votación de una Proposición No de Ley que el Partido Popular llevaba semanas impulsando, centrada en lo que los populares denominan el «congelador de Armengol», en alusión directa a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. La acusación es grave en términos institucionales: según el PP, la Mesa del Congreso, donde el PSOE y Sumar cuentan con mayoría, habría paralizado al menos 144 iniciativas de la oposición desde el inicio de la legislatura a finales de 2023.
La diputada popular Edurne Uriarte no escatimó en dureza durante el debate. Denunció que esa mayoría progresista en la Mesa se utilizaba para bloquear sistemáticamente iniciativas de la oposición por interés partidista, y subrayó que tal comportamiento no era una excepción puntual sino, textualmente, la tónica habitual de toda la legislatura. Desde el PSOE, el diputado Artemi Rallo respondió acusando al PP de retorcer la verdad, de incurrir en mentira y manipulación, y de exhibir un nivel de hipocresía y cinismo que calificó de insufrible. La votación acabó siendo una nueva herida en las relaciones entre gobierno y oposición: el PP, Vox, UPN, PNV y Junts se alinearon contra la estrategia del PSOE y Sumar, en una alianza heterogénea que dice mucho del nivel de desconfianza institucional que impera en la Cámara.
Pero el miércoles en el Congreso deparó aún más escenas reveladoras. El propio Pleno fue escenario de una votación que el PSOE impulsaba para reformar el Reglamento de la Cámara con el objetivo de introducir sanciones económicas de hasta 2.000 euros a los diputados que sean expulsados de una sesión. La iniciativa, que partía de un incidente previo protagonizado por un diputado de Vox, obtuvo el apoyo de la izquierda y los independentistas, mientras que el PP, Vox y UPN la rechazaron. La paradoja resultó clamorosa: apenas horas después de que esa misma reforma fuera aprobada en primera lectura, un diputado de Sumar, Txema Guijarro, protagonizaba exactamente el tipo de escena que la norma pretende prevenir, subiendo al estrado del hemiciclo para encararse con la propia presidenta Armengol y con el letrado mayor tras una votación. La reforma parlamentaria para frenar los desmanes nació ya desacreditada por uno de sus propios impulsores.
La Asamblea de Madrid como campo de batalla
Si el miércoles en el Congreso mostró la polarización en su dimensión institucional, el jueves en la Asamblea de Madrid la ofreció en su versión más visceral. El Pleno madrileño debatía una Proposición No de Ley presentada por el Partido Popular para endurecer los permisos penitenciarios concedidos a miembros de ETA y exigir el cumplimiento íntegro de las condenas. La PNL la defendió Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia e hijo del fiscal Luis Portero, asesinado por la banda terrorista, quien denunció que se estaban produciendo retorcimientos de la ley en beneficio de estos presos.
Lo que siguió fue una de las escenas más tensas de la legislatura madrileña. El portavoz adjunto del PSOE, Fernando Fernández Lara, intervino para reprochar que desde la bancada popular se hubiera sugerido que las víctimas del terrorismo estaban en sus filas (la vicepresidenta de la Cámara, Ana Millán, aclaró que lo dicho era que el grupo popular contaba entre sus miembros con tres víctimas del terrorismo, entre ellas Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, y el propio Portero). Fernández Lara insistió en replicar fuera de su turno, y Ana Millán le llamó al orden hasta en cuatro ocasiones antes de ordenar su expulsión del hemiciclo conforme al reglamento.
El episodio, sin embargo, no terminó dentro del salón de plenos. Mientras se dirigía a la salida, el diputado socialista se enzarzó en un enfrentamiento verbal con el parlamentario popular Enrique Serrano en una escena de alta tensión que obligó a varios diputados socialistas a agarrar físicamente a su compañero para sacarlo de la sala y evitar que la situación fuera a más. El colofón llegó cuando un diputado de Más Madrid pidió la palabra, denunció que el debate se había ido de las manos para todos y reprochó que desde la bancada del PP se les hubiera gritado «traidores». La respuesta de la Mesa fue no permitirle continuar, y el Grupo Parlamentario Socialista abandonó el hemiciclo casi en bloque.
La arquitectura del olvido
Lo que ocurrió entre el lunes y el jueves de esta semana no es una anécdota ni una casualidad. Es, más bien, la demostración clínica de un problema estructural que el Papa diagnosticó con precisión quirúrgica y que la clase política española optó por ignorar en tiempo récord. León XIV advirtió en el Palacio Real que la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones continúa creciendo en las sociedades occidentales. Cuarenta y ocho horas después, esa tentación resultaba irresistible en los hemiciclos españoles.
La contradicción es que nadie en la política española se opone formalmente a la reconciliación ni defiende públicamente la crispación como método. Todos los grupos parlamentarios que aplaudieron al Papa comparten, en abstracto, el diagnóstico de que la polarización daña a la democracia. El problema es que cada uno de ellos considera que la polarización la genera siempre el adversario, y que la propia actitud es siempre una respuesta legítima a la provocación del otro. Es el círculo vicioso que convierte el discurso pontificio en papel mojado al cabo de dos días.
El episodio tiene además una dimensión institucional que merece atención. El Congreso debatía el miércoles una reforma de su propio reglamento disciplinario precisamente porque los niveles de conflictividad parlamentaria habían alcanzado cotas preocupantes. Que esa misma jornada se reprodujeran los comportamientos que la reforma pretende atajar, y que uno de los impulsores de la norma protagonizara un incidente en el estrado, dice mucho sobre la distancia que separa el discurso institucional de la práctica cotidiana. La Asamblea de Madrid, por su parte, ha visto cómo un debate sobre víctimas del terrorismo, un asunto que debería concitar la unidad más elemental, se convertía en campo de batalla con expulsiones, enfrentamientos físicamente contenidos y abandonos en bloque.
Lo que el Papa vio y los políticos prefieren no ver
León XIV no vino a España a hacer política de partido. Vino, entre otras cosas, a señalar algo que los propios protagonistas son incapaces de ver desde dentro: que la descalificación permanente del adversario no es una estrategia política, es una patología democrática. Su mensaje en el Congreso fue el de un observador externo que describe una enfermedad a quienes la padecen sin saberlo o sin querer admitirlo. La ovación que recibió fue real. Pero las ovaciones en política tienen una vida útil muy corta cuando chocan con los incentivos electorales, las presiones de los militantes y la lógica de la guerra de trincheras que ambos bloques han normalizado como única forma de relacionarse.
Lo sucedido esta semana en los parlamentos españoles no es el fracaso de un Papa. Es el retrato fiel de una clase política que ha convertido la confrontación en su razón de ser, que aplaude los llamamientos a la concordia con la misma convicción con que los olvida, y que regresa al combate con la naturalidad de quien vuelve a casa. El discurso de León XIV quedará en los archivos como el primero que un pontífice pronunció ante el Congreso español. Lo que no quedará, al menos de momento, es ninguna huella apreciable en el comportamiento de quienes lo escucharon.