La discusión sobre las bonificaciones fiscales a los propietarios que congelen el alquiler ha dejado de ser una discrepancia puntual entre socios de Gobierno para convertirse en una señal de alarma. La vivienda, que ya es el principal factor de desigualdad material en las grandes ciudades, ha entrado en una fase políticamente inestable: cualquier decisión, incluso las bienintencionadas, erosiona equilibrios internos, activa resistencias externas y expone los límites reales de la acción pública.
El desacuerdo entre el PSOE y Sumar no es tanto sobre un incentivo concreto como sobre el modelo de intervención. Unos confían en inducir comportamientos privados a través del IRPF; otros consideran que el Estado no puede delegar en la buena voluntad de los caseros la garantía de un derecho básico. Lo que está en juego no es una medida, sino la arquitectura de la política de vivienda en España.
Incentivar o regular: dos modelos que chocan
La propuesta socialista —bonificar al 100% a los propietarios que no suban el alquiler— responde a una lógica conocida: actuar rápido, con un instrumento centralizado, esquivando el bloqueo de las comunidades autónomas que han decidido no aplicar la ley estatal. Es una política de impacto inmediato y alcance limitado, pensada para evitar subidas a corto plazo a cerca de 1,6 millones de inquilinos que renovarán contrato en 2026.
Pero esa misma lógica explica el rechazo frontal de Sumar. Para su socio de coalición, el incentivo fiscal no solo es ineficaz, sino regresivo: dinero público para corregir un fallo del mercado sin corregir el mercado. La ironía es que la medida exige a los propietarios una responsabilidad social que el propio diseño de la política se niega a imponer. Se les invita a colaborar, pero no se les obliga a cumplir.
El choque es de manual: regulación frente a estímulo, norma frente a mercado. Y, sobre todo, derechos frente a expectativas.
El debate llega, además, en un momento especialmente delicado. España arrastra un déficit estructural de vivienda pública que ninguna legislatura ha corregido de forma sustantiva. El parque social apenas supera el 2%, frente al 9% de la media europea, y el alquiler se ha convertido en una trampa de movilidad social para amplias capas de población joven y trabajadora. En este contexto, cada gesto político se amplifica, cada matiz se convierte en línea roja.
Sumar insiste en la prórroga automática de contratos como instrumento eficaz y verificable. No es una idea nueva ni especialmente radical: se ha aplicado en otros países con resultados medibles. El problema no es técnico, sino político. La prórroga limita rentas y reduce márgenes. Y ahí el consenso se evapora.
Un Estado que duda de sí mismo
El fondo del conflicto es más incómodo: hasta dónde está dispuesto el Estado a entrar en el mercado del alquiler. El Gobierno defiende que la bonificación es un atajo necesario ante el bloqueo territorial. Sumar replica que cuando el atajo se convierte en política, el problema deja de ser coyuntural.
La tensión revela algo más profundo: el Ejecutivo navega entre dos pulsiones. Por un lado, la voluntad de proteger a los inquilinos; por otro, el temor a intervenir de forma más directa en un mercado donde la propiedad sigue siendo un valor político sensible. El resultado es una política híbrida, que intenta regular sin molestar y estimular sin garantizar.
Mientras tanto, las comunidades gobernadas por el PP observan el choque con una mezcla de distancia y ventaja. No aplican la ley, pero sí explotan sus grietas. Y la vivienda, de nuevo, queda atrapada en la geometría variable del Estado autonómico.
La grieta en la coalición no es una crisis de Gobierno, pero sí un aviso. La vivienda ha dejado de ser un capítulo sectorial para convertirse en campo de batalla ideológico, incluso dentro del propio Ejecutivo. En un país donde el alquiler devora salarios y expulsa vecinos, la ambigüedad no es neutral: es una forma de decisión.