El Partido Popular ha presentado su propuesta de gobierno empaquetada en la promesa de sanar a una supuesta "España herida". Sin embargo, tras la grandilocuencia del discurso pronunciado por Alberto Núñez Feijóo en Madrid y los lemas que apelan a reparar el Estado o recuperar la autoestima nacional, la letra pequeña de su programa electoral revela un proyecto político vertebrado por la nostalgia conservadora, la desregulación del suelo y el debilitamiento de los servicios públicos esenciales. El autoproclamado candidato de la firmeza ha desplegado un catálogo de 249 medidas que, lejos de ofrecer una respuesta moderna a las crisis complejas del siglo XXI, reedita la agenda neoliberal más clásica combinada con concesiones al marco ideológico de la extrema derecha.
Detrás del eslogan de la "Reconstrucción Nacional" late una visión del Estado punitiva y recentralizadora. Al enmarcar el momento presente como el más crítico de los últimos cincuenta años, la dirección del Partido Popular busca construir una coartada perfecta para justificar una severa disciplina presupuestaria en la administración central mientras promete rebajas fiscales selectivas a través del IRPF. La retórica que intenta distanciar al candidato del ejercicio del poder, proclamando que no aspira a ser percibido como el amo absoluto sino como un servidor público, contrasta con un programa que ataca la autonomía de las comunidades autónomas en materia educativa y de infraestructuras, diseña un plan de revisión de presencia estatal en el País Vasco, Navarra y Cataluña que presagia un repunte inevitable de la crispación territorial.
Ladrillo, la vuelta a la desregulación del suelo y el fin del control del alquiler
El pilar más desasosegante de la propuesta programática presentada por Feijóo se localiza en su política de vivienda. En plena crisis de acceso a la vivienda y con los precios de los alquileres asfixiando a millones de familias, la receta del PP pasa por liquidar de un plumazo la Ley de Vivienda, elimina el índice de precios en las zonas tensionadas y desmantela los escasos mecanismos de contención frente a la especulación. La apuesta por construir un millón de inmuebles mediante la flexibilización de la Ley del Suelo, la figura del silencio administrativo positivo en tres meses y la recalificación de suelo dotacional público para uso residencial recupera miméticamente el modelo de desarrollo descontrolado, el mismo que abocó al país a la devastadora crisis de 2008.
Esta fe ciega en el mercado libre se complementa con un tratamiento punitivo de la vulnerabilidad habitacional. Al equiparar legalmente el hurto menor con la ocupación mediante la implantación de juicios rápidos y la tramitación conjunta de delitos leves, el texto del PP criminaliza los problemas de exclusión social al tiempo que confía la solución de la vivienda a promotoras privadas e incentivos fiscales puntuales. Las rebajas del IVA en la compra de la primera vivienda para jóvenes o la exención progresiva del IRPF durante los primeros cuatro años de vida laboral funcionan como parches temporales, benefician principalmente a las rentas con capacidad de ahorro previa y descapitalizan el sistema público de ingresos sin resolver la escasa oferta de alquiler protegido.
Guiño al punitivismo migratorio de la extrema derecha
La alineación del programa del Partido Popular con los marcos del nativismo europeo queda al descubierto en la sección dedicada a la gestión de los flujos migratorios. Feijóo propone un sistema de expulsiones relámpago con identificación y devolución en un máximo de siete días para quienes crucen ilegalmente la frontera, supedita la entrada de trabajadores extranjeros a un esquema rígido de cupos anuales condicionados al desempleo y a la capacidad de los servicios públicos. Esta visión utilitarista de la población migrante, combinada con la exigencia de una nueva Ley de Nacionalidad que impone exámenes de valores constitucionales y periodos de residencia continuada más severos, asimila el discurso de la sospecha que abandera su posible socio de gobierno, esto es, la extrema derecha.
Del mismo modo, el pretendido compromiso con la regeneración democrática y la independencia de la justicia camufla un intento de blindaje institucional a medida. Aunque el programa establece vetos temporales de cinco años para que excargos políticos puedan ocupar plaza en el Tribunal Constitucional o modifica el mandato del Fiscal General del Estado, omite el historial de bloqueos que la propia formación ha ejercido sobre los órganos de gobierno del poder judicial. La exigencia de disolver las Cortes ante una segunda prórroga presupuestaria o la imposición de una auditoría interna en los primeros cien días orientada a justificar tijeretazos en el sector público revelan un diseño institucional orientado a encorsetar la acción del Estado en beneficio de la iniciativa privada.
Promesas multimillonarias frente al recorte del gasto
La contradicción más flagrante de la propuesta de Feijóo radica en la brecha insalvable entre sus promesas de gasto en infraestructuras y su compromiso simultáneo de reducir el tamaño del Estado. El anuncio de movilizar 300.000 millones de euros a quince años para autovías, transporte ferroviario de Cercanías y proyectos hídricos resulta incompatible con la promesa de recortar ministerios, suprimir altos cargos y reducir de forma drástica la recaudación fiscal. La dependencia explícita del sector privado para financiar este despliegue de infraestructuras amenaza con derivar en esquemas de peajes indirectos y concesiones opacas que terminarán repercutiendo en el bolsillo del ciudadano.
En el ámbito de las pensiones, la promesa de actualizar las prestaciones conforme al IPC y reconstruir el Pacto de Toledo se presenta desprovista de un plan de ingresos garantizado. Al renunciar a fortalecer las cotizaciones de las rentas más altas o a buscar vías de financiación complementarias mediante impuestos directos a la riqueza, el proyecto de Feijóo aboca al sistema público a un cuello de botella de sostenibilidad. Terminará justificando futuras reformas de recortes en las prestaciones.
Feijóo se enfrenta a una sentencia
La propuesta electoral con la que Alberto Núñez Feijóo concurre a las elecciones del 29 de noviembre constituye una enmienda a la totalidad al modelo del Estado social y de derecho. Tras una fachada de moderación técnica y lemas de vocación unitaria, el programa de las 249 medidas encierra una agenda de desregulación económica, desmonte de la protección del alquiler y endurecimiento en las fronteras que solo busca complacer a los mercados financieros y a las corrientes conservadoras más radicales.
El próximo 29 de noviembre, los ciudadanos no solo juzgarán la gestión del Ejecutivo saliente o las promesas de cambio de la oposición. Determinarán si España se interna en un nuevo ciclo de desregulación que prime el beneficio mercantil sobre los derechos cívicos. O si, por el contrario, exige un modelo de gobernabilidad donde la cohesión social y la defensa real y efectiva, no como ahora, de los servicios públicos continúen siendo la prioridad ineludible del Estado.
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