Vox quiere cambiar las pensiones y trasladar parte del riesgo al trabajador

Vox ha dejado por escrito que no pretende limitarse a retocar el actual sistema de pensiones. Su programa económico propone iniciar la capitalización de un fondo público con criterios de rentabilidad privada y «reconvertir el sistema de reparto en un sistema mixto», siguiendo una línea similar a la sueca. La elección del verbo no es irrelevante. El partido habla de transformar el modelo y acompaña esa transformación con una exención fiscal, sin límite cuantitativo, para las cantidades destinadas individualmente a la jubilación. Detrás de conceptos aparentemente atractivos como rentabilidad, libertad o responsabilidad personal aparece así una modificación mucho más profunda del reparto de riesgos, porque una parte de la seguridad económica durante la vejez quedaría más vinculada a la acumulación conseguida durante la vida laboral.

La evolución del propio discurso de Vox merece atención. En su programa económico de 2019 defendía impulsar un sistema mixto para quienes voluntariamente quisieran acogerse a él. En su programa económico de 2025 esa referencia a la voluntariedad desaparece y es sustituida por la propuesta de caminar hacia la reconversión del sistema de reparto en uno mixto. La diferencia entre complementar voluntariamente una pensión pública y plantear la transformación del modelo general no es semántica. Afecta al lugar que ocuparían la solidaridad colectiva, la capitalización y el riesgo individual dentro del sistema que protege a millones de pensionistas.

El modelo de Vox parte de trabajadores que no existen en igualdad de condiciones

Una carrera laboral no transcurre de la misma manera para quien ha disfrutado durante décadas de un empleo estable y bien remunerado que para quien ha encadenado temporalidad, desempleo, jornadas parciales o salarios bajos. Un trabajador que cobra 3.000 euros mensuales tampoco llega a la jubilación desde la misma posición que quien percibe 1.200, del mismo modo que tener una vivienda pagada a los 60 años proporciona una seguridad económica incomparable con la de quien continúa destinando una parte considerable de sus ingresos al alquiler. Cualquier reforma que otorgue mayor protagonismo a la acumulación individual tiene que enfrentarse a esa realidad antes de presentar la responsabilidad personal como si todos los trabajadores dispusieran de las mismas posibilidades.

Los datos del Banco de España confirman que la distribución de los activos financieros está estrechamente relacionada con la posición económica de los hogares y que el peso de determinados productos financieros aumenta con la renta y la riqueza. No existe, por tanto, ese trabajador abstracto que puede elegir libremente cuánto patrimonio construye para su jubilación al margen del salario que cobra, de sus gastos de vivienda, de sus periodos de desempleo o de las responsabilidades familiares que haya soportado. El problema de la propuesta de Vox aparece precisamente cuando la teoría de la elección individual se encuentra con una sociedad profundamente desigual.

El riesgo no desaparece, cambia de bolsillo

El actual sistema de reparto español afronta problemas conocidos. El envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la evolución de la relación entre cotizantes y pensionistas obligan a discutir cómo garantizar ingresos suficientes durante las próximas décadas. Vox utiliza precisamente la sostenibilidad como argumento para defender cambios estructurales en las pensiones, una preocupación legítima que también forma parte del debate económico y del Pacto de Toledo. El desacuerdo aparece en la solución elegida y en quién terminaría soportando una parte mayor de la incertidumbre.

La capitalización tampoco convierte el futuro en previsible. Introduce el rendimiento de las inversiones, los ciclos económicos, los costes de gestión y las comisiones dentro de la ecuación de la jubilación. Un estudio publicado en marzo por el Banco de España concluye que, en promedio, los fondos de pensiones individuales españoles no proporcionan rentabilidades ajustadas al riesgo positivas una vez descontadas las comisiones, aunque sí encuentra resultados positivos antes de ellas y diferencias vinculadas a la gestión. Presentar la capitalización únicamente como una oportunidad para obtener rentabilidad significa contar solo una parte de la historia. El riesgo no desaparece porque deje de administrarlo exclusivamente el sistema público. Cambia de lugar y puede terminar más cerca del bolsillo del trabajador.

Una ventaja fiscal sin límite que no vale lo mismo para todos

La propuesta fiscal de Vox hace todavía más visible esa diferencia. El partido plantea eximir de impuestos todo el ahorro personal orientado a la jubilación, sin límite cuantitativo, condicionado a su cobro después de retirarse. La norma podría estar formalmente abierta a todos, pero su aprovechamiento no sería igual para todos porque la capacidad de realizar aportaciones elevadas depende inevitablemente de la renta disponible. Un trabajador que reserva una cantidad pequeña y otro que puede destinar decenas de miles de euros no obtendrían la misma dimensión de beneficio de una exención que carece de techo.

Vox propone utilizar el sistema fiscal para incentivar sin límite una conducta cuya posibilidad aumenta precisamente con la capacidad económica. No significa que todos los trabajadores con rentas elevadas vayan a utilizar el incentivo ni permite calcular su efecto final sin conocer el desarrollo de la reforma, pero sí obliga a preguntarse por qué una ventaja destinada a preparar la jubilación carecería de un límite que evitase concentrar una parte desproporcionada de sus beneficios en quienes pueden realizar las mayores aportaciones. El programa enuncia la exención, pero no ofrece esa respuesta.

Suecia no puede convertirse en una coartada de tres líneas

Vox invoca el modelo sueco para explicar hacia dónde quiere dirigir las pensiones españolas, pero la comparación necesita bastante más precisión. Citar Suecia no responde por sí mismo a qué parte de las cotizaciones continuaría financiando el reparto, cuál se destinaría a capitalización, quién gestionaría los recursos, qué garantías existirían frente a pérdidas, cómo se protegerían las carreras laborales interrumpidas o qué mecanismos compensarían a quienes llegasen a la jubilación con derechos insuficientes.

Existe además una cuestión que debería ocupar el centro de cualquier propuesta seria de transformación del sistema. Si una parte de las cotizaciones que actualmente financian las prestaciones de los pensionistas empieza a dirigirse hacia mecanismos capitalizados, hay que explicar cómo se paga la transición entre ambos modelos. Las pensiones actuales no dejan de abonarse durante ese proceso y los derechos ya generados tampoco desaparecen. El programa económico de Vox fija la dirección, pero no desarrolla en esas medidas el coste de transición ni concreta toda la arquitectura del modelo resultante. En una reforma que afectaría a uno de los principales pilares del Estado social, esas ausencias no son detalles para especialistas. Son precisamente la información necesaria para conocer el alcance real de lo que se propone.

La desigualdad también se jubila

La cuestión adquiere todavía mayor importancia cuando se incorporan las carreras laborales más vulnerables. Quien ha pasado temporadas en desempleo, quien ha trabajado durante años con salarios bajos o quien redujo su jornada para atender responsabilidades familiares puede llegar en peores condiciones a cualquier sistema que conceda mayor relevancia a la acumulación. Las interrupciones profesionales relacionadas con los cuidados tampoco se distribuyen de manera uniforme, de modo que una transformación de las pensiones no puede analizarse únicamente mediante promedios de rentabilidad o simulaciones financieras.

Vox presenta su reforma dentro de un discurso que combina sostenibilidad, propiedad y libertad individual, pero una pensión pública cumple precisamente una función que el mercado y el patrimonio personal no pueden garantizar por sí solos, proteger también a quien llega a la vejez después de una vida laboral económicamente débil. Convertir progresivamente una parte de esa protección en una cuestión más vinculada a la capitalización obliga a explicar qué mecanismos impedirán que las diferencias acumuladas durante cuarenta años terminen cristalizando en jubilaciones todavía más desiguales.

El debate, por tanto, no enfrenta simplemente un sistema antiguo con otro moderno ni puede resolverse apelando a Suecia como garantía suficiente. Afecta a una decisión mucho más concreta sobre cuánto riesgo conserva la colectividad y cuánto se desplaza hacia cada trabajador. Vox propone transformar el sistema de reparto, incentivar sin límite cuantitativo las aportaciones destinadas a la jubilación y avanzar hacia la capitalización, pero deja sin desarrollar en su programa cuestiones decisivas sobre la transición y las garantías del modelo resultante. Antes de presentar ese camino como respuesta a los problemas de sostenibilidad, falta explicar qué ocurre con quienes llegan a la jubilación después de décadas de salarios modestos, precariedad o interrupciones laborales. Si una reforma amplifica esas diferencias, la desigualdad no termina con la última nómina, se convierte también en parte de la pensión.