La maquinaria de propaganda de la Moncloa y del sanchismo ha convertido las cifras de afiliación a la Seguridad Social en su principal trinchera política. Sin embargo, los relatos épicos de la factoría gubernamental suelen tener las piernas muy cortas cuando chocan de frente con la cruda frialdad de la estadística oficial. El último informe de Contabilidad Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística ha venido a certificar lo que muchos analistas e institutos de investigación económica venían advirtiendo en privado: el mercado laboral español sufre una preocupante distorsión interna donde se crean más puestos de trabajo que nunca, pero se trabaja menos que antes. La euforia de los 22 millones de afiliados resulta ser un gigante con pies de barro, un decorado de cartón piedra que enmascara una economía cada vez más fragmentada y menos eficiente.
La confirmación de la ralentización del PIB al 0,6% en el primer trimestre del año es solo el síntoma superficial de una enfermedad mucho más profunda. Si bien es cierto que el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo creció un 0,8% respecto al cierre del año anterior, alcanzando los 21,1 millones, los datos ocultan un truco de magia contable. Mientras el Ejecutivo saca pecho por el volumen bruto de trabajadores incorporados al sistema, las horas trabajadas cayeron un 1,5%, marcando el mayor retroceso registrado desde los primeros compases de 2025. El resultado de esta ecuación es tan paradójico como alarmante: España necesita repartir el mismo volumen de actividad, o incluso menos, entre un número mucho mayor de personas, lo que desinfla directamente la productividad por puesto de trabajo, que ha sufrido una caída del 0,2%.
Este preocupante fenómeno de atomización del empleo no es un accidente geográfico en las gráficas, sino una tendencia estructural que erosiona el tejido productivo. El análisis pormenorizado que realizan centros de estudios independientes como el Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo, elaborado conjuntamente por Fedea y BBVA Research, arroja una luz cegadora sobre los motivos reales de esta desconexión entre afiliados y horas efectivas de producción. Desde finales de 2019, la jornada laboral media en España ha experimentado un tijeretazo del 2,6%. Este declive no responde a una modernización de los procesos productivos o a un pacto social por la conciliación, sino a una disfunción masiva del sistema: el incremento exponencial de la población ocupada que, por una razón u otra, no acude a trabajar.
El absentismo se ha convertido en el verdadero motor invisible de las estadísticas de Moncloa. Al examinar los datos puros del mercado laboral según la EPA, se descubre que durante el primer trimestre del año más de 2,2 millones de empleados no pisaron su puesto de trabajo. La mitad exacta de este contingente se ausentó por encontrarse en situación de baja médica por incapacidad temporal, un problema que según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral se ha enquistado en las 8,4 horas mensuales por trabajador, la cifra más alta de toda la serie histórica. El resto se amparó en el disfrute de vacaciones o permisos retribuidos. En términos políticos, esto significa que el Gobierno computa como éxitos de ocupación lo que en la práctica son puestos de trabajo inactivos que cargan el coste sobre las cuentas públicas y la competitividad empresarial.
La radiografía por sectores económicos termina de pulverizar los discursos optimistas de los ministerios económicos. El crecimiento del empleo es puramente cosmético y se concentra de forma exclusiva en actividades de bajo valor añadido, principalmente en el sector servicios y en una construcción que, paradójicamente, vive su propia paradoja de parálisis habitacional. Mientras que los puestos equivalentes a tiempo completo subieron en el comercio, el transporte y la hostelería, la industria —el verdadero pulmón de los salarios estables y de la innovación tecnológica— sufrió un severo varapalo con una caída del empleo industrial del 3,1%.
La contradicción sectorial se vuelve dramática al analizar el rendimiento del tiempo efectivo de trabajo. El desplome de las horas de producción fue generalizado y demoledor en todos los grandes motores económicos del país, con contracciones del 5% en la agricultura, un 1,7% en la industria y un 1,4% en el sector servicios. El dato más demoledor se localiza en los sectores que teóricamente deberían liderar el cambio de modelo productivo hacia la digitalización: en las ramas de información y comunicaciones las horas trabajadas cayeron un 8,2%. España, por tanto, está sustituyendo horas de alta cualificación por empleos fragmentados en actividades estacionales.
El contraste entre el triunfalismo oficial de la Moncloa y la realidad del tejido empresarial pone de manifiesto que el Ejecutivo ha preferido el efectismo de las portadas de prensa a la sostenibilidad a largo plazo. Al forzar la maquinaria para inflar el número de contratos mediante reformas estadísticas, lo único que se ha conseguido es trocear el empleo existente. El espejismo económico de Sánchez descansa sobre la base de que un afiliado a la Seguridad Social equivale automáticamente a riqueza real, ignorando de manera deliberada que si ese afiliado trabaja menos horas y produce menos por cada jornada, el país se empobrece colectivamente. El diagnóstico que ofrece el INE no deja lugar a la épica partidista: España está repartiendo el trabajo, no creándolo, un camino directo hacia la pérdida de competitividad en el escenario internacional.