En política hay palabras que se repiten cuando no se quiere decir lo evidente. En Génova 13 la consigna es “calma”, “sosiego”, “tranquilidad”. Traducido: ahora no toca cerrar nada con Vox porque hay elecciones en Castilla y León, pero después habrá que entenderse. El Partido Popular no rompe con la ultraderecha; la pospone.
La dirección nacional del PP ha decidido enfriar cualquier pacto con Vox en Extremadura hasta que pase la cita del 15 de marzo en Castilla y León. La investidura de María Guardiola el 3 de marzo nacerá sin los votos de la formación de Santiago Abascal. En público, los populares apelan a la estabilidad y piden discreción. En privado, admiten que el calendario electoral condiciona cada gesto.
No es una novedad estratégica. Desde 2023, el PP ha practicado una geometría variable con Vox: distancia retórica en campaña, aproximación aritmética tras las urnas. Lo que cambia es el contexto. Feijóo necesita blindar la campaña de Alfonso Fernández Mañueco y evitar que las disputas con la extrema derecha contaminen el mensaje de gestión. La prioridad no es Extremadura; es la fotografía del 15 de marzo.
La estabilidad como argumento y como excusa
El PP invoca la necesidad de gobiernos estables, pero su margen depende de un socio que condiciona políticas y marca agenda.
La dirección popular insiste en que una repetición electoral no beneficiaría a nadie y confía en una “ventana de oportunidad” en primavera. La expresión es reveladora: no se trata de si pactar, sino de cuándo hacerlo sin coste inmediato. El propio Feijóo ha deslizado que los votantes podrían castigar a quien impida formar gobierno. El mensaje va dirigido a Vox, pero también prepara el terreno por si el bloqueo termina en nuevas elecciones.
El problema para el PP es que la negociación con Vox no es solo programática; es simbólica. Guardiola protagonizó campañas duras contra la formación de Abascal y ahora afirma que quiere que sea su socio. La política tiene memoria corta, pero las hemerotecas funcionan. La apelación a la “discreción” suena más a corrección de daños que a convicción institucional.
En el Congreso, el PP ha respaldado iniciativas de Vox —como la proposición para prohibir el burka en espacios públicos— en un gesto de acercamiento. No es un apoyo aislado; es una señal. La estrategia consiste en demostrar que hay terreno común sin escenificar una coalición inmediata. Se negocia mientras se niega que se negocia.
La cuestión no es solo la suma parlamentaria, sino el desplazamiento del marco político. Cada pacto autonómico con Vox normaliza una agenda que incluye retrocesos en igualdad, migración o memoria democrática. El PP sostiene que puede modular esas posiciones desde dentro; la experiencia reciente muestra que la influencia suele ser bidireccional.
Vox, por su parte, sitúa la responsabilidad en el tejado popular y no descarta forzar una repetición electoral. Abascal ha dejado caer incluso la posibilidad de reclamar la salida de Guardiola. Es una presión calculada: tensionar al socio potencial para obtener mayor cuota de poder.
Génova sabe que la aritmética es tozuda. Sin Vox, no hay mayoría alternativa en varias comunidades. Con Vox, el coste reputacional crece en el electorado moderado que Feijóo aspira a conquistar. El equilibrio es inestable.
En febrero de 2026, el PP juega a ganar tiempo. Habla de estabilidad mientras depende de quien la condiciona. Pide sosiego mientras prepara la negociación. Y confía en que la primavera ofrezca una “ventana de oportunidad” que no altere demasiado el relato.
La política, al final, no siempre es cuestión de principios. A veces es cuestión de calendario.