El país de las emergencias permanentes

España ha aprendido durante demasiado tiempo a conjugar las catástrofes en pasado. Después del incendio llegaban las hectáreas quemadas, después de la inundación el recuento de los daños y después de cada episodio extremo la promesa de que habría que estar mejor preparados para el siguiente. Había una cierta comodidad en considerar cada desastre una anomalía, una interrupción dolorosa de la normalidad que tarde o temprano regresaría. El problema es que la normalidad empieza a parecerse demasiado a una sucesión de excepciones.

Este verano ofrece suficientes imágenes para comprenderlo. El incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca, ha afectado a unas 17.500 hectáreas y ha dejado un perímetro próximo a los cien kilómetros. El de Niebla, en Huelva, ha alcanzado una dimensión todavía mayor, con alrededor de 38.000 hectáreas afectadas después de nueve días de combate contra las llamas. A finales de julio, los incendios habían arrasado ya más de 152.000 hectáreas en España, seis veces la superficie quemada en el mismo periodo del año anterior.

Las cifras impresionan, pero empiezan también a resultar inquietantemente familiares. Carreteras cortadas, pueblos evacuados, vecinos que abandonan sus casas con unos minutos de margen, efectivos desplazados desde otros territorios, medios aéreos, Protección Civil, bomberos forestales y la Unidad Militar de Emergencias. El país ha desarrollado incluso una gramática propia para la catástrofe.

Y esa familiaridad debería preocuparnos más que sorprendernos.

Porque España no se enfrenta únicamente a más emergencias. Se enfrenta a la posibilidad de que la emergencia se convierta en una de las condiciones habituales de gobierno.

Un Estado pensado para otra normalidad

Las administraciones modernas fueron diseñadas fundamentalmente para gestionar lo previsible. Escuelas que abren cada septiembre, hospitales que atienden durante todo el año, carreteras que necesitan mantenimiento, pensiones que deben pagarse cada mes, servicios sociales, transporte, seguridad, abastecimiento. La política ordena recursos escasos alrededor de necesidades que, con mayor o menor precisión, pueden anticiparse.

Una emergencia rompe esa lógica. Exige movilizar en horas lo que normalmente se organiza durante meses, coordinar administraciones diferentes, desplazar personal y recursos, tomar decisiones con información incompleta y asumir que un error puede tener consecuencias irreversibles.

Lo extraordinario siempre ha formado parte de las obligaciones del Estado. Lo novedoso es su frecuencia.

El propio Ministerio del Interior decidió este año adelantar al 1 de junio la campaña estatal contra los incendios forestales, por segundo año consecutivo, ante el riesgo de episodios graves. El dispositivo moviliza capacidades estatales que van desde la UME hasta medios del Ministerio para la Transición Ecológica, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil y otros organismos.

También la meteorología obliga a revisar las referencias conocidas. AEMET considera muy alta la probabilidad de que la temperatura media entre agosto y octubre se sitúe en el tercil cálido en toda España respecto al periodo de referencia 1991-2020.

El cambio no consiste simplemente en tener veranos más calurosos. Consiste en administrar un país donde determinados riesgos aparecen con mayor frecuencia, duran más y exigen una capacidad pública de respuesta mucho más sofisticada. Eso transforma silenciosamente la política.

Durante décadas, una parte considerable del debate occidental estuvo dedicada al tamaño del Estado. Había que discutir cuánto debía recaudar, hasta dónde podía intervenir, qué servicios podía prestar mejor el mercado y qué estructuras públicas resultaban prescindibles. Fue una discusión legítima y en algunos momentos necesaria. Las emergencias están introduciendo otra pregunta. No cuánto Estado queremos, sino cuánto Estado necesitamos cuando todo falla a la vez.

Cuando nadie pide menos Estado

Hay algo revelador en cada gran catástrofe. Cuando las llamas se aproximan a una población, desaparecen algunas de las abstracciones con las que acostumbramos a discutir sobre lo público.

Nadie pregunta entonces si sobran bomberos. Nadie considera excesivo disponer de medios aéreos preparados para actuar. Nadie reclama menos Protección Civil cuando hay que evacuar un municipio ni cuestiona la utilidad de la UME cuando cientos de efectivos trabajan durante días sobre un incendio que ha desbordado los recursos ordinarios.

En una emergencia, el Estado deja de ser una abstracción fiscal y adquiere nombres concretos.

Es el agente que corta una carretera antes de que llegue el fuego. La persona que organiza una evacuación. El sanitario que atiende a quien no puede abandonar su vivienda por sus propios medios. El técnico que interpreta un modelo meteorológico. El bombero que entra donde los demás están saliendo.

No significa que toda respuesta pública sea eficaz ni que las administraciones estén exentas de errores. Precisamente porque su intervención resulta decisiva, deben rendir cuentas cuando fallan. Pero hay una diferencia sustancial entre discutir cómo mejorar el Estado y sostener que su debilitamiento constituye por sí mismo una virtud.

Los acontecimientos extremos están resolviendo esa discusión de una manera bastante menos teórica.

Y España tiene una dificultad añadida. Su arquitectura territorial distribuye las competencias entre distintos niveles de gobierno. La prevención y extinción de incendios corresponde esencialmente a las comunidades autónomas, pero cuando la magnitud de una emergencia aumenta aparecen medios estatales, fuerzas de seguridad, Protección Civil, UME, diputaciones y ayuntamientos.

Esa pluralidad puede ser una fortaleza si existe coordinación. Puede convertirse en un problema cuando la preocupación por determinar quién tiene la competencia sustituye a la urgencia por resolver la emergencia.

El ciudadano que contempla cómo el fuego se aproxima a su casa tiene un interés bastante limitado por el organigrama administrativo. Espera que el Estado, entendido en su sentido más amplio, funcione.

La política del clima ya está aquí

Durante años, el cambio climático ocupó en la conversación pública un territorio extraño. Se sabía que existía, los científicos advertían de sus consecuencias y los gobiernos aprobaban planes de mitigación, pero buena parte de sus efectos continuaban imaginándose en futuro, y ese futuro se ha ido acercando.

No es científicamente riguroso atribuir un incendio concreto al cambio climático. Los incendios tienen causas diversas y muchos comienzan por acción humana, accidental o intencionada. Otra cosa distinta son las condiciones ambientales que favorecen su propagación y dificultan su extinción.

El aumento de las temperaturas, las sequías, la baja humedad y los episodios meteorológicos extremos modifican el escenario en el que trabajan los servicios de emergencia. La cuestión política relevante no consiste, por tanto, en utilizar cada catástrofe como confirmación apresurada de una tesis, sino en preparar el país para un riesgo que la ciencia lleva años describiendo.

Ahí aparece una diferencia fundamental entre gestionar una emergencia y gobernar una época de emergencias. Lo primero exige apagar el fuego, lo segundo obliga a preguntarse por los montes antes de que ardan, por el abandono rural, por las infraestructuras, por la planificación urbanística, por la disponibilidad de agua, por las condiciones laborales de quienes combaten los incendios, por los sistemas de alerta y por la capacidad de coordinación entre administraciones.

La política climática empieza mucho antes de que aparezca la primera llama.

Y probablemente ahí se encuentre una de las grandes discusiones públicas de los próximos años. No en decidir si las administraciones deben intervenir, algo que cada catástrofe resuelve por sí misma, sino en determinar cuánto estamos dispuestos a invertir para evitar que su intervención llegue siempre cuando el daño ya está hecho. Prepararse también es gobernar.

España ha demostrado en numerosas ocasiones una considerable capacidad de respuesta ante situaciones extraordinarias. La existencia de la UME, el desarrollo del sistema de Protección Civil, los servicios autonómicos de emergencias y una red pública capaz de movilizar miles de profesionales permiten afrontar episodios que hace décadas habrían encontrado un país mucho menos preparado. Pero el desafío está cambiando de escala.

Si los acontecimientos extremos dejan de ser excepcionales, la prevención tendrá que adquirir el mismo peso político que hoy reservamos a la respuesta. Y eso exige algo particularmente difícil en una democracia sometida a ciclos electorales cortos: gastar dinero ahora para evitar una catástrofe que quizá no llegue a producirse durante el mandato de quien adopta la decisión.

Limpiar un monte no inaugura nada. Reforzar una plantilla de emergencias ofrece pocas fotografías. Mejorar un sistema de alerta difícilmente encabeza un informativo. Adaptar infraestructuras al calor extremo puede tardar años en ofrecer resultados visibles. Hasta que ocurre algo, entonces descubrimos que la política también estaba allí, en todo aquello que se hizo antes y en todo aquello que se dejó para después.

Tal vez esa sea la transformación más profunda que están provocando estos veranos. La seguridad de un país empieza a medirse también por su capacidad para anticipar lo que antes consideraba excepcional.

Durante mucho tiempo entendimos una emergencia como aquello que interrumpía la vida normal. El desafío de los próximos años será bastante más complejo: construir una normalidad capaz de resistir las emergencias.

Porque un país preparado no es el que consigue movilizarse cuando todo empieza a arder. Es el que ha trabajado antes para que, cuando llegue el fuego, quede algo más que improvisar.