Óscar Puente ha introducido una lectura política en la crisis de Ceuta que va más allá de la gestión migratoria. El ministro de Transportes sostiene que el endurecimiento del discurso de Juan Jesús Vivas, que ha concedido al Gobierno un plazo de 30 días para recuperar la normalidad, guarda relación con la estrategia de oposición de Alberto Núñez Feijóo. La expresión elegida por Puente ha sido deliberadamente áspera. A su juicio, el presidente ceutí está siendo "contaminado" por el líder nacional de su partido.
La palabra puede discutirse. El diagnóstico político resulta bastante más difícil de despachar. Vivas había mantenido hasta ahora una posición singular dentro del PP. Gobernante de una ciudad cuya estabilidad depende de la cooperación permanente con el Estado, conoce mejor que muchos dirigentes nacionales la distancia existente entre la retórica sobre inmigración y la administración cotidiana de una frontera especialmente compleja. Su tono durante las primeras semanas de la crisis fue más institucional que el empleado desde Génova. Este lunes, sin embargo, acusó al Ejecutivo de una "pasividad casi absoluta", reclamó recuperar la normalidad en un máximo de 30 días y anunció que, si no obtiene una respuesta satisfactoria, acudirá a las instituciones europeas y a los tribunales.
Puente interpreta ese desplazamiento como el resultado de la presión política ejercida por Feijóo sobre uno de sus principales barones. Y su argumento merece ser examinado porque la evolución del discurso de Vivas coincide con el intento del PP de convertir Ceuta en uno de los grandes asuntos de desgaste del Gobierno al final del verano.
Eso no significa que el presidente ceutí carezca de razones para exigir soluciones. Las tiene. La dimensión de lo ocurrido el 30 y 31 de julio fue extraordinaria, varios miles de personas continúan en la ciudad y la capacidad asistencial ha quedado sometida a una presión excepcional. El Gobierno ha anunciado cuatro dispositivos temporales con 1.500 nuevas plazas y siete ministros han solicitado comparecer ante el Congreso para explicar la respuesta ofrecida desde sus respectivos departamentos.
Una democracia adulta debería poder sostener simultáneamente dos ideas. Ceuta tiene derecho a exigir una respuesta rápida del Estado y la existencia de dificultades graves no demuestra que el Estado permanezca ausente.
Una crisis demasiado compleja para un eslogan
Puente acierta especialmente al rechazar las explicaciones monocausales. El ministro no sostiene que Marruecos organizase deliberadamente la entrada masiva y considera que confluyeron diferentes factores sociales, jurídicos y fronterizos hasta producir un fenómeno que acabó desbordando la capacidad de respuesta. Mantiene además la posición del Ejecutivo sobre Rabat como socio imprescindible para controlar una frontera cuya gestión efectiva requiere cooperación a ambos lados.
Los acontecimientos de los últimos días aportan un dato relevante a esa tesis. Ante las convocatorias difundidas en redes sociales para intentar una nueva entrada masiva el 15 de agosto, España reforzó su dispositivo y Marruecos desplegó un amplio operativo preventivo que impidió que se reprodujera el episodio de finales de julio. La cooperación fronteriza, por tanto, no pertenece únicamente al lenguaje diplomático. Está teniendo consecuencias concretas sobre el terreno.
Eso tampoco obliga a España a practicar una diplomacia ingenua. La relación con Marruecos contiene intereses convergentes, desacuerdos profundos y una asimetría geográfica imposible de ignorar. Precisamente por ello, gobernar consiste en administrar esa complejidad sin convertir cada tensión en una exhibición patriótica destinada al consumo interior.
Puente lo ha expresado desde otro ángulo al reafirmar la españolidad de Ceuta y Melilla y recordar que ambas ciudades forman parte de España desde antes de la constitución del actual Estado marroquí. Su argumento central es que la soberanía se protege mejor mediante una relación estable con el vecino que mediante una escalada verbal que puede resultar rentable en Madrid y desastrosa en la frontera y es aquí aparece el verdadero desacuerdo con la estrategia de Feijóo.
El líder del PP necesita presentar la crisis como demostración de una pérdida de autoridad del Gobierno. Para hacerlo debe convertir una situación extraordinariamente compleja en una secuencia política bastante sencilla. Hay caos porque el Ejecutivo no gobierna, Marruecos presiona porque España es débil y Ceuta permanece abandonada porque Sánchez no responde. Es un relato eficaz precisamente porque elimina casi todo aquello que dificulta el relato.
Los datos ofrecen una fotografía menos cómoda para esa simplificación. España ha reforzado los efectivos de seguridad, Marruecos ha intervenido para impedir nuevas entradas, se están habilitando recursos extraordinarios de acogida y varios ministros han pasado por Ceuta o comparecerán ante el Congreso. Puede discutirse si las medidas llegaron con suficiente rapidez o si son suficientes. Lo que resulta mucho más difícil es sostener seriamente que no existe respuesta estatal alguna.
Vivas entre Ceuta y Génova
La posición de Juan Vivas merece además una consideración específica. Gobernar Ceuta obliga a practicar una política bastante distinta de la que permite una tribuna nacional. El presidente autonómico necesita reclamar recursos a Madrid, preservar la convivencia de una sociedad plural, mantener abiertos los canales con Marruecos y responder ante una población que ha soportado una situación excepcional. Feijóo tiene otra obligación política, disputar el poder a Pedro Sánchez.
Esas dos necesidades pueden coincidir, pero no siempre lo hacen.
Por eso la acusación de Puente resulta políticamente significativa. Lo que el ministro reprocha a Feijóo es convertir una crisis que exige cooperación institucional en otra oportunidad para ordenar a todo el PP alrededor de una estrategia de confrontación permanente. Vivas puede exigir mucho más al Gobierno sin necesidad de adoptar el marco político de Génova. De hecho, durante años ha sido precisamente esa autonomía discursiva la que le permitió mantener una interlocución razonable con gobiernos de distinto signo.
La crisis todavía está lejos de cerrarse. Según los últimos datos de Interior, las llegadas irregulares a Ceuta por vía terrestre habían aumentado un 191,1% hasta el 15 de agosto respecto al mismo periodo de 2025, sin incluir el episodio extraordinario de finales de julio. Al mismo tiempo, el conjunto de entradas irregulares en España ha descendido un 9,4% y la ruta canaria registra una caída cercana al 60%. La geografía migratoria está cambiando y exige algo bastante más sofisticado que proclamar un fracaso general de la política española de fronteras.
Ese es probablemente el fondo de la intervención de Puente. Ceuta necesita recursos, seguridad, alojamiento, procedimientos jurídicos ágiles y cooperación internacional. También necesita que la política española comprenda que una frontera no puede gestionarse como una tertulia.
Feijóo puede obtener rédito inmediato endureciendo el discurso de su partido. El Gobierno está obligado a resolver problemas mucho menos agradecidos que una frase de oposición. Y Juan Vivas, que conoce Ceuta mejor que cualquiera de los dirigentes que estos días hablan sobre ella desde Madrid, tendrá que decidir hasta dónde quiere acompañar esa estrategia.
Porque una cosa es elevar la exigencia ante el Gobierno y otra permitir que la urgencia de Ceuta termine subordinada a las necesidades políticas de Génova.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.