En Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei celebró su primera victoria legislativa de 2026: la reforma laboral más drástica de los últimos 50 años. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso probablemente tomó nota. Su admiración explícita por los modelos de Donald Trump y Milei no se limita a la estética del liderazgo. Es una visión de país. Una que combina el individualismo económico extremo con un relato político de rebeldía contra el Estado y contra “las élites progresistas” que, según esa narrativa, frenan la prosperidad de los ciudadanos comunes.
La ultraderecha liberal que se abre paso en Iberoamérica comparte un mismo impulso: redefinir los límites del Estado social y reorganizar las lealtades políticas en torno al “mérito” y la “libertad”. La agenda laboral aprobada en Argentina actúa como laboratorio de una revolución conservadora que podría inspirar a futuros gobiernos europeos.
Reforma, protesta y fractura
Por 42 votos a favor y 30 en contra, el Senado argentino aprobó un proyecto que abarata despidos, amplía jornadas de 12 horas y debilita los convenios colectivos. Su objetivo declarado: frenar la informalidad laboral, hoy cercana al 43%, y reducir litigios laborales. Pero el costo humano es evidente. La oposición denuncia una precarización estructural que subsidia a las empresas con fondos antes destinados a la seguridad social.
El propio Milei celebró el paso como el comienzo de una “nueva era de libertad laboral”. En las calles, sin embargo, las protestas dejaron más de 15 heridos y 30 detenidos. Esa tensión entre discurso libertario y represión física expresa una paradoja central: el neoliberalismo no avanza sin una musculatura autoritaria que imponga sus reformas a una mayoría social reacia a perder derechos.
La reforma laboral de Javier Milei no es solo un ajuste técnico, es un cambio de modelo de sociedad que apunta a convertir al trabajador en un sujeto casi desprovisto de poder y derechos efectivos. Si se proyecta ese esquema sobre la alianza ideológica entre Milei, Trump y Ayuso, el horizonte que se dibuja se parece menos a una economía moderna y más a un régimen de vasallaje laboral donde la libertad se invoca para justificar la semiesclavitud de la clase trabajadora.
La reforma aprobada en el Senado argentino extiende la jornada laboral de 8 a 12 horas diarias, introduciendo un sistema de “banco de horas” que permite compensar las horas extra no con salario, sino con tiempo libre pactado, lo que abarata el coste del trabajo sin un incremento proporcional del sueldo del empleado. Además, fragmenta las vacaciones, que dejan de concentrarse en un periodo protegido y pasan a poder fraccionarse a lo largo del año, rompiendo uno de los pocos espacios de descanso prolongado garantizado para los trabajadores.
El proyecto habilita que los salarios se paguen en cualquier moneda o incluso en especie (comida, alojamiento), una puerta abierta a relaciones laborales profundamente asimétricas donde el empleador decide el formato del sustento. También introduce el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que sustituye la lógica de la indemnización clásica por despido por un sistema privado de capitalización alimentado con aportes empresariales, reduciendo el coste inmediato de despedir y desfinanciando en parte el sistema público de pensiones.
En materia de conflictividad, la reforma debilita el poder sindical, priorizando los acuerdos dentro de cada empresa frente a los convenios colectivos sectoriales, y limita el derecho de huelga al ampliar los sectores considerados “esenciales” o “trascendentales”, que deben garantizar entre el 50% y el 75% de servicios mínimos. Al mismo tiempo, endurece las sanciones por protestas y permite que las empresas fraccionen en varias cuotas el pago de condenas judiciales laborales, diluyendo el efecto disuasorio de la justicia.
La protección en caso de enfermedad o accidente no laboral también se reduce: el trabajador puede ver su salario recortado al 50% o al 75% durante unos meses, dependiendo de si tiene personas a cargo, trasladando al individuo el riesgo de situaciones de vulnerabilidad que antes eran amortiguadas por el sistema. El resultado agregado es un mercado donde el empresario gana flexibilidad y el trabajador pierde capacidad real de negociación, seguridad y tiempo de vida disponible.
Retorno hacia el trabajador vasallo
Si se observa el conjunto, la reforma de Milei dibuja un trabajador que trabaja más horas, con menos protección, menor capacidad de protesta y mayor inseguridad frente al despido, la enfermedad y la vejez. El término “modernización” funciona como envoltorio retórico de un retorno a relaciones laborales más propias de la primera mitad del siglo XX que de una democracia avanzada.
La figura del FAL, al abaratar el despido, erosiona una de las pocas palancas que equilibraban la relación entre capital y trabajo. Cuando despedir es barato, la amenaza de la sustitución constante se convierte en un mecanismo de disciplina cotidiana: el trabajador acepta jornadas extensas, pagos en especie o renuncias salariales por miedo a perderlo todo. Algo similar ocurre con la limitación del derecho de huelga: si no se puede paralizar de verdad un sector, la huelga se convierte en gesto simbólico, no en herramienta de poder real.
En ese contexto, el paso de una ciudadanía laboral con derechos a un súbdito económico es sutil pero decisivo. El individuo sigue siendo formalmente libre, pero su margen material de elección (negociar, enfermar, cuidar, descansar, cambiar de empleo) se estrecha hasta rozar la dependencia estructural del empleador. Ese es el núcleo del vasallaje moderno: no hace falta abolir las leyes laborales, basta con vaciarlas de contenido hasta que el contrato se parezca más a un pacto de supervivencia que a un acuerdo entre iguales.
Trump, Milei, Ayuso: una misma gramática
En Estados Unidos, el trumpismo ha impulsado rebajas fiscales selectivas, desregulación y un clima favorable a los despidos masivos en grandes empresas, con más de un millón de recortes de empleo anunciados en 2025, niveles comparables a la Gran Recesión. Aunque los marcos legales son distintos, la lógica es análoga: abaratar el trabajo y reforzar el poder empresarial bajo la retórica de la competitividad y la libertad económica.
Ayuso, por su parte, se reivindica política y simbólicamente en la órbita de Trump y Milei, defendiendo un ideal de “libertad” que pasa prioritariamente por rebajar impuestos, reducir regulación y confrontar con sindicatos y servicios públicos. Trasladado a la escala de un gobierno estatal, ese ideario podría traducirse en reformas que imiten la arquitectura mileísta: mayor flexibilización laboral, debilitamiento de la negociación colectiva, privatización o semi‑privatización de pilares del Estado social y uso del discurso anti‑“burocracia” para justificar recortes de derechos laborales.
En los tres casos, la narrativa se repite: el trabajador con derechos se presenta como un obstáculo a la inversión; la protección social se caricaturiza como privilegio; y el empresario aparece como héroe productivo al que hay que liberar de “trabas”. El paso siguiente, lógico en esa gramática, es la aceptación social de un nuevo contrato laboral donde la estabilidad ya no es un derecho razonable sino un lujo excepcional.
Capitalismo de semiesclavitud
Llamar “semiesclavitud” a este modelo no es una hipérbole literaria, sino una descripción de la tendencia: más horas, menos salario relativo, menor protección frente al despido, más riesgo individual y menos capacidad de resistencia colectiva. Cuando los salarios pueden pagarse en especie, el despido resulta barato, la huelga está restringida y la enfermedad se castiga con recortes, el trabajador se aproxima a la condición de dependiente total del empleador para sostener su vida cotidiana.
El peligro de un eje Trump–Milei–Ayuso no reside solo en su retórica incendiaria, sino en su capacidad para normalizar jurídicamente esa dependencia, envolviéndola en palabras como “flexibilidad”, “modernización” o “libertad”. El verdadero debate, entonces, no es si estas reformas crean empleo, sino qué tipo de sociedad crean: una en la que la mayoría trabaja mucho, decide poco y vive con miedo a perderlo todo. Es, en términos históricos, la antesala de un nuevo vasallaje.
El laboratorio de la derecha ayusista
Isabel Díaz Ayuso ha construido su liderazgo regional sobre un relato de liberalismo emocional: la idea de que menos impuestos equivalen a libertad moral, y que la prosperidad depende de que el Estado “no moleste”. En un eventual Gobierno nacional de Ayuso, esa retórica podría transformarse en programa económico inspirado en Milei: reducción drástica del gasto público, incluidas las pensiones, flexibilización del mercado laboral, privatización parcial de servicios y confrontación con sindicatos y funcionarios públicos.
Como Milei, Ayuso reivindica el empresarialismo como valor cívico. Sus discursos repiten el mismo esquema narrativo: el contribuyente asfixiado por burócratas, la épica de la eficiencia privada y el ataque constante a los “chiringuitos ideológicos”. La traducción española de esa política sería, ante todo, una reforma estructural del Estado autonómico encaminada a recentralizar competencias y desmantelar regulaciones bajo la bandera de la competitividad.
Trump, Milei y Ayuso: el triángulo del nuevo populismo ultra
La conexión entre los tres liderazgos no es solo estética: es cultural y económica. El trumpismo y el mileísmo comparten la aspiración de liberar el mercado del control político tradicional, pero utilizan el populismo para legitimarse. En ese sentido, Ayuso representa una versión madrileña de esa misma pulsión, pero adaptada a la institucionalidad europea: menos ruptura violenta, más desgaste administrativo progresivo.
Las políticas de Milei, como la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), recuerdan proyectos que sectores de la derecha española ya han tanteado, como la capitalización individual de las pensiones o la vinculación del despido a cuentas personales. Esa lógica, de implantarse, supondría un traslado masivo del riesgo económico desde el Estado hacia el ciudadano.
Los nuevos límites de la “libertad”
La palabra libertad, eje tanto del mileísmo como del ayusismo, es hoy uno de los términos más disputados de la política contemporánea. En nombre de esa libertad se redujo la jornada de derechos laborales en Argentina y se reivindica en Madrid el “derecho a pagar menos impuestos”. La estrategia consiste en transformar la desigualdad en virtud y en asociar justicia social con paternalismo ineficaz.