La humillación acumulativa de lidiar con Estados que dificultan la vida cotidiana innecesariamente se ha convertido en un motor político tan poderoso como la inflación o la migración. Mientras los analistas tradicionales buscan explicar la oleada de voto antisistema que sacude democracias consolidadas y emergentes, una dimensión más sutil pero profundamente visceral escapa a sus diagnósticos: la experiencia cotidiana del ciudadano frente a un poder que le arrebata su dignidad.
En el Reino Unido, los conservadores se derrumbaron tras años en el poder. En Argentina, los votantes impulsaron a Javier Milei, un candidato que se postuló contra la propia clase política. En Francia, el descontento antisistema continúa transformando la política partidista. En Estados Unidos, la desconfianza hacia las instituciones sigue siendo un hecho político fundamental. Incluso en Japón, la clase dirigente que durante mucho tiempo dominó el poder se ha enfrentado a una creciente frustración electoral.
Lo que une estos fenómenos aparentemente dispares no es solo la economía o la polarización mediática, sino algo más profundo y menos medible: la relación visceral que los ciudadanos establecen con el Estado en su día a día.
Los ciudadanos no se relacionan con el Estado principalmente a través de constituciones, discursos oficiales o cumbres internacionales. Se relacionan con él a través de oficinas de visados, ventanillas de expedición de licencias, portales tributarios, agencias de asistencia social, controles policiales, aduanas, departamentos de facturación de hospitales y sitios web que colapsan en el peor momento. Es en esos pequeños espacios donde el gobierno tiene la oportunidad de respetar la dignidad ciudadana o de arrebatarla.
Esa distinción conlleva consecuencias políticas de primera magnitud. Un proceso difícil no genera automáticamente ira. Las personas toleran las molestias cuando las reglas parecen justas y las responsabilidades compartidas. Lo que les cuesta tolerar es el desprecio: el formulario que falta y nadie menciona, la negación sin explicación, la fila que nunca avanza mientras los vinculados acceden por puertas laterales, el pago que llega tarde, el funcionario que trata la confusión como un defecto de carácter.
El análisis de esta dinámica revela una distinción crucial que a menudo se pasa por alto. La corrupción y el desprecio suelen ir de la mano, pero operan de forma diferente. La corrupción generalmente implica una transacción: un pago, un favor, una conexión que manipula las reglas. El desprecio no requiere ningún intercambio. Se manifiesta en un encogimiento de hombros, una negación inexplicable, un proceso que pierde el tiempo simplemente porque puede.
Uno es un abuso de poder para obtener un beneficio. El otro es un abuso de poder para ostentar. Pero para el ciudadano que lo sufre, la distinción importa menos que el mensaje que ambos transmiten: las reglas no están hechas para ti. Con el tiempo, ese mensaje cala igual de fuerte, ya sea que venga acompañado de un precio o de una sonrisa burlona.
Esta dinámica ha manifestado sus efectos en sistemas políticos muy diversos. En el Reino Unido, el escándalo de Horizon puso al descubierto cómo cientos de subdirectores de correos fueron procesados injustamente tras un fallo informático que generó falsos déficits contables. Muchos perdieron sus negocios, ahorros y reputación antes de que el escándalo recibiera la atención nacional. Lo que indignó a la opinión pública no fue solo el fallo técnico, sino una institución que insistía en que la gente común mentía mientras se acumulaban las pruebas de que el propio sistema estaba averiado.
En Estados Unidos, los sistemas de desempleo implementados durante la pandemia en varios estados dejaron a los solicitantes atrapados en portales bloqueados, bucles de verificación de identidad y colas interminables en los centros de atención telefónica, justo cuando las familias enfrentaban una grave crisis económica. Muchos ciudadanos no lo percibieron como una sobrecarga normal, sino como un abandono.
En algunas zonas de Latinoamérica, los ciudadanos aún se enfrentan a sistemas documentales, oficinas municipales y entornos policiales donde la demora, la arbitrariedad, la corrupción menor o las conexiones personales pueden tener más peso que las normas establecidas. En estos contextos, la corrupción deja de ser un indicador abstracto de gobernanza para convertirse en una lección diaria sobre quién tiene poder y quién no.
Este fenómeno ayuda a explicar por qué la retórica antisistema tiene tanta acogida en democracias de todo el mundo. Muchos votantes quizás no sigan de cerca la política de los bancos centrales ni el diseño constitucional. Sin embargo, sí recuerdan las demoras en las reclamaciones, los sistemas fallidos, las negaciones inexplicables y los meses de espera por decisiones que nadie justificaba.
Los politólogos suelen describir la legitimidad en términos institucionales generales. Sin embargo, la legitimidad también se forja o se destruye en los encuentros cotidianos. Un ciudadano que se siente constantemente tratado como sospechoso, una molestia o una presa difícilmente defenderá «el sistema» cuando los demagogos lo ataquen.
Esta dinámica genera un peligroso círculo vicioso. Cuando el procedimiento formal se convierte en símbolo de humillación, la transgresión de las normas puede llegar a parecer justicia. Los ciudadanos pueden apoyar a líderes que desprecian los tribunales, se burlan de los funcionarios públicos o ignoran los procedimientos porque estos procedimientos se han vuelto sinónimo de falta de respeto. La erosión democrática puede surgir de este sentimiento mucho antes de que se manifieste como una crisis constitucional.